Miércoles 02 de abril de 2014,
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‘Fusil o Toga. Toga y Fusil’, un aporte a la verdad sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

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El sacerdote jesuita Javier Giraldo presentó el libro ‘Fusil o Toga. Toga y Fusil‘, como un esfuerzo para que el mundo conozca la verdad sobre la violencia ejercida contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Los medios de comunicación y el aparato judicial no han sido efectivos a la hora de reivindicar la verdad de estas víctimas de la intolerancia

Ante la vergonzosa lista de derechos fundamentales vulnerados a los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los mecanismos implementados para su silenciamiento, el 9 de septiembre de 2010 fue presentado ante un grupo de periodistas el libro ‘Fusil o Toga. Toga y Fusil‘, del sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno. Según Giraldo, este libro registra “la historia del sufrimiento de una comunidad colombiana concreta, que ha optado por no dejarse involucrar en la guerra contra su voluntad y que ha sido objeto de los más brutales métodos de represión, dentro de un Estado que dice llamarse ‘Democrático’ y ‘De Derecho’, gracias a los patrones vigentes de encubrimiento de la realidad real“. Los dineros recolectados por la venta de los ejemplares de este libro serán destinados a la construcción del Parque Monumento a la Memoria de las Víctimas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

San José de Apartadó es una pequeña población del departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia. Su historia reciente está marcada por la agresiva reacción estatal y paramilitar, luego de la creación de la Comunidad de Paz. Esta respuesta a la violencia ejercida por los actores armados que se disputan los corredores estratégicos de la región fue sugerida por el obispo Isaías Duarte.

La propuesta consistía en crear una comunidad neutral regida por los principios del Derecho Internacional Humanitario. De esta manera, los habitantes de esa zona que se resistieron al desplazamiento forzado elaboraron un reglamento que evidencia su determinación de no tomar parte activa del conflicto, impidiendo el paso de armas o la colaboración con cualquiera de los ejércitos enfrentados.

La reacción del ejército y los paramilitares se tradujo en bombardeos, retenes ilegales y masacres. Los asesinatos y toda clase de intimidaciones persisten, no sólo contra los integrantes de la Comunidad de Paz, sino también contra quienes apoyan su labor, como el mismo sacerdote Giraldo. Uno de los hechos más dramáticos fue la masacre de ocho personas y la mutilación de sus cadáveres en febrero de 2005. Cuatro de las víctimas eran menores de edad. Por estos hechos fueron llevados a juicio 10 miembros de la Brigada XVII del ejército.

La lucha contra la estigmatización y la impunidad no ha contado con el apoyo necesario de los colombianos. La desinformación proveniente de las grandes empresas mediáticas e inclusive de las emisoras locales se combina con la responsabilidad del Estado colombiano frente a esta tragedia y la desatención de las acciones emprendidas desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Como muestra de la perversidad del discurso de la guerra, los integrantes de la Comunidad de Paz han sido acusados de colaborar con la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero cuando son víctimas de asesinatos, se adjudica esa responsabilidad a las FARC. Sin embargo, hoy se conoce la alianza de los grupos paramilitares de derecha y el ejército para cometer estos homicidios. Por esto, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se enfrenta a la ‘toga’ que criminaliza o al ‘fusil’ que asesina.

Lucha contra las calumnias y la desinformación
“Al menos tres décadas de contacto directo con las víctimas me han llevado a la convicción profunda de que la verdad de los medios y la verdad judicial se ubican a enormes distancias de la verdad real y están infestadas por elevadas dosis de mentira”. Así expresa Javier Giraldo la manipulación mediática y la desinformación sobre lo que viene ocurriendo en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Diferentes medios de comunicación dieron amplia difusión a las acusaciones que desde los sectores oficiales se hacían en contra de los campesinos de la Comunidad. Sin embargo, al momento de probarse judicialmente la falsedad de estas acusaciones, los medios no ofrecieron la rectificación pertinente.

La prensa internacional no fue ajena al juego de la desinformación. En diciembre de 2009 The Wall Street Journal publicó el artículo ‘The FARC and the ‘Peace Community‘. La reacción a ese artículo provino del propio sacerdote Giraldo y de diferentes organizaciones de derechos humanos, mas no del Estado ni de las grandes empresas mediáticas colombianas.

