Lunes 05 de diciembre de 2016,
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Día del periodista en Colombia: entre la reflexión y la denuncia

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En 2010 se produjeron entre 120 y 189 agresiones a periodistas, entre los que se incluyen 7 asesinatos, una violación y 4 atentados a los medios de comunicación

La impunidad y diversas formas de presión conducen a la autocensura, según los informes

Las constantes agresiones contra periodistas, la impunidad en casos de asesinatos y nuevas formas de presión que conducen a la autocensura hacen parte de los informes publicados durante el día del periodista en Colombia. El ejemplo autoritario del anterior gobierno aún oscurece el panorama de la libertad de expresión.

Colombia. 9 de febrero de 2011. El 9 de febrero se conmemora en Colombia el día del periodista. Debido a las constantes vulneraciones contra los derechos individuales y colectivos, este día no representa una ocasión festiva. En su lugar, es un alto en el camino para reflexionar acerca de las difíciles condiciones del ejercicio del periodismo en este conflictivo país. La conclusión de los informes publicados este día da cuenta de la persistencia de un ambiente hostil frente a los periodistas que cuestionan políticos, denuncian corruptos o informan sobre violaciones a los derechos humanos. La sociedad no debe olvidar que agredir a un periodista es agredir todos los ciudadanos y sus expectativas de una verdadera democracia.

La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) registró durante 2010 189 agresiones. Destaca 7 homicidios, 1 violación sexual y 4 atentados contra la infraestructura de los medios de comunicación. Es inevitable alarmarse frente al incremento de las agresiones denunciadas. De 97 agresiones reportadas en 2007, se pasó a 112 en 2008. En 2009 se registraron 166 y en 2010, 189 conductas contra la libertad de expresión. “Estas cifras demuestran un aumento de la intolerancia contra la labor periodística, pues en sólo tres años las agresiones se duplicaron”, señala el informe.

Por otra parte, FECOLPER hace un importante análisis sobre las agresiones contra las mujeres periodistas, al considerar que “ésta violencia convierte el hecho de ‘ser mujer’ en un factor adicional de riesgo”.

Durante 2010 se incrementaron en un 60% los procesos penales contra periodistas respecto al año anterior. De los 15 casos registrados por FECOLPER, 13 acciones judiciales fueron presentadas “por funcionarios o ex funcionarios públicos, tras ser objeto de cuestionamientos sobre su actuación como servidores públicos”.

Más de la mitad de los responsables de las agresiones a periodistas pertenecen a la fuerza pública o son funcionarios o ex funcionarios públicos

“Han persistido y aumentado conductas como el acoso judicial y la obstaculización directa al ejercicio profesional, con el fin de evitar que los/as periodistas investiguen y difundan información de interés público: el seguimiento a la gestión pública, la denuncia de corrupción o actuaciones indebidas de las autoridades, o hechos de alteración del orden público”, señala el informe. No en vano la columnista de opinión Claudia López afirmó ante un medio de comunicación “ahora nos matan menos pero nos demanda más”. Vale la pena recordar que López está vinculada a un proceso penal por injuria y calumnia, iniciado por el expresidente Ernesto Samper, protagonista de uno de los escándalos más grandes de filtración de dinero del narcotráfico en unas elecciones.

Sobre los asesinatos de periodistas, FECOLPER señaló que de los 7 homicidios reportados, 2 se atribuyen al ejercicio de la labor informativa. El primero de ellos es el de Clodomiro Castilla, reconocido por sus denuncias de la influencia paramilitar en el departamento de Córdoba. Este asesinato fue contundentemente calificado por una periodista como un “crimen en las entrañas de la seguridad democrática“, recordando que ‘Seguridad Democrática’ fue el nombre dado por el expresidente Álvaro Uribe a su política de orden público.

El segundo asesinato es el del periodista indígena Rodolfo Maya Aricape, miembro de una emisora comunitaria, desde donde denunciaba los atropellos de todos los grupos armados que operan en el territorio ancestral.

