Martes 08 de abril de 2014,
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Colombia: la vida por un grafiti

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El asesinato de un joven grafitero por parte de la Policía colombiana y el eventual trámite penal ante la justicia militar es el mensaje de una depravada noción de seguridad y orden. ¿Vale más una pared ‘limpia’ que la vida y la libertad de expresión?

El asesinato del estudiante y grafitero Diego Felipe Becerra el pasado mes de agosto por parte de un miembro de la Policía Nacional de Colombia, es el inicio de una cadena de hechos en los que las nociones de derecho a la vida, libertad de expresión, buen nombre y justicia imparcial quedan en entredicho.

Conversamos con Miriam Pachón, abogada que representa a los familiares de Diego Felipe en las acciones judiciales contra el Estado colombiano.

En las paredes de los ‘ricos’ es peligroso pintar grafitis

En la noche del 19 de agosto de 2011 cuatro jóvenes, entre los 16 y 18 años, se encontraban pintando grafitis en las calles de un sector reservado para las clases económicamente privilegiadas de Bogotá. Sabiendo que la policía no permitía pintar en esa zona, los jóvenes salieron corriendo al

El joven de 16 años fue disparado por la espalda por un policía después de hacer varios grafitis en un barrio acomodado de la capital colombiana

advertir la llegada de una patrulla. A seis calles de distancia, uno de los menores fue retenido por la policía, requisado e interrogado sobre su participación en un robo. Ante la respuesta negativa, el joven trata de apartarse del lugar y en ese momento llega Diego Felipe Becerra, de 16 años, quien se había escondido tras un árbol y dice “soy yo quien estaba pintando el grafiti, si hay algún problema hable conmigo”.

Luego de eso, Diego Felipe y el policía caminaron juntos aproximadamente 17 metros, lo que significa que el policía sabía que no estaba en riesgo y que el joven no representaba peligro. En un lugar iluminado, Diego Felipe decide salir corriendo pero antes de alcanzar los dos metros de distancia, recibe por la espalda el disparo de una pistola 9 mm accionada por el patrullero Wilmer Alarcón.

En los pocos instantes en que Diego Felipe estuvo consciente, le pidió a uno de sus amigos que llamara a su madre y le contara lo sucedido. Luego fue traslado a un centro médico cercano, a donde llegó sin signos vitales.

Montajes, irregularidades y justicia penal militar: ¿camino a la impunidad?

Miriam Pachón Murcia, abogada penalista y representante de los familiares de Diego Felipe Becerra señaló que en la noche del crimen “la clínica se llenó de muchos oficiales. Luego llegaron los papás y en el lugar de los hechos no había ninguna arma. Curiosamente la policía no hace entrega del caso al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. La demora de casi cuatro horas para entregar el caso al CTI es el comienzo de las irregularidades”.

La abogada Pachón, conocedora de la dinámica jurídica en el interior de la policía, fue contactada por familiares de Diego Felipe, quienes le manifestaron su preocupación por un eventual montaje para justificar el asesinato. “Me resistí a creer en que la Policía se prestara para eso, sobre todo en un caso que involucraba a un menor de edad. Me dijeron que viera el noticiero y efectivamente apareció el general Patiño, director de la Policía Metropolitana de Bogotá, diciendo que el niño había estado involucrado en un hurto”, señaló la jurista. El patrullero Alarcón, en diligencia judicial, afirmó que la muerte del menor de edad se presentó en un cruce de disparos.

Pachón aseguró que el hurto efectivamente ocurrió en un autobús, pero no en la fecha en que asesinaron a Diego Felipe sino la noche anterior, según lo probó el CTI. Por otra parte, dictámenes de balística determinaron que el arma encontrada en el lugar de los hechos y con la que supuestamente había sido atacado el policía no funciona, además de que no fue disparada por Diego Felipe. “Entonces lo que el patrullero está diciendo, sobre un cruce de disparos, no puede ser cierto. Y el señor del autobús que sale a describir que fue hurtado por estos muchachos entra a cohonestar con la versión la policía que quiere desviar la investigación y dañar el buen nombre de Diego Felipe. Nuestra Constitución y el bloque de constitucionalidad nos dice que la persona, así haya fallecido tiene derecho a mantener su honra y su buen nombre. Eso es lo que estamos luchando en este momento, porque la familia quedó destrozada con su hijo muerto y además de eso lo injurian y lo calumnian. No contentos con eso, la Fiscalía General saca el proceso de la justicia ordinaria y lo pasa a la justicia penal militar”, explica la abogada Pachón.

