Sábado 03 de diciembre de 2016,
Bottup.com

¿Hacia el estallido social en España?

1 punto2 puntos3 puntos4 puntos5 puntos6 puntos7 puntos8 puntos9 puntos10 puntos (Valora el artículo)

 

OPINIÓN / Muchos apuntan que España reúne ya todos los ingredientes para la tormenta perfecta: paro juvenil, de larga duración, exclusión, pobreza y precariedad laboral

¿Desaparición del ‘colchón vital’?

El Plan Prepara incluye los 400 euros de subvención durante seis meses a los parados que han agotado completamente el subsidio y se prorroga semestralmente desde que fue instaurado por Zapatero en 2011 y es previsible que el Gobierno del PP la prorrogue debido a la presión social, medida que sólo será un parche temporal para evitar el estallido social que se avecina en un futuro mediato.

La nueva prorrogación del Plan Prepara, que significa 400 euros mensuales para los parados de larga duración, será solo un parche temporal

Así, el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio (según UGT, “1.800.000 desempleados no perciben ningún tipo de prestación y la tasa de cobertura está disminuyendo cerca de 15 puntos en dos años”).

Según el economista.es, el coste hasta el 15 de agosto de dicho Plan ha ascendido a 525 millones y se han beneficiado más de medio millón de parados, aunque de prorrogarse la ayuda Hacienda tendría que hacer una ampliación de crédito sobre la partida de este ejercicio y habilitar los Presupuestos del próximo.

Dicho colchón vital se completaría con la Renta Mínima de Inserción (RMI), ayuda pública para personas que no tienen recursos suficientes para atender las necesidades más básicas de la vida y que por lo tanto se encuentran en situación de riesgo, junto con el papel de la solidaridad familiar y de organizaciones no gubernamentales como Cáritas, que serían el último salvavidas de los futuros restos del naufragio económico español.

El colchón de la economía sumergida

“Según un informe elaborado por el instituto Tax Research, que intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal, la economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional, publicaba en abril cadenaser.com.

“Si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo que España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años, según los autores del informe ‘Closing The European Tax Gap‘ encargado por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europe para  analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea”, continua la misma web.

1,8 millones de desempleados no perciben ninguna prestación y la tasa de cobertura ha caído 15 puntos en dos años

Así, el contrabando de tabaco se ha triplicado desde 2010 y representa más del 15% del mercado, según un estudio de la tabacalera Japan Tobacco Interantional que publica eleconomista.es y “según los últimos datos de Aduanas y del Comisionado del Mercado de Tabacos, dicho contrabando equivale a un fraude fiscal de entre 500 y 600 millones de euros al año, en un sector que mueve anualmente unos 12.000 millones”.

Además, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector, “los cigarrillos podrían subir de precio entre 30 y 45 céntimos por cajetilla debido al incremento del tipo general del IVA del 18% al 21%” a a partir del 1 de Septiembre, de lo que se infiere que dicha subida coadyuvará al incremento del contrabando y de la economía sumergida.

Según FUNCAS, hasta 1984 trabajaron en la economía sumergida 1,4 millones de personas, pero entre 2006 y 2010 la cifra se disparó a 5 millones de personas, siendo en definitiva el colchón que hasta ahora ha amortiguado el estallido social que se avecina en un futuro inmediato.

Desafección política

Según laverdad.es, el barómetro del CIS correspondiente al mes de junio colocaba al paro y a los problemas económicos como los principales problemas de España y en tercer lugar se situaba la clase política y los partidos, lo que refleja el descrédito de una clase política que, salvo contadas excepciones, se habría convertido en una camarilla clientelista equivalente a un miniestado dentro del Estado y únicamente preocupados por mantener sus prebendas corporativistas, por lo que en palabras de Santiago Carrillo “la clase política que padecemos está llamando a un nuevo dictador”.

¿Hacia la desobediencia civil?

