Sábado 03 de diciembre de 2016,
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Colombia – Venezuela: el control de la información por y para el Estado

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La incomodidad frente a la información crítica se constituye en un común denominador de los gobiernos de Uribe y Chávez, como muestran los informes sobre DDHH

Los informes sobre derechos humanos hacen visible el preocupante panorama de la libertad de expresión en Colombia y Venezuela. Los periodistas que se apartan de los parámetros políticos de sus respectivos gobiernos son sometidos a múltiples presiones. Así, la incomodidad frente a la información crítica se constituye en un común denominador de los gobiernos de Uribe y Chávez.

Son continuos los debates mediáticos sobre las diferencias ideológicas entre los presidentes Álvaro Uribe Vélez (Colombia) y Hugo Chávez Frías (Venezuela). Los titulares de prensa van desde las alianzas políticas y militares de cada uno de estos gobiernos hasta las más difusas consideraciones sobre la propiedad privada y el intervencionismo económico estatal (1).

El poder de los medios al servicio del poder presidencial
Los discursos creados en torno a los intereses políticos de Uribe o de Chávez han sido difundidos ampliamente a través de medios de comunicación públicos y privados. Sin embargo, tanto Uribe como Chávez oscilan permanentemente entre la utilización y la negación del poder mediático (2), lo que a pesar de sus profundas diferencias ideológicas, crea un espectro de analogías en cuanto a sus reacciones, bajo distintas justificaciones.

Tanto Uribe como Chávez oscilan permanentemente entre la utilización y la negación del poder mediático

En Colombia, la transmisión de los ‘Consejos Comunitarios’ por el canal de televisión institucional e Internet (3), las casi diarias entrevistas concedidas por el presidente a emisoras de lugares remotos del país, conjugadas con el aparato propagandístico desplegado en las grandes empresas mediáticas, evidencian la utilización de la influencia de los medios de comunicación para favorecer los intereses gubernamentales. Este privilegio en la agenda mediática puede acarrear la falta de objetividad periodística. Debe considerarse en torno a esta última afirmación el papel de la asignación de publicidad oficial, catalogada como una de las formas en que la administración pública controla los contenidos de la información, y cuya regulación no es una discusión pacífica entre las principales organizaciones de libertad de prensa del país.

Entonces, en Colombia se concreta la alianza de poderes económicos para sostener al poder político con la ayuda de la información-propaganda. Sumado a lo anterior, la presión económica de los propietarios de los medios de comunicación sobre los periodistas, condiciona en muchas ocasiones la información que recibirán los ciudadanos.

En cuanto a Venezuela, Hugo Chávez consolidó el programa ‘Aló Presidente’, que algunos han comparado con los consejos comunales del presidente colombiano, como la punta de lanza de su estrategia mediática. A éste se suman el programa radial ‘De repente con Chávez’ y ‘Las líneas de Chávez’, artículos publicados en “la prensa escrita oficialista para abordar cualquier tema nacional o internacional, en una aparente emulación del líder cubano Fidel Castro” (4).

La anterior descripción es parte de la estrategia mediática de los presidentes Uribe y Chávez para influir en la información y los medios de comunicación.

Cuando las críticas no son bienvenidas
La descalificación de personas u organizaciones por su postura crítica sobre las actuaciones gubernamentales es el combustible de la polarización social mediada por la intolerancia. Las diferencias ideológicas entre Uribe y Chávez parecen diluirse en el caudillaje que busca imponerse a través de los medios de comunicación, conjugado con su hostilidad frente a las voces que critican los posibles desaciertos de sus gestiones.

Por ejemplo, la reacción frente a informes de organizaciones no gubernamentales como ‘Human Rights Watch’ y ‘Amnistía Internacional’, dejar ver a dos mandatarios con argumentos similares de apreciación de los documentos como sesgados y malintencionados (5).

Pero de la conveniencia política o del lenguaje diplomático, podría esperarse una reacción diferente frente a informes estatales o de organismos internacionales, posibilidad negada en el caso de Colombia y Venezuela.

En este sentido, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos durante 2009 en Colombia señaló la continuidad de los abusos contra los derechos humanos, entre ellos la vigilancia ilícita de grupos civiles, oponentes políticos y agencias gubernamentales; hostigamiento e intimidación de periodistas. La existencia de publicaciones independientes y críticas tuvo que sobreponerse a los “casos ocasionales de hostigamiento, intimidación o violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad y funcionarios corruptos”. Uribe calificó este informe como sesgado y de oportunismo electoral, mientras su vicepresidente, Francisco Santos dijo que el informe contenía “elementos de hipocresía”, calificativos que sorprenden teniendo en cuenta que Colombia se considera el principal aliado de Estados Unidos en Latinoamérica (6).

