Martes 25 de marzo de 2014,
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Buenaventura, nuestra deuda colectiva

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FOTORREPORTAJE / En uno de los principales puertos de Colombia conviven la acumulación de capitales, la miseria, el narcotráfico y los grupos armados ilegales

Buenaventura es uno de los principales puertos comerciales de Colombia. Ubicado sobre la costa del Pacífico, es un municipio donde convive la miseria de sus habitantes ancestrales con la arrolladora acumulación de capitales de comerciantes, las estrategias de penetración de los grupos armados ilegales y la creciente influencia del narcotráfico.

El 9 de diciembre se conmemora el día internacional de la lucha contra la corrupción y el 10 de diciembre es el día internacional de los derechos humanos. Sin embargo, pocos lugares pueden ser tan apropiados como Buenaventura, para afirmar que las declaraciones de gobiernos y organismos internacionales muchas veces no pasan de ser simples palabras.

Estuvimos recorriendo la ciudad en compañía de una periodista. Una primera conclusión apunta a ser conscientes de la fragilidad de la lucha contra la corrupción y la ilusoria protección de los derechos humanos en Buenaventura. Esta fragilidad sumada a la avaricia de grandes empresas que usufructúan el puerto y los tentáculos del narcotráfico, sometieron a sus habitantes a la más cruda forma de marginalización y racismo. Cerca del 88,6% de los habitantes de Buenaventura son afrocolombianos que ven cómo los ‘blancos’ del interior del país acaparan los recursos que, en teoría, son destinados para sus comunidades.

En este momento Colombia se prepara para la ejecución del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Siendo uno de los principales puertos del país, Buenaventura está sumida en la pobreza y por ello no hay muchas esperanzas de cambio con la entrada en vigencia de este acuerdo comercial. Según una encuesta publicada en la página oficial de la Alcaldía de Buenaventura, el 85,7% de los participantes opinaron que el puerto no se encuentra preparado para el TLC, mientras que el 14,3% cree que sí lo está.

En construcciones a la orilla del mar llamadas ‘palafitos’, donde no cuentan con las mínimas condiciones de aseo, viven los bonaverenses víctimas de la exclusión y la violencia. Según un censo de 2006, cerca del 10,5% de los pobladores tuvieron que cambiar de lugar de residencia por amenazas contra su vida. Para obtener agua potable recolectan las aguas lluvias y los niños caminan descalzos por las destapadas calles, algunos de ellos desnudos.

El dominio territorial de bandas o grupos armados es evidente. Cada persona que conocimos nos ofreció protección para movilizarnos por la ciudad. No es posible ingresar a determinadas zonas sin la compañía de alguien conocido por los ‘duros’. Es así como nuestro paso por uno de los barrios marginales estuvo condicionado por la compañía permanente de tres hombres que nos garantizaban entrar y salir de allí. En otra zona tuvimos que estar acompañados de un miembro de una comunidad religiosa.

Los hechos de violencia son la prueba de la disputa territorial entre guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y el Estado. Según datos oficiales, durante 2010 se registraron 82 desapariciones.

No es de extrañarse la pobreza de los habitantes de Buenaventura a causa de la corrupción, que parece ser el común denominador de los políticos locales en todos los niveles.

El departamento del Valle del Cauca, región a la que pertenece Buenaventura, se quedó sin gobernador luego de la destitución de Juan Carlos Abadía, por participación indebida en política, para favorecer al entonces precandidato presidencial del derechista partido conservador Andrés Felipe Arias, hoy en la cárcel mientras se le investiga por actos de corrupción.

El alcalde de Buenaventura, José Félix Ocoró Minotta, fue capturado el pasado mes de octubre, también por actos de corrupción. Además, según datos arrojados por la página web de la Procuraduría General de la Nación, Ocoró tiene 31 investigaciones disciplinarias en su contra.

El excongresista Juan Carlos Martínez Sinisterra, conocido como uno de los más influyentes políticos del Valle del Cauca, fue condenado en junio de este año por la Corte Suprema de Justicia, por su alianza con los grupos paramilitares para llegar al Senado, en un fenómeno conocido como la ‘para-política’. Aún preso, Martínez ha protagonizado una serie de escándalos donde se evidencia su innegable influencia en la región. Hay tanto temor en la ciudad, que al preguntarle a algunos habitantes sobre el parapolítico Martínez, el ambiente se tensionaba.

No es de extrañarse la pobreza de los habitantes de Buenaventura a causa de la corrupción, que parece ser el común denominador de los políticos locales en todos los niveles

Es necesario mencionar en este punto que una mañana en un pequeño restaurante del municipio, mientras hablábamos con algunos trabajadores del puerto se acercó un hombre y preguntó por mi procedencia. Luego, ésta persona salió del lugar en compañía de otro, mostrándonos un arma. Considerando que era mejor enfrentar la situación sin mostrar temor alguno, mi compañera periodista abordó a estos sujetos quienes quedaron sorprendidos por su actitud. Luego, al acercarme a preguntar si había algún problema, estas personas se identificaron como miembros de la Infantería de Marina. El mensaje fue claro: nuestras preguntas eran mal recibidas. Ese día salimos de Buenaventura.

Según un reciente informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Los afrodescendientes iniciaron su historia en la tradición colombiana con la negación. Negación de su humanidad plena, de su dignidad, de su libertad, de sus oportunidades y de sus derechos mínimos. La brecha que los separa hoy del resto de la población nacional con respecto al logro de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) tuvo su origen en la enorme desventaja con que iniciaron su presencia en la vida de la nación”. Sin lugar a dudas la desventaja continúa, crece y apabulla.

Buenaventura debió ser un lugar paradisíaco en algún momento. Pero ahora, por la avaricia de quienes explotan el puerto, está convertido en un infierno para sus habitantes.

Ahora, desde la “incómoda comodidad” de este escritorio me atrevo a preguntar:

¿Están en la cárcel todos los que deberían pagar por la miseria a la que someten a los habitantes de Buenaventura? ¿Cuál es la responsabilidad de los industriales y comerciantes en esta apocalíptica pobreza? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad frente a esta situación?

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Texto y fotografías: Andrés Monroy Gómez


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Sobre el autor

Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

1 comentario

  1. julio cesar borrero 19/12/2011 en 13:19

    Buenos dias

    Nos gustaría reproducir sus artículos referentes a buenaventura, como columnista invitado, nos parece intereseante.

    Gracias

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