Algo que ya no sorprende pero sigue atemorizando, es el efecto de las declaraciones del entonces Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En mayo de 2004 y marzo de 2005 Uribe acusó a la Comunidad de “obstruir la justicia; de rechazar la fuerza pública; de prohibir el comercio de artículos lícitos; de coartar la libertad de los ciudadanos residentes en la comunidad y de auxiliar, a través de [sus] líderes, patrocinadores y defensores, a las FARC “, declaraciones que fueron ampliamente difundidas en diferentes medios de comunicación. En aproximadamente 18 derechos de petición, le han suplicado a Uribe cesar la persecución de exterminio contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y restituirles la honra y buen nombre, “gravemente afectados por las calumnias que profirió por todos los medios masivos de información (…), apoyándose en falsos testigos reclutados por la Brigada XVII“. Por las declaraciones de Uribe se abrió el expediente 1712 en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El pasado 17 de agosto, un Congreso mayoritariamente oficialista, decidió archivar el expediente, dejando libre de toda responsabilidad al ahora catedrático de la Universidad de Georgetown.

Tres décadas de contacto directo con las víctimas me han llevado a la convicción profunda de que la verdad de los medios y la verdad judicial se ubican a enormes distancias de la verdad real y están infestadas por elevadas dosis de mentira

Estas situaciones impulsaron aún más la iniciativa del sacerdote Giraldo para publicar ‘Fusil o Toga. Toga y Fusil‘. Durante la presentación del libro, Giraldo afirmó que espera que este libro sea un material de apoyo para los periodistas.

Derecho de acceso a la información
En medio de esta lucha contra la impunidad, uno de los logros de la Comunidad es obtener la garantía de su derecho de acceso a la información. Sin duda alguna, este precedente marcará la pauta en innumerables casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia.

Con la sentencia T-1025 de 2007, la Corte Constitucional colombiana señaló que es deber del Estado suministrar la información que posee y que se relaciona con los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Previamente, Javier Giraldo había solicitado conocer los nombres de militares y policías que se encontraban en lugares determinados, fechas y horas precisas, para impulsar las investigaciones por los asesinatos a miembros de la Comunidad. Las Fuerzas Armadas negaron esta información, pero a través de este fallo de tutela se dio la razón a las peticiones de información.

Uno de los apartes de la sentencia asevera: “Independientemente de la cifra de homicidios que se elija, la conclusión en todo caso es que ha sido asesinado un importante porcentaje de los fundadores de la Comunidad. Esta situación es intolerable para un Estado que en su Constitución Política se ha comprometido con la vigencia y protección de los derechos de todas las personas“.

Contextos o coincidencias
El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó merece un capítulo específico en la memoria de los colombianos y en la reflexión del mundo entero. La efectividad de las medidas internacionales de protección es un tema de necesaria evaluación. A pesar de la existencia de medidas provisionales ordenadas por la

Uno de los hechos más dramáticos fue la masacre de ocho personas y la mutilación de sus cadáveres en febrero de 2005 por parte de efectivos del ejército. Cuatro de las víctimas eran menores de edad

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la terquedad estatal sigue cobrando víctimas. Mientras tanto, la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional se dilata por asuntos presupuestales de este tribunal internacional.

Queda pendiente también la colaboración de los aparatos judiciales de otros países. La violencia contra la Comunidad de Paz fue financiada en parte por los aportes económicos hechos desde compañías bananeras como la multinacional Chiquita Brands y otras empresas privadas.

Por otra parte, es urgente una profunda reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y su influencia en la indiferencia de la opinión pública colombiana, frente a la tragedia de quienes no creen en las armas como instrumento de gobernabilidad.

A propósito de gobernabilidad y corriendo el riesgo de salir del tema central de este artículo, no se puede pasar por alto que ocho años después de la operación Orión en Medellín, se está fabricando el entramado para justificar una nueva incursión militar en las Comunas. ¿Acaso esta clase de iniciativas militares en Antioquia son la cuota inicial para garantizar la gobernabilidad en Colombia?

Mientras tanto, la ONU manifiesta su preocupación por la lentitud en la investigación por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’.

Es aún largo el camino a recorrer para que se garantice la independencia y transparencia total del aparato judicial y para que las fuerzas armadas cumplan el papel que la Constitución les asignó en la defensa del orden constitucional.

Bienvenido el libro del padre Javier Giraldo a esta lucha contra el olvido.

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
Derecho ciudadano a la información’


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Sobre el autor

Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

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