Escrito por Pau Llop Franch Miércoles, 05 de Diciembre de 2007 16:17
Cultivos extensivos de soja transgénica en campos del Santa Cruz (vista aérea)
'¿Qué pasa con Evo?' es una serie de reportajes sobre el conflicto en Bolivia desde el terreno
La constitución que el Gobierno intentará aprobar para que se vote en referéndum prohíbe los latifundios y sectores del MAS quieren que se consideren como tales extensiones superiores a las 10.000 hectáreas
SANTA CRUZ DE LA SIERRA (Bolivia) // Las medidas de presión
sobre el Gobierno de Evo para que invalide el proceso constituyente por el que
se aprobó en grande la Constitución Política del Estado el pasado 23 de
noviembre en Sucre aumentan. Si hace dos días informábamos del inicio de la
huelga de hambre masiva en Santa Cruz de la Sierra, ayer se sumaron decenas de
huelguistas más en los departamentos de Tarija, Beni y Pando. El líder del
Comité Cívico de Santa Cruz, el empresario y terrateniente Branko Marinkovic se
sumará hoy al ayuno y también lo hará el prefecto Rubén Costas cuando regrese
de EE UU, donde se encuentra para "denunciar ante la OEA el autoritarismo
del Gobierno".
Constitución: "Se prohíbe el latifundio (...) Se entiende por latifundio (...)
la propiedad que sobrepasa la superficie máxima establecida en la ley"
El mismo texto prevé revertir los derechos de uso de esas tierras y "pasarlas a dominio del pueblo boliviano"
Muchos empresarios de cultivos extensivos como la soja poseen extensiones superiores
Por su parte, el Gobierno anunció ayer que iniciará un proceso penal contra los
prefectos y cívicos del bloque denominado la 'media luna', por "los
delitos de desobediencia civil, desacato y por propiciar autonomías de
facto", en palabras del Vicepresidente Álvaro García Linera. Linera los
acusó de estar asesorados por Gonzalo Sánchez de Lozada.
Mientras Linera hace de 'policía malo' del Gobierno, Evo Morales se reserva el
papel del 'bueno'. Hoy mismo aseguró: "Quiero decirles a los prefectos que
no me desprecien, que no me odien y que no tomen actitud de carácter político.
Los convoco a trabajar para toda Bolivia", informa la Agencia Boliviana de
Información.
En medio de toda esta lucha, hay que escarbar un poco para ir encontrando
claves. Si cogemos el caballo de batalla -la nueva constitución política del
estado- de toda esta agria disputa entre oficialismo (Gobierno del MAS) y
oposición (Prefecturas departamentales que quieren ser comunidades autónomas y
los poderosos comités cívicos liderados por grandes empresarios), veremos que
hay varios artículos que, cuanto menos, pueden ser buenos iniciadores para una
reflexión que conduzca a un mínimo entendimiento de este polvorín de intereses
y altaneras declaraciones políticas que vive Bolivia. Hoy nos centraremos en un
tema capital: la tierra.
El capítulo cuarto de esta constitución que el MAS quiere aprobar
definitivamente para su referéndum el 14 de diciembre se consagra por entero a
'Los recursos del Estado y su distribución'. Trata el Medio Ambiente, los
Recursos Naturales, los Hidrocarburos (que analizaremos en otro artículo por su
interés), la minería y la metalurgia, los recursos hídricos, la energía, la
amazonía, los recursos forestales y, en el capítulo octavo, encontramos la
tierra y el territorio. Esto es lo que dice el párrafo primero del artículo
396:
"Se prohíbe el latifundio por ser contrario al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra (...) la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en el sistema laboral; o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima establecida en la ley".
Sobre esa última oración parece galopar en buena parte de su recorrido,
no en todo, el caballo de batalla que es en sí misma la constitución entera. En
la preparación de la constituyente definitiva del próximo día 14, el MAS está
haciendo sus cábalas respecto a la situación que le permita aprobar el texto
llevándolo a referéndum sin tener que contar con los dos tercios de aprobación
de los constituyentes, cosa difícil de conseguir teniendo en cuenta que la
oposición se niega, por ahora, a acudir ese día a la Asamblea a votar
"mientras no se respete la vigencia de las leyes actuales en la aprobación
de la nueva Constitución", en palabras del diputado Gamal Serham, del
opositor PODEMOS.
Una de las cuestiones que seguramente se llevarán a consulta popular será precisamente la relativa a la extensión de propiedades agrarias. El asambleísta del MAS Carlos Romero asegura que esa delimitación deberá obedecer "a estudios técnicos, de cumplimiento de la Función Económico-Social y no a criterios políticos". Sin embargo, reconoce que hay importantes sectores del MAS y sus aliados que reclaman que ese límite se establezca en 10.000 hectáreas, según informa Pablo Ortiz en 'El Deber'.
Muchos de los empresarios de cultivos extensivos, como lo es el de la soja, y que en su mayoría residen en el oriente del país, 'rebelde' al Gobierno, y que son parte de los promotores de las autonomías departamentales, poseen más de esas hectáreas.
El artículo siguiente al anteriormente visto, el 397, determina que "(...) la tenencia latifundista de la tierra será causa de reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano".
Anteriores:
¿Qué pasa con Evo? Santa Cruz inicia su huelga de hambre en un ambiente cada vez más radicalizado
¿Qué pasa con Evo? Las siete medidas del Presidente para poner fin al neoliberalismo en 2008
¿Qué pasa con Evo? La guerra en el taxi
¿Qué pasa con Evo? Hambre por hambre
¿Qué pasa con Evo? La Bolivia de las autonomías
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Una de las cuestiones que seguramente se llevarán a consulta popular será precisamente la relativa a la extensión de propiedades agrarias. El asambleísta del MAS Carlos Romero asegura que esa delimitación deberá obedecer "a estudios técnicos, de cumplimiento de la Función Económico-Social y no a criterios políticos". Sin embargo, reconoce que hay importantes sectores del MAS y sus aliados que reclaman que ese límite se establezca en 10.000 hectáreas, según informa Pablo Ortiz en 'El Deber'.
Muchos de los empresarios de cultivos extensivos, como lo es el de la soja, y que en su mayoría residen en el oriente del país, 'rebelde' al Gobierno, y que son parte de los promotores de las autonomías departamentales, poseen más de esas hectáreas.
El artículo siguiente al anteriormente visto, el 397, determina que "(...) la tenencia latifundista de la tierra será causa de reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano".
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