Lunes 26 de septiembre de 2016,
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El BOE sorprende con lo que el Gobierno no cuenta sobre los recortes en Sanidad

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El gasto sanitario se reduce un 15% además de los nuevos 7.500 millones cuando ya era de los más baratos de Europa

Extranjeros legales e ‘ilegales’ ven restringidos sus derechos

El copago se extiende a servicios como el transporte sanitario no urgente

El pasado 20 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 16/2012 que recoge las medidas para reformar el Sistema Nacional de Salud anunciado por el Gobierno el pasado viernes tras el Consejo de Ministros.

Este extenso Decreto-ley modifica multitud de normas jurídicas abarcando desde el derecho a la asistencia sanitaria, a la prestación farmacéutica, la ordenación de las profesiones sanitarias o la catalogación de medicamentos.

Servicios como las prótesis, o el transporte sanitario no urgente, tendrán el mismo copago que los medicamentos recetados

Ciertamente, la actual reforma establece numerosos cambios. El gasto farmacéutico será reducido fundamentalmente a través de una mayor aportación de la ciudadanía. Tan solo aquellas personas que ingresan menos de 18.000 euros al año y no sean pensionistas, continuarán abonando el 40% de los medicamentos recetados. El resto notará la subida. Aquellos que ingresen entre 18.000 y 100.000 euros abonarán el 50% y quienes superen esa renta, el 60%. Los pensionistas, excluidos hasta la fecha del copago farmacéutico, tendrán que pagar el 10% de los medicamentos, hasta un máximo mensual de 8 euros si ingresan menos de 18.000 euros, 18 euros si superan esa cifra pero es menor de 100.000 y 60 euros si superan esta última cantidad. Tan solo quedarían exentos los afectados de síndrome tóxico y de ciertas discapacidades, los perceptores de rentas de integración social y aquellos que reciben pensiones no contributivas.

Pero lo que muchos expertos consideran el cambio más importante es la consideración de asegurado de aquellas personas que necesiten utilizar el sistema nacional de Salud. La palabra ciudadano no aparece en ningún momento en el texto. Hasta la fecha era la ciudadanía la que estaba ligada al derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica. A partir de ahora ese derecho se liga al ‘asegurado‘ y este concepto, a su vez, a la condición de contribuyente por medio de trabajo, pensión o prestación.

Para tener acceso al sistema nacional de salud se ha de ser trabajador por cuenta propia o ajena, pensionista, percibir una prestación periódica (por ejemplo, la prestación por desempleo) o haber agotado la prestación por desempleo y estar inscrito como demandante de empleo.

Como se da la circunstancia de que solo se puede ser beneficiario de un asegurado el conyuge y los hijos menores de 26 años, el resultado es que muchas personas pueden verse excluida de la asistencia sanitaria. Aquellos jóvenes mayores de 26 que no hayan accedido a un primer empleo no tendrán derecho a utilizar el sistema público gratuitamente, a no ser que pruebe que sus ingresos no superen un mínimo determinado. Si los superan, deberán pagar. El mínimo aún no ha sido establecido, o dado a conocer.

Los inmigrantes ‘sin papeles’ pierden su derecho de acceso a la sanidad, y los europeos ven restringido su derecho de residencia

Hay otros colectivos que pueden salir perjudicados. Las monjas que no hayan cotizado en su vida tampoco tendrán derecho a usar la sanidad pública sin pagar. O los autónomos que siempre lo hayan sido y hayan cesado su actividad, puesto que no se podrían encuadrar en el supuesto de aquellas personas que han agotado la prestación y son demandantes de empleo, puesto que no tienen, en su mayoría, derecho a la prestación de desempleo.

Copago en servicios y reducción de derechos de extranjeros legales e ‘ilegales’

Otra ‘sorpresa’ versa sobre el copago de otros servicios. Además del aumento del copago farmacéutico, otros servicios habrán de ser pagados por el usuario en los mismos porcentajes que los medicamentos recitados. Aparece la cartera común de ‘servicios suplementarios’ y la cartera común de ‘servicios accesorios’. Entre estos, se encuentran las protésis o el transporte sanitario no urgente. Es decir, enfermos con movilidad reducida deberán abonar el 10% (pensionistas), 40% (trabajadores que ganan menos de 18.000 euros), 50% (los que ganan entre 18.000 y 100.000) y el 60% (más de 100.000). Por ejemplo, se puede dar el caso de que una persona que se encuentra desempleada y necesite que le transporten para recibir diálisis deba abonar el 40% del servicio.

Las restricciones al acceso a la sanidad pública y gratuita continúan con los españoles residentes en el extranjero, los extranjeros comunitarios o los extranjeros ‘sin papeles’. Estos último dejan de tener derecho a la sanidad, salvo maternidad, pediatria y urgencias.

En el caso de los españoles residentes en estados no miembros del Espacio Económico Europeo, solo tendrán derecho a asistencia sanitaria gratuita cuando sean trabajadores por cuenta ajena y el estado de procedencia no cubran la cobertura. Lo ‘no trabajadores’ no son mencionados.

Con respecto a las ciudadanos de países de la Unión Europea o del EEE, se restringe su derecho de residencia en España. Solo podrán permanecer más de tres meses si cumplen alguno de los siguientes requisitos: estar trabajando en España, disponer de recursos suficientes y tener contratado un seguro o ser estudiante y contar con un seguro. Es decir, solo tendrán derecho a la utilización del sistema nacional de salud si son trabajadores. Los únicos trabajadores que mantendrán el recién creado estatus de ‘asegurados’ si pierden su trabajo serán aquellos serán aquellos que sufran una incapacidad temporal (por accidente o enfermedad), los que hayan quedado en paro involuntario tras al menos un año trabajando, los que perdiendo su trabajo de manera involuntario y habiendo trabajado menos de un año, sean demandantes de empleo (solo serán ‘asegurados’ durante seis meses) o si sigue una formación profesional.

Hasta 2009, la mejor sanidad y de las más baratas

Hasta 2009 (últimos datos disponibles en Eurostat) la sanidad española tenía un gasto per cápita en salud muy inferior a países europeos como Francia, Alemania, Bélgica o Irlanda, solo superior a Portugal, y al nivel de Italia o Gran Bretaña.

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En términos relativos, es decir, expresado como porcentaje del gasto del Gobierno, España gasta un 15,2%. Hasta 2009 se encontraba en la media de los países de nuestro entorno, por debajo de países como Alemania, Francia, Irlanda o Portugal.

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En los últimos presupuestos generales el Gobierno ha reducido un 15,01% la partida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a lo que hay que sumar ésta nueva reforma que pretende reducir el gasto sanitario y farmacéutico en otros 7.500 millones de euros, con medidas como las descritas y otras como los planes de ahorro energético de los hospitales o la compra conjunta por las Administraciones autonómicas de medicamentos, también recogido en el último Decreto-ley del Gobierno.

Gráficos: elaboración propia (fuente: Eurostat)

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