La economía sumergida ha crecido hasta el 22,5% del PIB, por lo que el estado deja de recaudar casi 73.000 millones de euros al año

Según aparece en Globatium.com, hay una llamada a la “movilización ciudadana a a partir de la cual se inicie el proceso de cambio en el que se deje atrás el régimen vigente y se sienten las bases para una verdadera democracia” y “el próximo 25 de septiembre se llegará a Madrid de forma masiva desde todas partes de España con el fin de rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución, propia de un estado democrático”.

¿Una Generalitat insumisa?

Según elperiodico.com, “el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha reiterado la proximidad del Ejecutivo catalán a los argumentos de la campaña #novullpagar“, que proclama la insumisión a la hora de pagar los peajes de las autopistas que dependen del Estado (incremento del 7,5% en julio), pues considera que dicha subida “es una ofensiva del Gobierno Central contra el Pacto Fiscal”.

Los nuevos ‘Robin Hood’

El diputado de IU, alcalde de Marinaleda, miembro del CUT y del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Juan Manuel Sánchez Gordillo, habría sido citado por la Justicia para declarar sobre el asalto por parte de miembros del SAT a dos supermercados en Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz), acción mediática que sería en realidad un toque de atención para que la sociedad se conciencie de que un importante sector social desprovisto de ayuda pasa hambre (más de 30.000 familias en España), de lo que se deduce que el contrato social habría saltado hecho añicos.

¿Hacia la huelga general?

“Los sindicatos ELA y LAB han convocado huelga general en Euskadi y Navarra para el miércoles 26 de septiembre contra los últimos recortes anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy”, informa elpais.com, convocatoria que sin duda será secundada por el CIG gallego y el CSC catalán.

Desde junio la clase política se sitúa como el tercer problema más importante de los españoles. Casi con seguridad en septiembre se producirá una huelga general

Mientras, los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, sedados por el dinero público (en 2012 recibieron casi 1,3 millones de euros para el desarrollo de programas de formación y de apoyo a la inmigración) se contentan con manifestarle al Rey su convicción de que “es preciso someter a referéndum las políticas económicas y sociales impulsadas por el Ejecutivo“.

Sin embargo, según larazon.es, el plan presupuestario bianual 2013-2014 que el Gobierno ya ha remitido a Bruselas, contempla la «reducción de créditos y permisos sindicales», lo que en la práctica supondrá un ahorro de 150 millones de Euros y una pérdida significativa del poder de dichos sindicatos.

Por su parte, el BCE pronostica que “en un futuro próximo se producirá una acusada caída de la remuneración por asalariado en España como consecuencia de nuevos recortes de los salarios del sector público y del impacto de la reforma laboral en la moderación de las reivindicaciones salariales del sector privado”, decisiones traumáticas que llevará a radicalizarse y provocarán la ruptura del diálogo patronal-sindicatos.

¿Riesgo de estallido social?

Según José Miguel de Elías en elconfidencial.com, director adjunto de la empresa de investigación de mercados y opinión pública Sigma 2, “la ciudadanía sabe que las élites políticas y financieras provocaron la crisis, fueron los beneficiarios de ella, son cómplices en su desarrollo y encubrimiento, y ahora tratan de eludir responsabilidades”.

Se puede recordar que el salario mínimo de un trabajador se sitúa en 642 euros al mes y el de un diputado o senador con dietas y otras prebendas podría llegar a los 6.500 euros y que hace seis años, según un estudio de la consultora de recursos humanos ICSA y el portal Laboris.net publicado en eleconomista.es, los directivos españoles ganarían de media, 173.000 euros brutos anuales y el 10% de los directores generales mejor pagados de las grandes empresas más de 235.000 euros brutos.

En estas circunstancias, De Elías presagia un estallido social, pues “en España se darían ya todas las condiciones de grave deterioro social, necesarias y suficientes para el estallido social: altísimo paro juvenil y de larga duración, población inmigrante en paro y/o exclusión social creciente, marginación ascendente, exclusión en alza, precariedad laboral en ascenso, falta de mínimos personales vitales en nuevos sectores sociales (…) tenemos una población ‘carencial’ de más de un tercio de la ciudadanía”.


Subtítulo, destacados y enlaces

¿Te gustó este artículo? Compártelo

Sobre el autor

Participa con tu comentario