Martes 06 de mayo de 2014,
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ASA pide la anulación del Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid

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La Asociación Sostenibilidad y Arquitectura destaca, entre otras cosas, que el Anteproyecto contraviene normativas y recomendaciones regionales, nacionales y comunitarias

La asociación ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, representada por su presidente María Jesús González Díaz, desea expresar su opinión sobre las informaciones recientemente recogidas en prensa y otros medios de comunicación sobre el Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid, y así mismo desea sean tenidas en cuenta el desarrollo de esta u otras fases de su desarrollo las siguientes consideraciones:

Afirmas que agudiza los daños ambientales y que se basan en estereotipos caducos como la única diferencia ‘campo-ciudad’

ASA considera que este proyecto de Ley es literalmente inadecuado, pues desecha el conocimiento científico, es contradictorio con la legislación ambiental de la propia Comunidad de Madrid y las disposiciones europeas, agudiza los daños ambientales y se basa en estereotipos y estrategias que caminan en el sentido opuesto a la sostenibilidad; es además inoportuno pues rechaza el progreso actual de la cultura de la relación entre la intervención del ser humano con su entorno; y es especialmente grave en las actuales condiciones políticas y económicas por las razones siguientes:

  1. Toda disposición normativa debe basarse en diagnósticos fundamentados, comprobados y en informaciones contrastadas. Desde este punto de vista, sería interesante conocer en qué datos se basa, sobre qué documentos sustenta la generalización que encierra su exposición de motivos, y en qué indicadores, específicamente medioambientales, fundamenta el impacto beneficiosos que preconiza. El Anteproyecto no ofrece ninguna información ni indicador alguno al respecto.
  2. Las instituciones legisladoras, y especialmente aquellas en las que recaen responsabilidades tan importantes, deben utilizar el conocimiento actualizado y científico. Existe ya una ingente cantidad de información, indicadores y análisis sobre la forma de actuar sobre el medio natural, aportados por instituciones españolas, europeas e internacionales, donde se rechaza el modelo de ocupación y edificación arbitraria y descontrolada de suelo que se proclama en el anteproyecto. Se ignora todo el conocimiento creado, científicamente analizado y consensuado en foros nacionales e internacionales sobre la sostenibilidad, entre ellos se entresacan el Observatorio de la Edificación en España (OSE), la Carta del Transcantábrico, la Agencia Medioambiental Europea, la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la Carta de Aalborg, el Panel Internacional sobre Cambio Climático, de las Naciones Unidas, etc.
  3. Se ignora totalmente el progreso que la cultura está alcanzando en la complejidad y riqueza de la relación del ser humano con su entorno, simplificando la situación de forma inculta y contranatural en términos de capacidad de sustento, interacción productiva, valoración del ámbito rural y modernas técnicas agrícolas, condiciones ambientales físicas y cambiantes para cada contexto, etc., haciendo tabla rasa de todo progreso y mejora culturales.
  4. Se ignoran y contradicen en el anteproyecto incluso los propios documentos ya formalizados por la Comunidad de Madrid y en su propia página web, como el Sexto Programa de Acción (2001‐2012); el Plan Forestal 2000‐2019, sus propios proyectos de protección de montes, ecosistemas forestales, espacios naturales protegidos, y, en definitiva, contradiciendo e ignorando todos los programas de protección, definición y análisis de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la propia Comunidad de Madrid. No es admisible ni creíble que el mejor método de mantener el territorio sea admitir la edificación en parcelas suficientemente grandes (5 o 10 Hectáreas) como para no exigir servicios y abandonarlo a la suerte y potestad discrecional individual. Por ejemplo, ¿cómo podría hacerse compatible la protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares con las más de 5.000 viviendas, de 1.000 metros cuadrados, que según este anteproyecto podría tener, con sus correspondientes consecuencias en transporte, consumo de recursos, impactos, etc.?
  5. No hay ninguna referencia en el Anteproyecto a la coordinación o sujeción a las leyes y documentos en vigor en todo el territorio nacional, ni guarda conformidad con las disposiciones generales de los Tratados y actos legislativos de la UE, ignorando todo concepto elemental de territorio, paisaje, planeamiento y urbanismo, etc., generalizando de forma burda el destino del territorio a una pueril distinción entre ‘campo y ciudad’, sin considerar que el auténtico sentido del territorio consiste en una visión completa e integrada de su diversificación y actuaciones coordinadas de políticas integradas entre usos naturales del suelo (productivos, huertas, secano, reservas, forestales, litorales, etc.) y usos de suelo artificial (infraestructuras, núcleos urbanos, edificaciones, industria, servicios, etc.). El anteproyecto reduce la ocupación del territorio a un estereotipo ciudad‐campo ya rebasada hace varios siglos, y fomenta el fenómeno de la edificación incontrolada, la movilidad sistemática y periódica (commuting) en transporte privado, incidiendo precisamente en los fenómenos que más han dañado y provocado los impactos ambientales del cambio climático, especialmente contaminación y emisiones de CO2, tal como queda perfectamente descrito con datos científicos en otros documentos de la propia Comunidad de Madrid, con los que se contradice.
  6. El aumento de suelo artificial y el cambio desorganizado de uso de suelo (propugnado en el anteproyecto, al permitir la construcción indiscriminada en cualquier lugar) es, además de fuente de impactos ambientales, la causa de la crisis inmobiliaria y consecuentemente económica de acuerdo con los informes de la UE. En su Informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España (conocido comúnmente como informe Auken), el Parlamento Europeo “expresa su preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas”, y considera igualmente que amparándose en el concepto de “interés general” se realiza la aprobación de proyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental. Las autoridades europeas retratan duramente al panorama español de crecimiento de zonas artificiales, por lo que resulta especialmente dañino insistir en ello tras las advertencias ya recibidas. El programa Corine Land Cover, de la European Environment Agency (EEA), detalla cómo el aumento de suelo artificial ha aumentado peligrosamente y es una de las mayores causas de los impactos ambientales en España.
  7. El contenido del anteproyecto es incompatible con la intención de protección del territorio y sobre todo de la de sus parques naturales, existiendo una incongruencia total con las distintas consejerías de la propia Comunidad y con las Agendas 21 locales, amparadas por las propias instituciones de la Comunidad como la FIDA. Se desconoce totalmente en el anteproyecto toda técnica de ordenación del territorio, el concepto de urbanismo y los planeamientos elementales de gestión urbanística de la legislación existente, a la que se ha llegado en España mediante un esforzado consenso y experiencia generalizada entre las diferentes escalas de la administración, y que se debería tener en consideración. Se elimina toda competencia a los ayuntamientos incluso para analizar su territorio y decidir dónde y de qué manera se puede o no construir, aislando la potestad de construir de un diagnóstico de necesidades y beneficios para los municipios. No se analizan, ni consideran, ni se hace referencia alguna en el anteproyecto a los conceptos como huella ecológica, biocapacidad del territorio, impactos ambientales, etc., imprescindibles en todo documento actualizado sobre el tema.
  8. No se tiene en cuenta en el Anteproyecto que toda edificación conlleva implicaciones: su impacto en el suelo, en la biodiversidad, la repercusión de las infraestructuras, la creación de accesos, la necesidad de transporte, los consumos y necesidades de energía, agua potable, recursos naturales, materiales, producción de basuras, necesidad de saneamiento, de telecomunicaciones… Además se obvia que el uso de las viviendas cuya construcción se permite tendrán como consecuencia lógica el impacto ambiental de la satisfacción de las necesidades elementales de los ciudadanos que las habiten, como sus relaciones con otras personas, entidades y actividades, que ni siquiera son consideradas a su nivel más simple. El hecho de imputar costes y gastos al sector privado no elimina sus impactos ni sus consecuencias sobre el territorio y sobre el medio.
  9. El anteproyecto desdeña la influencia de la presión de la edificación en los incendios forestales, la protección y evolución de los suelos, la erosión hídrica, la lucha contra la desertificación y la biodiversidad. Las alusiones a los impactos sobre el arbolado se reducen a una simplificación de la repoblación sin que constituya una verdadera restauración de sus valores naturales, según el propio contenido del Plan de repoblaciones 2006‐2010 de la propia Comunidad de Madrid. Es totalmente contradictorio con las actividades que la propia Comunidad se impone de disminuir las amenazas urbanísticas para la protección de los espacios naturales de especial interés, y con los esfuerzos en la prevención de incendios en las zonas forestales y de alto riesgo.
  10. El Anteproyecto desconoce que un elemental acercamiento a la sostenibilidad se basa en la coordinación de la adecuación medioambiental, económica y social. Este Anteproyecto es un instrumento que repercute de forma negativa en la ocupación y uso del suelo, en la diversidad y respeto al medio, en la movilidad sostenible y en el fomento de una actividad económica durable; repele los criterios elementales de gobernanza, la convivencia social y los servicios al ciudadano. En definitiva, desaprovecha (porque las ignora) las ventajas del conocimiento ya existente en materia de sostenibilidad, y por tanto se aleja del camino que nos dirige a una auténtico desarrollo equilibrado. Por todo lo cual, se solicita a la Comunidad de Madrid tengan en cuenta las anteriores consideraciones y proceda a la anulación completa del Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles.

