Lunes 24 de julio de 2017,
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El PP recurre al Constitucional las candidaturas paritarias impuestas por la Ley de Igualdad

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Argumentan que puestos a reclamar discriminaciones positivas  debería
hacerse también con otras categorías como ancianos, jóvenes o
discapacitados

El texto del recurso argumenta que “el legislador electoral debe ser neutral respecto al sexo, raza, edad o religión, teniendo vedada toda discriminación, negativa o positiva, basada en tales circunstancias”
(Servimedia) El Partido Popular ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el precepto de la Ley de Igualdad que impone las candidaturas electorales paritarias y que establece que éstas no incluyan a más del 60% ni menos del 40% de personas del mismo sexo.

El texto del recurso argumenta que “el legislador electoral debe ser neutral respecto al sexo, raza, edad o religión, teniendo vedada toda discriminación, negativa o positiva, basada en tales circunstancias”.

El PP estima que, puestos a reclamar discriminaciones positivas en la legislación electoral, “con igual razón podrían exigir ese beneficio otras categorías o segmentos sociales: los ancianos (cada candidatura debería reservar un porcentaje de puestos a candidatos mayores de 65 años), los jóvenes, los discapacitados y así sucesivamente”.

El PP se muestra  convencido de que “la categoría de ciudadano, a efectos de elegibilidad, es una e indivisible y que el legislador carece de base jurídica para crear diferencias”

Eso conduciría, avisan, a “la disolución del interés general en un conjunto de intereses parciales o de categoría, más cercanos al corporativismo de regímenes antidemocráticos que a la libertad de la democracia representativa”.

Para el PP, “resulta constitucionalmente prohibido quebrar la igualdad jurídica de los elegibles en nombre de la promoción social de la mujer, del hombre, del anciano, del discapacitado, del joven, de marginado o de la minoría cultura o religiosa, por valiosa y deseable que pueda ser la mejora de su condición”.

El PP se muestra igualmente convencido de que “la categoría de ciudadano, a efectos de elegibilidad, es una e indivisible y el legislador carece de base jurídica para crear diferencias internas dentro de esta categoría”.

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