Martes 27 de septiembre de 2016,
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La barbarie vestida de camuflado

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Jenny Torres Jaimes, de 14 años, fue violada, torturada y asesinada el 14 de octubre. Para ocultar este crimen, también fueron asesinados sus hermanos Jimmy y Jefferson de 9 y 6 años respectivamente

Bogotá D.C., Colombia. Esto ocurrió en Arauca, uno de los departamentos más disputados por todos los actores armados del conflicto colombiano. Por estos hechos está detenido un oficial del ejército y seis más fueron destituidos.

Desde que los cadáveres de los niños fueron encontrados, su padre expresó las sospechas que tenía sobre los miembros del ejército que patrullan ese sector. Había mucha prevención en la zona. Otro caso se abuso sexual había ocurrido el 3 de octubre, también en momentos en que hombres uniformados y armados transitaban por la región.

No hubo tiempo para que los ciegos defensores de las estrategias de guerra saltaran de sus escritorios para negar las acusaciones y atribuirlas a campañas de desprestigio contra las fuerzas armadas. En pocos días las pruebas fueron apareciendo. Seis militares adscritos a la unidad operativa de la zona fueron destituidos. Luego, fue capturado el teniente Raúl Muñoz, quien confesó su participación en este crimen. Las investigaciones continúan.

Seis militares adscritos a la unidad operativa de la zona fueron destituidos. El teniente Raúl Muñoz confesó su participación en este crimen

La sociedad reaccionó indignada por estos hechos y el presidente Juan Manuel Santos con varios ministros y militares de alto rango manifestaron su rechazo por estos crímenes, a la vez que empeñaron su palabra para garantizar la investigación y sanción a los culpables. Por su parte, el Senado de la República conformó una comisión de seguimiento a las investigaciones.

A pesar de la información suministrada por algunos medios de comunicación, los militares no han pedido perdón. José Torres, padre de los menores asesinados, dijo que lo que escuchó en una reunión privada con altos oficiales, fue una serie de explicaciones, entre ellas la conocida expresión “se trata de manzanas podridas”. Sigue pendiente el arrepentimiento público por los actos de hombres que se aprovecharon de su condición de militares para cometer estos horrendos crímenes.

Como complemento a la determinación de responsabilidades, por acción u omisión, de todos los militares que estuvieron en el lugar y momento de los hechos, es indispensable saber por qué sucedió esto. ¿No hay un filtro para el escogimiento de los hombres que usarán las armas del Estado? ¿En qué va la salud mental de los militares? ¿Cuántas manzanas podridas hay?

Es inadmisible que además de padecer los abusos de combatientes sobre civiles, se agregue la carga de temer por el desequilibrio mental de algunos de los que tienen el deber constitucional de defender la vida de los colombianos.

Notas al margen
El caso de la violación de dos niñas y el asesinato de tres menores de edad en el departamento de Arauca obliga a la sociedad colombiana a hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la debilidad o indiferencia para juzgar los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en el conflicto armado interno.

¿Cómo asumir la pronta reacción del gobierno y militares?

Podría suponerse que se trata de la reacción de un gobierno que, a pesar de venir de la misma corriente política de Álvaro Uribe Vélez, no quiere cargar con el lastre de dos periodos (8 años) de violaciones a los Derechos Humanos e impunidad. ¿Estrategia política o intenciones verdaderas? Sólo el resultado de las investigaciones por cada hecho que se denuncie y el establecimiento de políticas eficaces en torno al respeto a los Derechos Humanos darán la respuesta.

También podría leerse un mensaje implícito del Gobierno de Juan Manuel Santos a la comunidad internacional. Se trata de la proyección de una nueva imagen que no dé espacio para cuestionamientos por la participación de Colombia en su recién electo papel como nuevo miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sin embargo, la eficacia y rapidez de la respuesta de los mandos militares y de los poderes públicos contrasta con el sinsabor que queda por la indiferencia o en el peor de los escenarios, autoría o complicidad, de altos funcionarios con las más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. La sociedad no puede permitir que se le deslumbre con manifestaciones públicas de rechazo por este crimen y mientras tanto dilatar los juicios por los crímenes sin resolver, cuyos principales sospechosos son funcionarios públicos –políticos y militares–.

La eficacia y rapidez de la respuesta de mandos militares y poderes públicos contrasta con la indiferencia o autoría y complicidad de altos funcionarios con las más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales

Hasta ahora, la deplorable capacidad de olvido sobre los ‘falsos positivos‘ no ha permitido que la sociedad colombiana dimensione la realidad de esta tragedia: civiles asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate, para que los militares obtuvieran recompensas y ascensos. Muchos de los que denunciaron estos hechos han enfrentado amenazas, persecuciones y la estigmatización por parte de los defensores de la gestión del expresidente Uribe.

Hasta el momento no hay una cifra exacta del número de desapariciones seguidas de asesinato de civiles, pero sigue la vinculación judicial de militares a las investigaciones penales.

Es hora de citar a Hannah Arendt: “la ‘banalidad del mal’ no es otra cosa que la ausencia de reflexión moral, que conduce a que determinadas acciones rechazables moralmente, se incrusten en la cotidianidad de la vida y se pueda vivir con ellas como si nada estuviera ocurriendo”[1].

Caricatura tomada de nojota.blogspot.com


[1] ARENDT, HANNAH, EICHMANN en Jerusalén. Estudios sobre la banalidad del mal, Lumen, Madrid, 1999, Cap. 1.. Tomado de Marrero Avendaño, Danny “La responsabilidad moral como mecanismo de impunidad”. En Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° 111: 245-278, enero-junio de 2006


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Sobre el autor

Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

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