Jueves 08 de diciembre de 2016,
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El canon por préstamo en bibliotecas: motivos para el no

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Día del Libro: Reportaje en profundidad

La ley vigente en España que exime del pago a entidades sin ánimo de lucro e instituciones culturales no choca con la directiva europea a la que se refieren las entidades gestoras de derechos de autor para reclamar 20 céntimos por cada libro prestado.

En diciembre el Tribunal Europeo de Justicia ordenó al Estado Español aplicar la directiva que obligaría a las bibliotecas a pagar por préstamo a las entidades gestoras de derechos de autor
Hoy es Sant Jordi, día del Libro. Precisamente en una jornada como hoy, en que las administraciones públicas realizan un intenso trabajo de promoción cultural, pocos hablan sobre el canon sobre el préstamo en bibliotecas.

En diciembre del año pasado, el Tribunal de Justicia Europeo condenó al Estado Español a trasponer la directiva europea 92/100/CEE en su legislación.
Esta directiva europea obliga a las bibliotecas a pagar por prestar los
libros a los lectores, en concepto de “derechos sobre la propiedad
intelectual”, una cantidad esitpulada, a las entidades gestoras de los
derechos de autor.

Sin embargo, la vigente Ley de la Propiedad Intelectual, en su artículo 37.1, exime el pago de canon por derechos de autor a entidades sin ánimo de lucro e instituciones de carácter cultural o científico

Esta disposición, que perjudica claramente a la
cultura en uno de los países con el índice de lectura más bajo de la
UE, será incorporada en la futura Ley del Libro, la Lectura y las Bibliotecas,
que se encuentra actualmente en fase de estudio en la Comisión de
Cultura del Congreso de los Diputados. Es decir: de los ya de por sí
escasos presupuestos de que disponen las bibliotecas públicas
españolas, una parte del mismo tendrá que ir destinada a pagar a las entidades gestoras de derechos de autor (SGAE y similares), 20 céntimos por cada préstamo realizado.

Sin embargo, la legislación española, en la vigente Ley de la Propiedad Intelectual, en su artículo 37.1, exime el pago de canon por derechos de autor a entidades sin ánimo de lucro e instituciones de carácter cultural o científico. Este marco legal no entra en contradicción con la directiva 92/100/CEE sobre venta, alquiler y préstamo, donde se establece en su artículo 5 la posibilidad de que cada Estado miembro determine libremente la remuneración por el préstamo de obras en función de sus propias políticas de promoción cultural, otorgándoles la potestad de eximir a determinados establecimientos de dicho pago, incidiendo en la importancia de los servicios de préstamo que ofrecen las instituciones públicas.

España es uno de los países europeos con menos gasto social en
bibliotecas, y también uno de los más atrasados en cuanto a indicadores
de lectura, por lo que se pide una moratoria en el canon de al menos 50 años o hasta alcanzar los niveles europeos

El Gobierno del Estado Español traspuso la polémica directiva en la Ley de la Propiedad Intelectual de 1994 (luego reformada en el texto refundido de 1996) y acogiéndose a la posibilidad que ofrece el artículo 5.3, dejó a las bibliotecas exentas del pago de un canon por los préstamos que realizan.

España es uno de los países europeos con menos gasto social en bibliotecas, y también uno de los más atrasados en cuanto a indicadores de lectura, motivo por el cual varios parlamentos autonómicos y gobiernos municipales han reclamado al Gobierno de España que solicite una moratoria de 50 años, o bien hasta que España haya alcanzado los indicadores de la media de los países europeos más avanzados.


Esta nueva medida de mercantilización de la cultura
supondrá la consideración de las bibliotecas y los centros públicos de información como entidades comerciales y no como instituciones culturales, necesarias para el desarrollo de los ciudadanos y el ejercicio del derecho a la educación (gratuita y universal), la información y la lectura que la Constitución Española reconoce.

Esta nueva medida de mercantilización de la cultura
supondrá la consideración de las bibliotecas y los centros públicos de
información como entidades comerciales y no como instituciones
culturales, lo cual va en contra de la propia Cosntitución

 

La filosofía de la directiva 92/100/CEE introduce una lógica mercantilista en el mundo cultural y contradice el espíritu de organismos culturales internacionales. El artículo 8 de la Declaración Universal de la UNESCO spbre la diversidad cultural (2005) dice que debe prestarse una atención particular a los bienes y servicios culturales, y que no deben ser considerados como mercancías o bienes de consumo como los demás
.

Esta directiva supone un paso adelante en la ofensiva neoliberal de privatizar los servicios públicos, ya que los derechos de autor ya están recogidos en el precio de venta de libros y otros materiales. Esta lógica mercantil proviene, sobre todo, del entramado jurídico que va construyendo la Organización Mundial del Comercio, especialmente a través del Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). El proceso impulsado conduce a la privatización de los servicios públicos y, en definitiva, a seguir avanzando en un proyecto social de gran envergadura: toda actividad humana debe ser mercantilizada, declarando obsoletos conceptos como bien público o bien común.

Esta lógica mercantil proviene del entramado jurídico que va construyendo la Organización Mundial del Comercio,
especialmente a del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad
Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)

“¿A qué esa preocupación por las nuevas tecnologías como peligro para la lectura de libros, si luego lo primero que hacemos es darle una patada en la boca a los que se preocupan porque la gente lea? (…) Si con la que está cayendo ponemos más difícil aún la vida de las bibliotecas, es que somos unos suicidas culturales. Quisiera nombres de los autores que quieren cobrar por el préstamo y de las editoriales que apoyan una medida tan miserable (…) bastardos intereses económicos de unos pocos frente a toda la sociedad ” (Andrés Aberasturi).

Nota a pie de página: Los autores españoles no están reivindicando un pago por el préstamo de sus libros (más bien al contrario: firman manifiestos en contra del canon a las bibliotecas), sino que son las sociedades de gestión las que los reclaman, y las que se encargarán de distribuirlo después entre sus afiliados, pero actualmente sin mecanismo de control de su gestión que garantice que los autores recibirían la compensación que les correspondería, ni tampoco sabemos qué ocurriría con los autores que no están inscritos en ninguna sociedad de gestión, como la SGAE.

“¿Se quiere fomentar la lectura? ¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos? No entiendo a esa Europa mercantil” (José Luis Sampedro).

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