Domingo 11 de diciembre de 2016,
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Comisión de Investigación sobre los hechos de la ‘Flotilla de la Libertad’: ¿Es Uribe el indicado?

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El nombramiento de Álvaro Uribe es duramente criticado debido a las denuncias por violación de los derechos humanos que ha acumulado durante sus ocho años de gobierno

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe fue nombrado como integrante de la comisión de investigación de Naciones Unidas sobre el incidente entre la marina israelí y la flotilla de embarcaciones que se dirigían en mayo de este año a las costas de Gaza.

Podría parecer lógico que el integrante de una comisión de estas características debe estar precedido de una reputación construida sobre su respeto a las normas aceptadas por la comunidad internacional sobre la conducción de hostilidades. Sin embargo, la presencia de Uribe en este panel investigador contradice el sentido común al respecto.

Es de interés general para los habitantes de la ‘aldea global’ conocer la verdad de los hechos que investigará la mencionada comisión. Pero desde una perspectiva local, la presencia del saliente presidente de Colombia en un esfuerzo por esclarecer hechos que comprometen los conceptos de ‘soberanía’ y ‘misiones humanitarias’ da origen a justificadas inquietudes entre ciudadanos y organizaciones de derechos humanos.

La designación hecha por el Secretario General de Naciones Unidas parece desconocer las denuncias sobre violaciones de derechos humanos durante los ocho años de presidencia de Uribe, muchas de ellas referenciadas en los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Además, las transgresiones al derecho internacional durante los dos gobiernos de Uribe se erigen como elementos adicionales que le restaran confianza a su intervención en la investigación por los hechos de la ‘Flotilla de la libertad’.

Debe señalarse, además, que esta reflexión no es exclusiva para el caso colombiano. En algún momento otros países de América esperarán que la ONU exprese su posición frente a las controversias suscitadas por el proceder de Álvaro Uribe como presidente de Colombia y máximo comandante de sus fuerzas armadas.

Las reacciones a este nombramiento no se han hecho esperar. Varias organizaciones de derechos humanos enviaron este 9 de agosto, un día antes de entrar en funcionamiento la Comisión de Investigación, una carta dirigida al secretario General de la ONU. Según la periodista colombiana Constanza Vieira, en esta carta las organizaciones firmantes dicen estar convencidas “de que el señor Uribe no está calificado para defender el derecho internacional” y ponen a consideración varios hechos que, según ellos, sustentan tal información.

Por su parte, los medios locales registraron cómo el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, luego de presenciar el hallazgo de una gigantesca fosa común en el municipio colombiano de la Macarena, señaló que Uribe carece de la capacidad necesaria para investigar el incidente entre la marina israelí y las embarcaciones turcas.

Ante estas críticas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, defendió la designación del ex presidente colombiano para integrar esta comisión de investigación. Señaló que “Habiéndolo conocido desde mi cargo de secretario general como líder de Colombia desde hace tiempo, tengo plena confianza en que su aportación será positiva a este panel”. Posteriormente afirmó que “las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador, y otros países, no tiene nada que ver con el caso específico de la flotilla”.

Resulta no menos que paradójico que Sihasak Phuangketkeow, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, refiriéndose a la Comisión de Investigación sobre los hechos de la ‘Flotilla de la Libertad’, manifestó que “Es cuestión de credibilidad que el Consejo actúe cuando ocurra un incidente percibido como una violación de derechos humanos”. Pero, ¿cómo actuará el Consejo basándose en un informe en el que participó una persona cuestionada por su actitud como jefe de Estado frente a los derechos humanos?

Además, debe tenerse en cuenta que uno de los objetivos de esta investigación es elaborar recomendaciones para evitar incidentes similares en el futuro. ¿Servirá la experiencia del expresidente colombiano en la formulación de recomendaciones internacionales sobre el respeto al derecho internacional?

Sobre la vulneración a la soberanía de los otros Estados, pueden citarse los siguientes ejemplos: El 14 de diciembre de 2004 fue secuestrado en Venezuela el dirigente de las FARC Ricardo Granda, al parecer por agentes de los organismos de inteligencia de Colombia. La versión que se dio a los medios es que fue capturado en la fronteriza ciudad de Cúcuta. Según el gobierno venezolano, fue una violación de su soberanía.

En 2005, el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS (policía secreta que depende directamente del Presidente de la República) declaró “blanco de operaciones especial de inteligencia” a Susana Villarán, relatora para los derechos de la mujer e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia. Este caso, que compromete a la integrante de un organismo internacional de derechos humanos en el escándalo de escuchas ilegales conocido como las ‘chuzadas del DAS’, afectó a periodistas, políticos de oposición y magistrados de las altas cortes de justicia.

Con la operación ‘Fenix’, desarrollada en marzo de 2008 en territorio ecuatoriano, que incluyó bombardeos aéreos y tránsito de fuerzas especiales del ejército colombiano, y que concluyó con la muerte de ‘Raúl Reypes’, segundo al mando de las Farc, se desató una fuerte crisis diplomática con Ecuador, situación que hasta hoy no se ha superado del todo.

Finalmente, sobre la noción de misión humanitaria, basta recordar el episodio de la ‘Operación Jaque‘ en julio de 2008. Para el éxito de esta operación militar, las fuerzas armadas suplantaron a miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, periodistas de las cadenas Telesur y Ecuavisa y utilizaron registros de organizaciones no gubernamentales verdaderas. Con esta operación se logró el rescate de Ingrid Betancur, tres norteamericanos y once miembros de la fuerza pública que se encontraban secuestrados por las Farc. Esta operación sigue siendo la ‘historia para contar’, hasta el punto de que dos años después, el helicóptero utilizado para esta operación siga siendo parte de ceremonias militares, utilizando los colores de una falsa misión humanitaria. Esto sin dejar de lado la constante estigmatización que desde el gobierno se hizo a los defensores de derechos humanos, señalándolos como terroristas y cómplices de los grupos guerrilleros.

Miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’; casi cuatro millones de desplazados por la violencia; escuchas ilegales a periodistas, magistrados y líderes de oposición; asesinato de sindicalistas; violaciones a las fronteras de los países vecinos; desconocimiento del derecho internacional humanitario; extradición de jefes paramilitares y su efecto negativo en los procesos judiciales que se les adelantaba en Colombia; apoyo a golpes de Estado en la región, etc., son algunas de las razones que generan inconformidad por la presencia de Álvaro Uribe en una comisión internacional para esclarecer unos hechos que conmocionaron al mundo.

En definitiva, a Uribe no lo precede una reputación construida sobre su respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
‘Derecho Ciudadano a la Información’

Fotografía (por orden) 1: ciudad CCS
Fotografía 2 y 3: Andrés Monroy Gómez


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Sobre el autor

Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

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