Martes 25 de marzo de 2014,
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Colombia: derechos laborales de los discapacitados en tela de juicio

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Trabajadores discapacitados despedidos del Instituto de la Seguridad Social cuentan su dramática situación

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

En Colombia se fortalece la estrategia mediática para desacreditar las denuncias por asesinatos de sindicalistas, no hay credibilidad en las cifras sobre la disminución del desempleo y tampoco se protegen de manera efectiva los derechos laborales de las personas discapacitadas. Sin embargo, el gobierno postula a su Vicepresidente como próximo director general de la OIT.

Con 51 sindicalistas asesinados durante 2010 y más de 23 hasta octubre de 2011, un cuestionable método para medir el índice de desempleo y la cada vez más precaria situación de los trabajadores colombianos, sometidos a irrisorios salarios y largas jornadas de trabajo, sumada a la inequidad salarial entre mujeres y hombres, es difícil entender cómo el Gobierno colombiano pretende que su Vicepresidente se convierta en el próximo director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Colombia 51 sindicalistas fueron asesinados en 2010, posee un cuestionable índice para medir el desempleo, con salarios irrisorios e inequidad salarial entre hombres y mujeres

Sin entrar a cuestionar las cualidades personales de Angelino Garzón, la paradoja surge en el momento en que el país, donde la dignidad de los trabajadores ha sido sistemáticamente pisoteada por los intereses de la economía privada, pretenda asumir a través de su Vicepresidente de la República la dirección del principal órgano de protección de los derechos laborales en el mundo.

No hace falta una exhaustiva búsqueda de realidades que demuestren la crítica situación de los trabajadores colombianos.

Enfrentado a esta cotidiana desprotección laboral generalizada, Miguel Camargo lucha por la reivindicación de los derechos de más de 600 extrabajadores discapacitados o padres de niños en condición de discapacidad, que se quedaron sin empleo luego de que Álvaro Uribe Vélez ordenara la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales, que fue por muchos años la más grande entidad pública de prestación del servicio de salud y el principal fondo público de pensiones.

A la cita acordada con Miguel en la sede del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, asiste Juan de Jesús Pedraos, un hombre que supera los 60 años de edad e invidente desde los doce, quien llega como él mismo lo dice, con su “bastón discapacitado”, pues a la salida del sistema de transporte masivo un hombre lo partió. También llega Fabiola con su pequeña hija Valeria, quien a sus cinco años es víctima de la desprotección estatal a los niños en condición de discapacidad. En esta reunión escucho el inconformismo de personas que trabajaron varios años en la entidad que monopolizó por mucho tiempo el acceso al sistema de salud pública, y que ahora es el principal violador de sus derechos laborales y a la seguridad social.

Juan de Jesús Pedraos, superando su situación de invidencia, trabajó por 26 años en el ISS hasta que el 6 de noviembre de 2009, debido a la liquidación del Instituto, le dijeron que no podía seguir trabajando allí. A pesar de que su labor como auxiliar de radiología es catalogada por la legislación colombiana como un trabajo de alto riesgo, no le fue reconocida su pensión de jubilación, dejando en el limbo económico a este hombre que debe velar por sus dos hijos afectados por la polio. Ahora trabaja fabricando artesanías de bambú para conseguir lo necesario para sobrevivir y continuar dando la batalla jurídica por lo que considera fue “una arbitrariedad amparada en las facultades extraordinarias que el Congreso le dio al presidente Álvaro Uribe en 2002″.

Pedraos relata cómo cuando anunciaron la venta del ISS, “se dio la instrucción de que no podían ingresar a trabajar y que debían pasar únicamente por la liquidación de sus contratos”. Agrega que “si hoy tuviera de frente al gobierno que hizo esto, le diría que nos destruyó con esta medida. A pesar de que la norma que autorizó la venta del ISS aseguraba nuestros derechos laborales, éstos fueron los primeros que entraron a mutilar. Yo le quiero decir al representante del gobierno que no abuse de su autoridad. No es justo que el pueblo elija a sus gobernantes y éstos se conviertan en sus verdugos. Le escribí al doctor Santos cuando subió a la Presidencia de la República y ni siquiera leyó la carta. La transfirieron al Ministro de Protección Social y la respuesta es que no podían hacer nada”.

