Domingo 04 de diciembre de 2016,
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El Gobierno justifica ante la ONU que la policía identifique a ciudadanos por motivo de su raza

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El comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas analiza el caso de una española de origen afroamericano a quien la policía admite que identificó por su origen étnico

(SM / RB) El Gobierno español respalda y defiende la identificación de personas
de raza o etnia foráneas en el texto de alegación que ha presentado
ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El comité
analiza el caso de Rosalind Williams Lecraft, española de origen
afroamericano, a la que la policía solicitó identificación por su
origen étnico y dentro de las labores de control de la emigración
ilegal.

El caso llegó a la ONU en forma de demanda tras agotar todas las vías de recurso en España

En una nota hecha pública por las la organizaciones
Women’s Link Worldwide , S.O.S. Racismo-Madrid y la Iniciativa Pro
Justicia del Open Society Institute
, Fundación del magnate de las finanzas George Soros, se critica la actitud del
Ejecutivo en relación con este caso, que tras agotar la vía del recurso
en España, llegó hasta las Naciones Unidas en forma de demanda
presentada en septiembre de 2006.

Sucedió en 1992, cuando Williams fue identificada por un agente de la Policía Nacional quien admitió tener la orden de seguir criterios de “apariencia física”

Los hechos

Los hechos que originaron
esta demanda se remontan a 1992 cuando, en la estación ferroviaria de
Valladolid, Rosalind Williams Lecraft fue requerida para su
identificación por un oficial de la Policía Nacional. Williams cuestionó los criterios policiales por los cuáles sólo a ella
se le solicitaban los documentos de identidad, mientras que eran
eximidos sus familiares, todos blancos, que le acompañaban.

El policía explicó que a él le habían ordenado identificar a personas
“como ella”, añadiendo que, “su obligación era identificar a personas
que por su apariencia, pudieran estar ilegalmente en el país”.

Esta actuación dio lugar a una demanda judicial que, tras sucesivas
apelaciones, recayó en el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal
pronunció una sentencia en la que se establece que la policía puede
realizar controles de identidad basados en determinadas características
físicas o étnicas por considerarlas razonablemente indiciarias del
origen no nacional.

Tras este pronunciamiento las tres
organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda ante el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alegando que la
sentencia era contraria al derecho internacional en materia de
discriminación.

El Gobierno argumenta que la identificación se hizo de un modo
“respetuoso y cortés” y que no la han vuelto a molestar en los últimos 15 años

Se trataba del primer caso presentado ante un
organismo internacional en el que se cuestionaban los controles
policiales basados en las características físicas o étnicas.

El Comité aceptó la demanda y requirió al Gobierno de España para que
hiciera alegaciones. La argumentación oficial española contradice
principios legales establecidos y vulnera varias de las garantías
democráticas exigibles a un estado de derecho, según las ONG.

Los argumentos del Gobierno

Por ejemplo, indican, el Gobierno español señala en su descargo que “la
señora Williams no parece haber sido objeto de nuevos controles
policiales en los quince años que median desde 1992”, razonamiento que,
por una parte, elude pronunciarse sobre los hechos denunciados y, por
otra, parece sugerir que sólo la repetición de un abuso o atropello
debería motivar su sanción.

Asimismo, el escrito asegura que
en la actuación policial no hubo “intención de discriminar”, lo cual ha
obligado a la demandante a recordar al Comité que la intención resulta
irrelevante a la hora de valorar y probar un hecho de discriminación,
tal como aparece recogido en la jurisprudencia de ese Tribunal.

“Respetuoso y cortés”

El Gobierno también argumenta que la identificación se hizo de un modo
“respetuoso y cortés”. Este argumento permite suponer que los Estados
podrían violar los derechos humanos, siempre que lo hiciesen de un modo
“respetuoso” y “cortés”.

También dice el Ejecutivo que es “indiscutible” que hoy por
hoy, “y más aún en el año 1992, las personas de raza negra son
relativamente raras entre la población española”

Por último, indica la nota de
prensa, la respuesta oficial alega que “es indiscutible que hoy por
hoy, y más aún en el año 1992, las personas de raza negra son
relativamente raras entre la población española, como lo es que, en los
últimos tiempos, uno de los orígenes importantes de la inmigración
ilegal hacia España es del África Subsahariana”.

Para las
organizaciones impulsoras de la demanda, es evidente que aunque el
control de inmigración es legitimo para un Estado, éste debe de ser
llevado a cabo “respetando los derechos humanos y libre de
discriminación por motivos de raza, etnia, género, nacionalidad, etc”.

El caso está ahora pendiente de sentencia.

Recursos:

Nota de prensa conjunta de los denunciantes ante la ONU, PDF

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