Miércoles 26 de julio de 2017,
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Human Rights denuncia la explotación en las obras de los JJ.OO. de Pekín

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Estadio olímpico de Beijín (esmas.com)

Las empresas los explotan y el Gobierno les niega derechos sociales, según un amplio informe de la ONG

Según la ONG, estos obreros trabajan en condiciones peligrosas, sin
seguro contra accidentes ni acceso a atención médica, y con salarios
inferiores al salario mínimo

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado las condiciones de explotación que sufren los trabajadores empleados en las obras de los Juegos Olímpicos de Pekín, en su informe ‘Un año de mi sangre ‘.

Human Rights asegura que en ocasiones, las empresas les retienen el sueldo y no pueden protestar porque carecen de los derechos de asociación y huelga

Según la ONG, estos obreros trabajan en condiciones peligrosas, sin seguro contra accidentes ni acceso a atención médica, y con salarios inferiores al salario mínimo. En ocasiones, las empresas les retienen el sueldo y no pueden protestar porque carecen de los derechos de asociación y huelga.

La gran mayoría de estos obreros, alrededor de un millón, proceden de zonas rurales de China y sufren una doble discriminación: por parte de las empresas, que los explotan laboralmente, y por parte del Estado, ya que no cuentan con los mismos servicios sociales que los de la capital, señala el informe.

Esta discriminación social es debida a una arcaica política de registro de hogares, llamada ‘hukou’, diseñada para prevenir y controlar el flujo masivo de personas del medio rural en las grandes ciudades chinas.

En un comunicado de la organización, Sophie Richardson, responsable para Asia de Human Rights, ha afirmado que si el Gobierno chino “quiere realmente proteger los derechos de los trabajadores migrantes, debe empezar por abolir el sistema hukou”. Sin embargo, las autoridades han optado por conceder permisos temporales de residencia a los trabajadores migrantes, “perpetuando así un sistema discriminatorio”.

Human Rights recuerda que China ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que le obliga a “garantizar condiciones laborales justas y favorables a sus trabajadores”. A pesar de ello, la ONG afirma haber documentado numerosos abusos por parte de las empresas.

La organización resalta que en ocasiones “quienes protestan se enfrentan a amenazas de violencia, que a veces son mortales”, por parte de matones contratados para romper huelgas. “Más promesas vacías del gobierno sólo garantizarán más riesgos, más lesiones y más muertes”, ha denunciado Richardson.

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