Madrid, 27 de abril de 2012
ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura.

La asociación ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo I; Sección I, Número Nacional: 590264, con NIF: G85 409 647 y domicilio en Paseo de la Castellana nº 12, 4ª planta de 28043 Madrid
Se encuentra representada por su presidente María Jesús González Díaz y su Junta Directiva está compuesta por los arquitectos: Presidenta: Mª Jesús González Díaz / Vicepresidente: César Ruiz‐Larrea Cangas / Secretaria: Teresa Batlle Pagés / Tesorero: Andrés Perea Ortega / Vocales: Fernando Prats Palazuelo/ Teresa Banet López de Rego/ Izaskun Chinchilla Moreno/ Fernando de Retes Aparicio/ José Pérez de Lama Halcón / Miguel Ángel Díaz Camacho / Jordi Ludevid i Anglada (representante de CSCAE en ASA). El Comité Científico de ASA está compuesto por: Fernando Caballero (Antropólogo) /Curro Claret (Diseñador Industrial) /José Fariña Tojo (Urbanista) / Miguel Ángel Gálvez Huerta (Arquitecto) / Josefina Gómez Mendoza (Geógrafa) /Arturo Gutiérrez de Terán (Arquitecto) / Agustín Hernández Aja (Urbanista) / Margarita de Luxán (Arquitecta) / Emilio Miguel Mitre (Arquitecto) / Jorge Morín de Pablos (Arqueólogo) / José Manuel Naredo (Economista) / Javier Neila (Arquitecto) / Araceli Reymundo (Arquitecta) / Valeriano Ruiz (Físico) / Salvador Rueda (Ecólogo)


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