Sobre los otros 5 casos FECOLPER hace la siguiente advertencia: “Los restantes casos (cinco), aún cuando no se ha establecido cuál fue su motivación o móvil -dado que la autoridad judicial competente aún no se ha pronunciado al respecto-, fueron consignados en este informe, pues, con frecuencia, los intolerantes disfrazan los crímenes de periodistas para evitar la exposición a través de los medios de comunicación y las presiones para que se realicen investigaciones efectivas”.

No menos inquietante es ver el análisis de los presuntos responsables de estas agresiones. El primer lugar lo ocupa la fuerza pública, seguida por funcionarios o ex funcionarios públicos. Estos dos sectores suman el 50,5% del total de los autores de las conductas violatorias a la libertad de expresión. Esta estadística puede servir para diagnosticar el evidente desprecio por quienes detentan alguna clase de poder frente a la libertad de expresión.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tituló su informe ‘El olvido de la justicia‘, en una clara referencia a la impunidad imperante por los casos de asesinatos de periodistas.

El análisis presentado por la FLIP hace énfasis en las elecciones presidenciales y parlamentarias, procesos judiciales contra los responsables de los seguimientos ilega­les del DAS (policía secreta dependiente de la Presidencia de la República) y los pocos avances contra la impunidad en los crímenes contra periodistas. Sobre la impunidad, afirma la FLIP que hasta hoy sólo hay “5 sentencias condenatorias a autores intelec­tuales por homicidios a periodistas de un total de 138 casos desde 1977; además, el 40% de estos casos están ‘ad portas’ de la prescrip­ción”.

Adicionalmente, la FLIP abarca el problema de la censura indirec­ta, como consecuencia de la falta de regulación de la pauta publicitaria, el acoso judicial a los periodistas y la misma impunidad.

Esta organización no gubernamental registró durante el año pasado 120 violaciones con un total de 151 víctimas. Sobre los dos homicidios y 51 amenazas reportadas, señala la FLIP que en ninguno de estos casos existe una actuación procesal relevante. Aclara más adelante que las cifras reportadas “no representan la totalidad precisa de violaciones, ya que el sub-registro y la falta de denuncia por parte de periodistas agredidos siguen siendo considerables”.

Han persistido y aumentado conductas como el acoso judicial y la obstaculización directa al ejercicio profesional, con el fin de evitar que los/as periodistas investiguen y difundan información de interés público

De nuevo surge el tema de la autoría de las agresiones. “En cuanto a los presuntos autores de las violaciones, la FLIP continúa registrando con preocupación el elevado número de ata­ques por parte de funcionarios públicos”.

Contrario a lo reportado por FECOLPER, la FLIP afirma que han disminuido las agresiones: “Teniendo en cuenta las 157 violaciones a la libertad de prensa registradas en 2009 es importante resaltar que hubo una reducción a 120 en 2010”. Sin embargo, atribuye este fenómeno a la desconfianza en la administración de justicia, que desincentiva las denuncias, además de la autocensura por la difícil situación de orden público en algunas regiones del país.

Bajo el subtítulo ‘DAS, avances jurídicos y la impunidad del asilo’, la FLIP se refiere al avance en las investigaciones por las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de periodistas, atribuidas al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este hecho es calificado como “un atentado direc­to a la democracia, las instituciones y la prensa libre de Colombia”. Señala más adelante que “Desde el DAS se construyeron estrategias de desprestigio en contra de reporteros e incluso se llegó a amenazarlos directamente”.

A pesar de los avances judiciales, la FLIP manifestó su preocupación por el asilo otorgado por el gobierno de Panamá a María del Pilar Hur­tado, ex-directora del DAS, al considerar que esta situación podría obstruir el avance de la justicia.

Tanto la FLIP como FECOLPER presentan un panorama preocupante para la libertad de prensa en cuanto a la seguridad física e independencia de los periodistas. Queda en el aire una pregunta: ¿cuál es el papel de las empresas de la comunicación en la protección a los periodistas? ¿El afán del éxito económico tiene en cuenta la estabilidad laboral y social de los periodistas?


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Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

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