Miércoles 18 de enero de 2017,
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El Defensor del Pueblo denuncia la pasividad de los ayuntamientos ante la contaminación acústica

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Múgica registró continuas quejas por contaminación acústica en proximidades de Madrid-Barajas

(Servimedia) El informe del Defensor del Pueblo, que hoy presentó el titular de esta
institución, Enrique Múgica, denuncia la pasividad y falta de
conciencia de los ayuntamientos con respecto a las quejas que los
ciudadanos presentan en materia de contaminación acústica.

La
dificultad de enfrentarse a la falta de civismo de algunas personas y
la descoordinación entre departamentos municipales son otras de las
críticas que esta institución hace a la gestión de los consistorios, en
cuanto a las citadas quejas por ruido.

En cuanto al ruido aeroportuario, “la Administración de Infraestructuras opta por contaminar primero y reparar después”.

El ruido aparece en cuanto una instalación se pone en servicio,
mientras que su corrección y reparación tardan mucho tiempo. Las quejas
“siguen llegando continuamente a esta institución, principalmente por
la actividad aeroportuaria en Madrid- Barajas“.

Fiestas patronales y espacios naturales

El informe de Múgica también da fe de
las “graves molestias y alteraciones del discurrir de la vida vecinal
que ocasiona la celebración de las fiestas patronales”, y denuncia que
la Administración suele dar dichas molestias por buenas, al entenderlas
como un mal imposible de evitar.

El Defensor del Pueblo “”no puede aceptar que se tenga como regla general el comportamiento no cívico durante las fiestas patronales”

En este sentido, el Defensor del Pueblo “no puede aceptar que se tenga como regla general el
comportamiento no cívico durante las fiestas patronales” ni “que
hayamos de resignarnos a que, durante unos días al año, la vida en los
aledaños de las fiestas sea una tortura, como expresivamente dicen
algunas quejas”.

Por otro lado, la línea de investigación
iniciada en 2005 por esta institución, sobre la gestión del turismo
suscitado por los espacios naturales protegidos, ha vuelto a centrar el
trabajo en esta materia durante 2006.

“no es raro que las administraciones competentes aprueben la ejecución de obras públicas y autoricen (e incluso fomenten) usos y acciones dentro del espacio o en sus zonas adyacentes poco adecuados a la conservación de los valores naturales que un día justificaron la declaración como tales”

Las investigaciones
siguen reflejando que “no es raro que las administraciones competentes
aprueben la ejecución de obras públicas y autoricen (e incluso
fomenten) usos y acciones dentro del espacio o en sus zonas adyacentes
poco adecuados a la conservación de los valores naturales que un día
justificaron la declaración como tales”.

“Lo peor es que, a
menudo, lo hacen invocando razones pretendidamente conservacionistas,
que en realidad ocultan la búsqueda de oportunidades de desarrollo
económico para la zona, que sirvan para rentabilizar al máximo la
existencia de un espacio protegido“, añade.

La mayor parte de
las quejas acerca de la costa natural que llegan al Defensor del Pueblo
puede dividirse en dos tipos generales: particulares que protestan,
generalmente contra el Ministerio de Medio Ambiente, por deslindes que
consideran irregulares y grupos ecologistas que pretenden actuaciones
más ambiciosas en la recuperación de costas degradadas, o en impedir
ocupaciones nuevas (urbanización y edificación del litoral).

Por último, el Defensor del Pueblo “viene señalando en los últimos años
la existencia de un número importante de edificaciones y en general
ocupaciones ilegales
en el dominio público marítimo-terrestre, muchas
veces ya con orden de demolición que, sin embargo, no es ejecutada, es
decir que no se acomete la demolición física”.

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