Miércoles 28 de septiembre de 2016,
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Balance de la libertad de información durante las elecciones del 14 de marzo

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El Gobierno colombiano restringió la libertad de información durante las pasadas elecciones parlamentarias del 14 de marzo. Según el decreto 671 de 2010, los medios de comunicación solamente podrían transmitir información de orden público previamente confirmada por fuentes oficiales

Este artículo es una síntesis del seguimiento a la denuncia sobre censura presentada por el grupo ‘Derecho ciudadano a la información’, concluyendo que esta restricción afecta gravemente la democracia en Colombia y prende las alarmas frente a la próxima elección presidencial que se realizará en mayo.

El 25 de febrero de 2010 el grupo ‘Derecho Ciudadano a la Información’ solicitó al Ministerio del Interior que, en el desarrollo normativo sobre orden público durante las jornadas electorales del 14 de marzo y 30 de mayo de 2010, se respetara el derecho a la libertad de información, omitiendo en los decretos correspondientes la prohibición de información sobre orden público que no haya sido confirmada por fuentes oficiales, por ser esta medida una restricción injustificada a la libertad de información, constitutiva de censura previa.

Esta solicitud, cuya copia se envió a distintas organizaciones defensoras de la libertad de prensa, se presentó fundamentándose en normas nacionales e internacionales de protección a la libertad de expresión y en jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana [1].

El 10 de marzo, el ‘Equipo Nizkor’ denunció en su artículo ‘El Gobierno Uribe impone la censura durante las elecciones del 14 de marzo‘ la obstrucción a la libre información sobre orden público junto con otras medidas relativas a los resultados electorales [2].

Esta restricción afecta gravemente la democracia en Colombia y prende las alarmas frente a la próxima elección presidencial que se realizará en mayo

El 12 de marzo, la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER, publicó una síntesis de la normatividad sobre el cubrimiento de las elecciones de 2010. Al mencionar la restricción a la información sobre orden público, la organización periodística colombiana señaló que “resulta sospechoso y sin una clara – razón suficiente – que se limite la consulta de diversas fuentes” [3].

El 19 de marzo, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) publicó su ‘Informe sobre libertad de prensa en el proceso electoral legislativo 2010‘. El objetivo del informe – señala la Flip – es recopilar aquellos casos de ataques contra la prensa que tuvieron relación directa con el cubrimiento del proceso electoral, desde el momento en que se autorizó legalmente a los candidatos al Congreso de la República a hacer campaña.

En el apartado sobre obstrucciones al trabajo periodístico, en referencia al decreto 671 de 2010, señala este informe que “el Gobierno se está tomando atribuciones para limitar derechos fundamentales a través de un decreto reglamentario, cuando en reiteradas ocasiones la jurisprudencia nacional e internacional han dicho que esto solo se puede hacer a través de una ley, y en este caso, no existe ninguna norma legal en materia electoral que así lo permita” (…).

En relación al tema denunciado oportunamente por ‘Derecho Ciudadano a la Información’ afirma la FLIP que “También es una medida que censura previamente la libertad y autonomía que tienen los periodistas para contrastar información con distintas fuentes, bajo su propio criterio. Esta norma exige que solamente los periodistas publiquen la información que confirman los organismos del Estado, desconociendo la libertad e independencia profesional que tienen todos los reporteros de consultar las fuentes que crean pertinentes y que es protegida por el artículo 73 de la Constitución”.

Es una medida que censura previamente la libertad y autonomía que tienen los periodistas para contrastar información con distintas fuentes (FLIP)

Agrega el informe que, el 10 de marzo “la FLIP le envió una carta a los Ministros del Interior y de Justicia, Defensa, Transporte, y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quienes firmaron el decreto. En ella se les solicitó derogar aquellos artículos que van en contravía de la libertad de expresión y el acceso a la información, especialmente el artículo 9. El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, respondió a la comunicación el 12 de marzo y argumentó que el artículo es constitucional porque “el ejercicio de la libertad implica una ponderación entre distintas informaciones para poder conocer la verdad de los acontecimientos. Debe, por lo tanto, ponderarse el derecho a informar y el derecho a recibir información veraz, y en este caso el derecho a la información veraz prima y no es otra la finalidad del artículo al prever que siempre se debe confirmar con la fuente oficial”.

Por un lado, el Ministro parte de la base de que la ‘información veraz’ es aquella que emiten las fuentes oficiales, cuando una de las funciones del periodismo consiste en buscar la veracidad a través de la confrontación de fuentes y no solo dándole prioridad a la oficial.

Pero además, desafortunadamente el artículo 9 no contempla la posibilidad de “ponderar entre distintas informaciones” como lo explica el Ministro. La norma dice que los periodistas podrán publicar “únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”. Es decir, los deja supeditados a la información que emitan las autoridades, limitando de manera injustificada el trabajo que realizan durante la contienda electoral [4].

El Ministro (de Interior) parte de la base de que la ‘información veraz’ es aquella que emiten las fuentes oficiales (…) Además, el artículo 9 no contempla la posibilidad de ‘ponderar entre distintas informaciones’

El 15 de marzo de 2010, ‘Derecho Ciudadano a la Información’ presentó un derecho de petición al Ministerio del Interior solicitando los fundamentos legales que sustentan estas restricciones a la libertad informativa. (http://ddhhenlasnoticias.blogspot.com/2010/03/derecho-de-peticion-presentado-al.html)

Conclusión
El decreto de orden público expedido en Colombia durante la celebración de elecciones no garantiza el respeto por el derecho a la información. Se hace necesaria una mayor presión por parte de las organizaciones que promueven la libertad de prensa y la transparencia electoral, ya que esta clase de restricciones puede favorecer los fraudes en una democracia frágil y permeada por múltiples intereses ilegales. Esto debe prender las alarmas para la elección del próximo Presidente de la República.

También es indispensable el seguimiento a la eventual imposición de sanciones a los medios de comunicación en virtud del decreto 671 de 2010 y solicitar su inaplicación por inconstitucionalidad.

De acuerdo a la ‘Declaración conjunta sobre medios de comunicación y elecciones’, suscrita en Washington el 15 de mayo de 2009 por los relatores para la libertad de expresión, “Deben derogarse las leyes que restringen de manera ilegítima la libertad de expresión, en contravención a las garantías internacionales y constitucionales. Cuando tales leyes aún se encuentren vigentes durante una campaña electoral, las autoridades deben aplicar las garantías constitucionales o internacionales que protegen la libertad de expresión” [5].

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
‘Derecho ciudadano a la información’.
www.ddhhenlasnoticias.blogspot.com

http://www.facebook.com/Noticias.Derechos.Humanos

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Sobre el autor

Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

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