Jueves 08 de diciembre de 2016,
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¿Hacia un nuevo Pacto de Toledo?

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INTERPRETACIÓN / La situación de la actual Seguridad Social necesita urgentemente un nuevo pacto entre los agentes sociales para evitar su colapso en el horizonte de 2020

Según el profesor del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València, Enrique Devesa, el sistema actual “presenta falta de sostenibilidad porque la Seguridad Social ofrece una rentabilidad promedio a todos los cotizantes de casi un 4,5%, lo que significa que las pensiones son elevadas respecto a las cotizaciones que se efectúan al sistema”.

En 2020 habrá seis personas inactivas (jubilados, estudiantes) por cada persona activa

Por su parte, José Ramón Urrutia declara en deia.com que “con una tasa interna de rentabilidad media de adquisición de los activos públicos, que conforman el citado Fondo, del 3,94% al 31 de diciembre de 2011, viendo cómo está evolucionando la cotización de la deuda pública española, y teniendo en cuenta que casi el 90% del Fondo está invertido en deuda soberana emitida por el Gobierno del Estado, las pérdidas por valoración de las ventas podrían superar los 10.000 millones de euros”.

Además, añade que “muchos menos cotizantes con salarios más bajos hacen que los ingresos vayan cayendo y los gastos en pensiones subiendo más del 4% por los nuevos jubilados, provocará que el déficit de la Seguridad Social en 2012 ronde los 6.000 millones de euros”.

Reforma del sistema de pensiones

El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del baby-boom comience a fallecer, dibujándose un escenario insostenible para 2021 en que la ‘tasa de dependencia’, según el INE, crecerá en un 57% (lo que supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados, parados o estudiantes por cada persona activa).

Retraso de la edad de Jubilación

Según larazon.es, “la OCDE recomendó retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”, en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años.

A pesar de ello, como escribe el matemático Luis M. Sáenz, “el Instituto Nacional de Estadística, tomando como fuente Eurostat, el peso sobre el PIB del gasto total en pensiones se ha mantenido estable entre 1990 y 2007, pasando de un 9,1% a un 9%, con un pico del 10,3% en 1996. Según un informe emitido en enero de 2011 por GESTHA, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, en 2010 habría sido un 8,9%”.

Desde el Gobierno se incentiva a la ciudadanía para suscribir planes de pensiones privados. En España las pensiones son un 54,3% inferiores a las de la UE-15

Incentivar el SPP (Sistema Privado de Inversiones)

Desde el Gobierno se esforzarán en convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionista se deberá complementar ‘el sistema de reparto’, fomentando los planes de pensiones individuales según las posibilidades de cada ciudadano, lo que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el momento de su jubilación.

“Para los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), contratar un plan privado de pensiones como complemento a la pensión pública ‘no es la medida más eficaz’ para solucionar el bajo poder adquisitivo de las pensiones en España, máxime si se tiene en cuenta que las pensiones de España son un 54,3% inferiores a las de la UE-15”, publica intereconomia.com.

Instauración del copago sanitario

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado hace unos días que conceder la tarjeta sanitaria con el simple empadronamiento habría costado más de mil millones de euros.

A ello habría que añadir el primer aumento tras 30 años del porcentaje que tendrán que pagar los beneficiarios de la Seguridad Social (que en el caso de los jubilados con pensiones contributivas significará pagar un 10% de los medicamentos), lo que supone la desaparición de otro de los tabúes de la economía española.

Según extraconfidencial.com, “de cada 100 euros que gastan las administraciones públicas, 46,5 euros son transferencias al sector privado, ‘básicamente para pagar pensiones y prestaciones por desempleo’, citando el ‘Informe Económico de junio 2012’ elaborado por el centro de estudios de negocios Esade”, y dado que según europapress, el PIB del segundo trimestre de 2012 cayó el 1,3% en tasa interanual, parece inevitable la instalación del copago sanitario en el horizonte de 2014.

Recortes en las prestaciones de desempleo

Con la instauración del copago sanitario, los jubilados han comenzado a pagar el 10% del precio de los medicamentos

Según el pais.com, “en los primeros siete meses del año el gasto en prestaciones por desempleo ha crecido un 5,4%, hasta los 18.455 millones” y se espera que en 2013 entre en vigor el recorte aprobado en el decreto ley de julio por el que la prestación por desempleo pasará a ser del 50% de la base de cotización en lugar del 60% a partir del sexto mes de percepción.

Aflorar la economía sumergida

“Según un informe elaborado por el Instituto Tax Research, que intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal, la economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional“, publicaba en abril cadenaser.com.

“Si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo que España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años, según los autores del informe ‘Closing The European Tax Gap’ encargado por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo para analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea”, continua la misma web.

De todo ello se deduce la necesidad urgente de un nuevo Pacto de Toledo consensuado entre Gobierno, oposición, patronal y sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto, con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte de 2020.


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