Fabiola Ibarra trabajó durante 19 años como auxiliar de odontología. Es madre cabeza de familia y debe velar por Valeria, su hija de cinco años en condición de discapacidad. Debido a jugadas jurídicas, la protección legal a la que tenía derecho fue burlada y su contrato laboral liquidado. Ahora, para responder por un préstamo bancario con el que compró una vivienda y los aportes al sistema de salud pública, ha recurrido a la venta de café cerca a las universidades y al comercio de cosméticos. Fabiola afirma que trabajó el número de semanas que la ley exige en casos como el de ella, para acceder a la pensión de jubilación, pero el ISS no reconoce todas esas semanas. Por eso, le gustaría decirle al Gobierno “que sea más consciente de los derechos de las personas con discapacidad. Así como ayudan a los desplazados y desmovilizados, los padres de niños discapacitados necesitamos esa ayuda porque estamos desprotegidos. Para acceder a algo hay que tener contactos. Si yo me muero, mi hija quedará desprotegida. Por ahora, tengo acceso a lo mínimo en salud para ella porque he dado la pelea, pero veo a otros exempleados del ISS que están peor”.

Los padres de niños discapacitados necesitamos esa ayuda porque estamos desprotegidos. Para acceder a algo hay que tener contactos. Si yo me muero, mi hija quedará desprotegida

Así como Juan de Jesús, Fabiola también le escribió una carta a la Presidencia de la República. Supo que la remitieron a la Secretaría de Integración Social, ofreciéndole eventos de recreación y un bono de alimentos, y a pesar de haberse inscrito para recibir esta ayuda hace nueve meses, hasta la fecha no han recibido el primer bono. Ambos coinciden en que existen serias fallas en la educación de los niños en los colegios colombianos. Desde pequeños aprenden a discriminar a quienes están en condición de discapacidad. “La falta de una pedagogía humanitaria es evidente y al parecer hace falta estar en los zapatos de los demás para entender las dimensiones del sufrimiento ajeno”, enfatiza Fabiola.

También critican la “sordera institucional” cuando de sus reclamos se trata, mientras que abundan las medidas apresuradas para aliviar la situación de quienes acuden a las vías de hecho, como el bloqueo de vías o la toma de edificios públicos.

Mientras avanza esta conversación, Miguel Camargo alista un enorme portafolio en el que archiva todas las comunicaciones enviadas a las entidades públicas y las desalentadoras respuestas que recibe. Él, también afectado por un accidente de infancia en el que perdió varios dedos de su mano izquierda, insiste en su lucha motivado por los avances, aunque escasos, en la protección a los derechos de las personas en condición de discapacidad. Como prueba de esa fe, me enseña otro archivo, en el que guarda recortes de prensa que dan cuenta de las victorias conseguidas para que la sociedad colombiana sea incluyente. Miguel también fue víctima de los despidos colectivos en el ISS, luego de trabajar cerca de ocho años como vigilante, trabajo con el cual daba sustento a su hijo que hoy tiene diez años y sufre discapacidad mental. “Decidí hablar por ellos, porque era mi caso, reflejado en cientos de personas”, afirma contundentemente Miguel cuando le pregunto la razón de su lucha, sin ningún tipo de remuneración y a la que dedica gran parte de su tiempo y sus recursos. “Cuando se ordenó la liquidación del ISS, pedimos que nos reubicaran en otros empleos para poder llegar a nuestras casas con un pan, o con maniobras jurídicas eliminaron nuestros cargos y así salvaron su responsabilidad mientras nuestra salud quedó desprotegida”, agrega Miguel quien concluye “esta discriminación tan absurda no es sólo de hoy. Más del 60% de los discapacitados en Colombia viven en la pobreza y la gente no entiende que discapacidad es diferente a incapacidad. Como dijo el Presidente Santos: ¡No nos crean tan pendejos!”.

Miguel ha tocado las puertas de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la oficina de Naciones Unidas en Colombia y de varios congresistas de todos los partidos. Las respuestas evasivas son el común denominador. Una reciente reunión con David Luna, actual  Viceministro de Relaciones Laborales y recientemente candidato a la Alcaldía de Bogotá, celebrada en la segunda semana de enero, no parece ser la excepción. Este joven político, quien durante su campaña electoral prometió hacer de Bogotá una ciudad más incluyente, aparentemente está descontextualizado de la situación laboral de los discapacitados en Colombia.

Los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, relativos a la protección de la población discapacitada, parecen estar destinados a correr la misma suerte que los compromisos electorales de los políticos de carrera.

La situación laboral de los discapacitados y situaciones específicas como la de los extrabajadores del ISS merecen ser tenidos en cuenta, fijando metas que exijan un compromiso serio de autoridades administrativas y judiciales. De lograrlo, se habrá dado un importante paso en el camino a recorrer para merecer ocupar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo. Aspirar a esto antes de garantizar las condiciones laborales y pensionales dignas en Colombia, más que una paradoja, puede interpretarse como una burla a las necesidades de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo.

Enlaces de interés:

1. ‘Recursos sobre Discapacidad‘, elaborado por la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

2. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

3. Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


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Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

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