Coincidencia o no, la solicitud de la Fiscal General de la Nación de trasladar la investigación de la justicia ordinaria a la justicia penal militar se discute paralelamente a un debate nacional sobre la reforma a la justicia, con el que se pretende fortalecer el fuero militar y el alcance de los denominados ‘actos del servicio’.

Paradójicamente, el general Francisco Patiño, director de la Policía de Bogotá, afirmó ante los medios de comunicación a los pocos días de ocurrido el asesinato: “Solicitamos por transparencia, por claridad en este procedimiento, que la investigación la asuma el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Estamos respondiendo, dando la cara ante este hecho que ocurrió, y estamos pendientes de apoyar a las autoridades judiciales en toda la información que se requiera”. Ante otro medio de comunicación, el alto oficial sostuvo que siempre reconoció que fue un policía el que le disparó al joven, pero que no lo mataron cuando estaba pintando un grafiti. “Las versiones esperamos que las dé la Fiscalía, por eso la Policía se aparta de la investigación”.

Ahora el panorama es diferente. La propia Fiscalía General de la Nación, con el concepto favorable del Ministerio Público, solicitó que el caso sea llevado ante la justicia penal militar. La abogada Miriam Pachón se opuso a esto, pidiendo ante el Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado de dirimir estas controversias, que el caso siga en la justicia ordinaria. También pidió la intervención de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ésta oficina envió una comunicación a la Fiscal General de la Nación (ver imágenes) en la que afirma que según el monitoreo hecho se encontraron indicios: “De acuerdo con lo observado por la Oficina, en el caso de Diego Felipe Becerra se habría dado una grave violación del derecho humano a la vida (…). En efecto su muerte podría constituir una privación ilegítima de la vida como consecuencia del uso de la fuerza por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que no obró de acuerdo con los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Agrega más adelante la comunicación de la Oficina del Alto Comisionado la conveniencia de recordar que según la legislación colombiana “en ningún caso podrán relacionarse con el servicio (…) las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio. La Alta Comisionada y otros órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han recomendado al Estado colombiano, en forma reiterada, que sea la justicia ordinaria la encargada de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos constitutivos de violaciones de los derechos humanos”.

Miriam Pachón señala que no entiende por qué la Fiscal General hace caso omiso a las normas nacionales e internacionales sobre la competencia de la justicia ordinaria frente a la militar en casos como éste. Señaló enfáticamente: “estoy pidiendo justicia ordinaria y no penal militar en este caso, porque no es un acto del servicio y los colombianos no podemos dejar que nos mate un policía en esta forma y que sea investigado por la justicia penal miliar. No es una pelea de orgullos o de errores. Vamos a valorar los derechos humanos o de lo contrario mejor decimos que no existen. Vamos a ponderar, y lo que estamos ponderando es el derecho a la vida. El policía sabía que Diego Felipe era un menor de edad. No podemos permitir que la policía ande disparando como le dispararon a Diego Felipe con una pistola 9 mm a dos metros de distancia. A la fiscalía no le importó mi argumentación jurídica para que el caso no fuera llevado a la justicia militar. Pero tienen certeza sobre la alteración de la escena del crimen, por lo que presenté una nueva denuncia. Pero hay otro proceso y es por el supuesto hurto, con lo que el policía justificaría su reacción (disparo)”.

Presiones y amenazas: ¿A qué le temen los policías?

Además de la sanción que debe imponerse al patrullero de la policía Wilmer Alarcón por haber asesinado a Diego Felipe Becerra, parecen existir otras razones que han despertado el temor en el interior de la Policía Nacional.

Según los medios, el conductor del autobús se quedó sin trabajo y dijo que prefería renunciar a soportar amenazas y presiones para que ajustara su versión del hurto y la identificación de los asaltantes.

Algunos días antes de reunirnos con la abogada Miriam Pachón, los familiares y amigos de Diego Felipe, preocupados por su seguridad, denunciaron la presencia de personas que preguntan por ellos, rondan sus casas y los interrogan. Según los padres de los amigos de Diego Felipe, en más de una ocasión la policía ha detenido a los jóvenes.

Le preguntamos por esto a la abogada Miriam Pachón quien afirmó que “la retención a uno de los amigos de Diego Felipe ocurrió a los pocos días del asesinato. Al joven lo buscaron cerca del colegio, lo detuvieron, lo llevaron a unas instalaciones de la policía donde lo esposaron y lo amenazaron con la posibilidad de que le pasara lo mismo que a Diego Felipe. La madre de este menor interpuso la denuncia y luego fue citada por el comandante de la estación de policía de la zona, pero esta cita fue en una calle distante para que el menor reconociera a través de fotografías a los policías que lo habían retenido. Desde ese momento atemorizaron totalmente a la señora, quien es madre de unos trillizos”.