La versión venezolana del rechazo a los informes sobre la situación de los derechos humanos apuntó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento titulado ‘Democracia y derechos humanos en Venezuela’ fue publicado en diciembre de 2009. En esta oportunidad la CIDH señaló que “ciertos discursos del Presidente Hugo Chávez Frías en contra de los medios de comunicación podían ser interpretados por sus seguidores como una exhortación a las agresiones hacia ellos (…) durante 2008 y 2009 altas autoridades del Estado han descalificado la labor periodística y el rol de algunos medios de comunicación independientes del Gobierno, acusándolos de practicar ‘terrorismo mediático’ y de fomentar un ‘discurso de odio’ que afecta la ‘salud mental’ de la población venezolana”. Chávez afirmó que este informe “acusa falsamente a Venezuela, forma parte de un plan de ataque contra el país y de sabotaje contra la naciente Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe (CELAC)”. Al calificar de ‘basura’ el informe de la ‘nefasta’ Comisión, indicó que Venezuela debería abandonar el tratado que reconoce la competencia de la CIDH. Un miembro del partido oficialista señaló que “La CIDH elaboró un vulgar panfleto (…). Es un instrumento de propaganda política, carente de toda seriedad, contra la Revolución y el presidente, Hugo Chávez. Lo que hace es recolectar información de medios de la oposición y enemigos del Gobierno”.

Las diferencias ideológicas entre Uribe y Chávez parecen diluirse en el caudillaje que busca imponerse a través de los medios de comunicación, conjugado con su hostilidad frente a las voces criticas

Expresiones incómodas para el poder
Existen varios casos de periodistas que, en el desarrollo de su actividad sin sujeción a los parámetros políticamente aceptados desde el Palacio de Miraflores y la Casa de Nariño, son sujetos de descalificaciones o persecuciones.

Colombia: periodistas en el lugar ‘equivocado’
Según el Gobierno colombiano, la disminución de homicidios demuestra la garantía a la libertad de prensa. Sin embargo, las denuncias por el complejo panorama del ejercicio periodístico no disminuyen. En el informe anual – 2009, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) manifestó su preocupación por el hecho de que “algunos funcionarios públicos, civiles y militares, han continuado realizando declaraciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, acusándoles o sugiriendo que su trabajo es contrario a los intereses del Estado o que son simpatizantes de la guerrilla”.

En la respuesta del Estado colombiano a este informe, se afirma que “no existe en Colombia restricción de ninguna naturaleza a la presencia, movilidad o actividad de organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil -nacionales o internacionales- o periodistas, a pesar de la situación de orden público que aún afecta algunas regiones”.

Sin embargo, esta respuesta no coincide con los sucesos del pasado 30 de marzo. Durante la liberación del suboficial del ejército Pablo Emilio Moncayo, quien se encontraba en poder de las Farc, el canal Telesur transmitió unas imágenes de este suceso. De manera inmediata el Gobierno nacional emitió un comunicado rechazando “que un medio de comunicación como Telesur se preste para hacerle propaganda a un grupo terrorista y secuestrador como las Farc. Este medio de comunicación debe explicarle al país por qué estaba en un punto del territorio colombiano en compañía de guerrilleros de las Farc”. Telesur respondió a esta acusación, alegando que no estaban en el lugar de la liberación y que el video había sido enviado a varios medios de comunicación (7).

Pero, en las liberaciones de secuestrados que no han sido iniciativa del Gobierno, hay más casos de incidentes con la prensa. En febrero de 2009 el periodista Hollman Morris fue detenido por el ejército luego de haber informado para un medio internacional sobre la liberación de cuatro uniformados retenidos por las Farc (8). Ante el pronunciamiento de la ONU y la OEA sobre las acusaciones contra Morris, el presidente Uribe respondió que debía investigarse al periodista y solicitó revisar las medidas de protección del comunicador (9). Este hecho hizo que una periodista se formulara las siguientes preguntas, claramente aplicables a la actual acusación del Gobierno contra Telesur: “¿Desde cuándo hay delito de información en Colombia? ¿Cuándo se aprobaron y definieron las zonas del territorio nacional vedadas para los periodistas? ¿En cuál artículo del Código Penal está descrito el tipo delictivo de ‘entrevistar a guerrilleros’? ¿Por qué nunca se denunció a los que hablaron con Carlos Castaño o Salvatore Mancuso?”.

Venezuela: la necesidad de diferenciar entre opinar y delinquir
Hugo Chávez comenzó su Gobierno respaldado por la mayoría de los medios de comunicación. Pero desde 1999 comenzaron las críticas a los desaciertos del presidente y con ello, también iniciaron las confrontaciones de éste con la prensa venezolana. Para contrarrestar las críticas contra su Gobierno, Chávez promociona su propia verdad a través de medios alternativos locales y comunitarios (10).

Uno de los hechos más recientes de persecución a la disidencia política, fue el arresto el pasado 25 de marzo del empresario Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión. En días anteriores la Asamblea Nacional había rechazado unas declaraciones de Zuloaga ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Aruba (Antillas Holandesas), y pidió a la justicia una investigación por la responsabilidad penal que cabría en este caso. La CIDH expresó su preocupación por “la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela”.

¿Desde cuando hay delito de información en Colombia? ¿En qué artículo del Código Penal está descrito el tipo delictivo ‘entrevistar a guerrilleros’?