Si ya hubo una alteración de la escena del crimen, puede haber una alteración del proceso. (…) ¿Mataron a alguien por pintar un muro?

“Si ya hubo una alteración de la escena del crimen, puede haber una alteración del proceso. Si el patrullero llega a ser absuelto, acudiré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un proceso que podría ser sencillo se ha complicado. He leído varias sentencias de la justicia penal militar donde se absuelven a miembros de la fuerza pública frente a los que se determinó su participación en el asesinato de personas”, anotó la abogada.

En los medios de comunicación circulan grabaciones de las comunicaciones internas entre los policías la noche del asesinato. Al parecer, altos oficiales estuvieron al tanto de los hechos de manera inmediata y su reacción no fue la esperada.

Otro tema abordado por Miriam Pachón, es el manejo de la policía como cuerpo militar más que civil. “Tenemos que tener claro si la policía es militar o no es militar, si la unimos con el ejército y en su lugar creamos una verdadera policía civil. Si esto hubiera sucedido en cualquier parte del mundo, por ejemplo en Nueva York, donde se pintan todas las paredes, sería de no creer”.

La abogada recrea la pregunta que harían en otro país: “¿Mataron a alguien por pintar un muro?”.

Grafitis y libertad de expresión

No todas las expresiones de arte son acogidas por la totalidad de la sociedad, como tampoco todas las formas de preservar un testimonio de la realidad vivida por cada generación. Ese es el encanto del pluralismo y la tolerancia.

El principio No. 1 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispone que “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas”. En la interpretación sobre este Principio, la Relatoría ha manifestado que “la declaración hace referencia a la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones. La libertad de expresión no es un derecho limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación. El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole”.

Los grafitis se incluyen en el derecho a la libertad de expresión, que está protegida en todas sus manifestaciones como un derecho fundamental e inalienable

Frank La Rue, Relator de las Naciones Unidas para la libertad de expresión en una oportunidad resaltó la importancia de los grafitis para la libertad de expresión.

Las paredes limpias representan una idea de orden represiva. Así lo señala una editorial de la Fundación Arte & Ciencia del mes de octubre, donde se afirma que “existe una creencia prejuiciosa entre los detentadores del poder a todo nivel, de que escribir en las paredes es ilegal. Dicen: nada bueno escriben quienes recurren a los muros y sobre todo si lo hacen a escondidas y de noche. Pero una ciudad que no tenga estos testimonios de los marginados es sospechosa. Esa limpieza bien puede ser fruto de una asepsia represiva, intolerante y demasiado organizada, tanto, que aparentemente no hay nada que decir”.

En Colombia, el calificativo de vándalos es el más utilizado contra quienes acuden a los grafitis para expresar opiniones, inconformidad o cualquier otro sentimiento.

Afortunadamente desde los orígenes mismos de la historia del hombre han existido ‘vándalos’ que plasmaron en cuevas, rocas, pirámides o muros su legado de historias y sentimientos.

En este incipiente siglo XXI un joven de 16 años, Diego Felipe Becerra, está muerto por expresarse mediante grafitis en un exclusivo sector de la capital colombiana, mientras la dolorosa tradición de violencia en Colombia clasifica a quienes pierden la vida de acuerdo a la categoría de su verdugo.

A Diego Felipe le robaron su derecho a vivir por expresarse de una forma no convencional en las limpias paredes de exclusivos e indiferentes sectores de Bogotá. A su familia le quitaron al hijo y ahora le quieren quebrantar su buen nombre. Lo acusan de un robo para justificar un homicidio, como si no fuera importante el respeto por el derecho a la vida de los ladrones.

Diego Felipe no robaba en el transporte público como acusa su verdugo. Diego Felipe le ‘robaba’ a las paredes la muda limpieza que silencia al inconformismo y a las voces de una generación (otra más) hija de la violencia de un país paradisíaco en su naturaleza pero infernal en su forma de gobernar y hacer justicia.

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


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Sobre el autor

Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

2 Comentarios

  1. Andrés Monroy 22/11/2011 en 14:10

    Siguen las irregularidades en este caso. Nuevo artículo publicado por la prensa colombiana
    “La contradicción del patrullero que mató a joven grafitero” En
    http://www.semana.com/nacion/contradiccion-del-patrullero-mato-joven-grafitero/167863-3.aspx

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