En otro caso, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenó la sentencia de dos años y medio de cárcel contra el periodista Gustavo Azócar, quien fue acusado de incumplir normas administrativas, “pero muchos en Venezuela consideran esa condena como un nuevo intento de silenciar a otra voz crítica del Presidente Hugo Chávez”.

Según Amnistía Internacional “se están formulando cargos por motivos políticos contra quienes critican al Gobierno con el fin de silenciar el disentimiento e impedir que otras personas expresen sus opiniones (…) El presidente Chávez debe dejar de perseguir a quienes tienen opiniones diferentes o se pronuncian públicamente en contra de su Gobierno”.

A modo de conclusión
La información siempre es usada como una herramienta de los gobiernos para la viabilidad de sus administraciones. Este no es un fenómeno nuevo. Todos los regímenes han usado los aparatos de propaganda para convencer, desprestigiar, manipular y eventualmente informar.

En la mayoría de países latinoamericanos la precariedad de los órganos estatales de defensa de los derechos humanos, hace que las denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión deban canalizarse a través de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.

Finalmente, surgen las siguientes preguntas:

¿Está desvirtuada totalmente la perspectiva de contar con medios de comunicación objetivos, dada su innegable dependencia del poder político o de poderes económicos? ¿Es inevitable el desarrollo de nuevas fuentes de información para los ciudadanos?

¿Qué hace falta para que la información sea herramienta de control ciudadano al poder político?

¿Las empresas mediáticas deberían advertir visiblemente a sus consumidores sobre la tendencia política que orienta sus productos informativos?

¿Qué pueden hacer los periodistas para hacer prevalecer sus convicciones éticas y profesionales sobre las exigencias de las empresas mediáticas?

Notas
1. Un buen ejemplo de las comparaciones entre Uribe y Chávez en: “¿Son Chávez y Uribe tan diferentes?

2. Como referencia puede consultarse “Propuesta de metodología para duelos mediáticos en periodismo político. Aplicación al tratamiento informativo de El País a la crisis entre Uribe y Chávez por los rehenes de las FARC (2007-2008)“.

3. Consejos Comunitarios: lo que cuesta comunicarse con los ciudadanos.

Análisis del discurso político de Álvaro Uribe Vélez en los Consejos Comunitarios del periodo 2002-2006, desde un marco neopupulista.

4. “Venezuela: Chávez acrecienta su presencia mediática”.

5. “Chávez no tolera críticas“.

Uribe continúa su arremetida contra Amnistía Internacional y Human Rights Watch“.

Uribe acusa a Vivanco (HRW) de ser ‘cómplice’ de las FARC“.

6. “Declaración del Presidente Uribe acerca del reciente informe del Departamento de Estado de E.U. sobre DD.HH“.

Vicepresidente Santos califica de hipócrita informe de EEUU“.

7. “Canal colombiano confirmó que también recibió vídeo difundido por Telesur“.

8. “Ceso-FIP rechaza detención de periodista por parte del Ejército Nacional en Caquetá, Colombia“.

9. “Uribe insiste en que Fiscalía debe investigar a Morris“.

10. “Hugo Chávez: un fanático de lo mediático“.

Libertad de expresión en Venezuela: guerra de información“.

Fotografías de Andrés monroy Gómez

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
‘Derecho ciudadano a la información’.


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Sobre el autor

Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

1 comentario

  1. Anónimo 25/05/2011 en 11:03

    Es un horror compara a Chavez con Uribe,¿cuantos periodistas han matado en Colombia por tratar de decir la verdad de su País? y cuantos en Venezuela? Hagan una investigación seria y no lo que dice EEUU.¿cuantos medios de comunicación tiene el gobierno de Venezuela? y ¿cuantos la oposición de ultra derecha en este País? Pienso que antes de opinar sobre esta materia deberian mandar al País VENEZUELA e investigar la veracidad de lo que dice EEUU en sus medios de comunicación. Tenemos que ser objetivos e investigar seriamente antes de presentar este tipo de información que le hace tanto mal a un país, vean lo que esta pasando en Libia ¿Saben uds realmente cual es su verdad,o solo saben lo que dice EEUU? Me gustaria que respondieran objetivamente antes de opinar deben INVESTIGAR en el lugar de los hechos.¿Hasta cuando piensan los paises del” Primer mundo” que los paises en desarrollo van a seguir sin decir nada sobre estas cosas ?,nos siguen tomando como salvajes que no sabemos los que debemos hacer, y nos mandan a realizar lo que estos paises desean para su provecho.Soy una dueña de casa o sea estoy en casa y analizó lo que sucede en el Mundo gracias a la libertad de escuchar y leer lo que yo creo conveniente y me siento feliz de que mis hijos e hijas,puedan saber del mundo ahora que son jovenes y vivan lo que estamos viviendo en este bello País,y no lo que nosotros vivimos cuando teniamos su edad.Gracias por darme esta oportunidad de decir lo que pienso y aprendan a INVESTIGAR la verdad de lo que nosotros vivimos actualmente

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