Lunes 27 de marzo de 2017,
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La conflictividad en Colombia

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La conflictividad del país ha hecho que el número de desplazados supere los cuatro millones

La conflictividad del país ha hecho que el número de desplazados supere los cuatro millones

Grupos paramilitares, guerrilleros, narcoterrorismo y abusos de grandes corporaciones denunciados por comunidades indígenas: el mapa de la inseguridad de uno de los países que más crece en el subcontinente

El mayor problema de seguridad al que se enfrentan en Colombia es el terrorismo. La inseguridad ciudadana ante una amenaza difusa y confusa que provoca miedo en la población e impotencia en la Administración al comprobar cómo el fenómeno terrorista, lejos de ser arrinconado, se revitaliza una y otra vez dando una impresión de gobierno frágil e infraestructuras vulnerables, no atrae precisamente las inversiones extranjeras. Para colmo de males, la crisis económica global ha impedido llevar a cabo un ajuste presupuestario que permita contrarrestar los efectos negativos del terrorismo poniendo en funcionamiento un sistema defensivo frente al mismo más eficaz, con medios técnicos más avanzados; sin embargo, los grupos terroristas tienen acceso a una financiación procedente principalmente del narcotráfico originándose una simbiosis entre terrorismo y delincuencia organizada a la que se ha dado en llamar narcoterrorismo y que pone a disposición de estas organizaciones unos recursos aparentemente ilimitados gracias al enorme volumen de dinero que mueve el tráfico de drogas.

Las perspectivas económicas de Colombia para 2013 y 2014 son inmejorables, gracias al tirón del creciente consumo interno

Pero las circunstancias parece que cambian y los años 2013 y 2014 se prevén positivos para la economía colombiana según el último estudio realizado por el BBVA Research cuya Unidad de Coordinación LATAM, que cuenta con un equipo en Colombia, publica su estudio periódico de la situación en Latinoamérica. El BBVA es uno de los grandes bancos españoles que a pesar de haber reducido sus ganancias en un 47% en 2012 sigue estando entre las veinte entidades financieras más seguras y solventes del mundo, además de situarse en el puesto 31 del ranking mundial de bancos de mayor capitalización bursátil, superado ampliamente en los dos casos por el Banco Santander, la otra gran entidad financiera española, en el puesto 13. Ambos grandes bancos son líderes en Latinoamérica, de hecho el BBVA es el banco con más recursos en México, así que sus estudios económicos son muy apreciados por las autoridades de todo el subcontinente latinoamericano.

Las buenas perspectivas de la economía colombiana

Según uno de esos estudios, centrado en Colombia, realizado por la Unidad de Análisis LATAM del Centro de Investigación BBVA Research, la economía colombiana recuperará su senda de crecimiento en 2013, mejorando incluso en 2014, gracias al creciente consumo doméstico que se ha estimulado por la reducción de las tasas energéticas, calculándose un incremento del consumo de petróleo por lo que se producirán 1,15 millones de barriles diarios, pero además las exportaciones de carbón crecerán entre  un 14 y un 16% gracias a los acuerdos alcanzados con varios países, beneficiándose el transporte gracias tanto al comercio externo como al interno, este último en línea con el nuevo panorama de consumo privado, verdadero catalizador de toda la economía del país.

Se prevé que sea una de las economías de mayor expansión del subcontinente. El aumento de la producción de petróleo, carbón, cemento, hierro o vidrio para su desarrollo, además, creará empleo

La mayor producción tanto de petróleo y carbón como de cemento, hierro, vidrio y cerámica, materiales necesarios para las nuevas infraestructuras que requiere el desarrollo colombiano, tanto a escala local y regional como nacional, generará empleo, por lo que será necesaria también la construcción de viviendas próximas a dichas infraestructuras y eso conlleva la edificación de comercios de todo tipo para el abastecimiento doméstico. Incluso si las viviendas son de interés social quedarán plenamente amortizadas por la creación de empleo colateral que permitirá el sostenimiento del sistema de Seguridad Social gracias a que el Estado tendrá mayores ingresos a través de impuestos directos e indirectos.

El BBVA Research estima que Colombia aumentará su tasa de inversión de un 26,6% del Producto Interior Bruto en 2011 a un 27,9 en 2014; nada menos que un 1,3% más, lo que es un porcentaje notable ya que permitirá un crecimiento de la economía colombiana superior incluso al del resto de Latinoamérica, que se calcula en un 3,6% en 2013 y un 3,7% al año siguiente, convirtiendo a Colombia en una de las economías con mayor expansión en todo el subcontinente. La inflación se mantendrá en un 3% y el tipo de cambio en un 9%; ahora bien, estas excelentes expectativas corren el riesgo serio de venirse abajo si el fenómeno terrorista continúa haciendo mella en la imagen exterior que se tiene de Colombia. Además, el terrorismo y la actividad guerrillera amenaza la inversión que la Administración está dispuesta a realizar en infraestructuras, sobre todo en el sector de los transportes, muy necesaria si se pretende hacer competitiva la industria colombiana. Por otro lado, el sector minero ha llegado a un límite muy preocupante en cuanto a conflictividad laboral.

La conflictividad minera en Colombia

El control del territorio en muchos lugares está en manos de grupos de presión o grandes corporaciones que no dudan en sacrificar la dignidad de los trabajadores para obtener mayores réditos

Los recursos mineros de Colombia no son ni mucho menos inagotables pero están sufriendo una explotación intensiva y con cierto descontrol, en los últimos años, que están provocando una serie de conflictos de todo tipo (ambientales y sociolaborales). La enorme diversidad colombiana dificulta todavía más la política que pudiera llevarse a cabo de modo eficaz para que dicha conflictividad no afecte en demasía al control del territorio, el cual está, en no pocos lugares, en manos de grupos de presión o grandes corporaciones que no dudan en sacrificar la dignidad de los trabajadores de las minas y sus familias con tal de obtener mayores réditos.

A pesar de los avances macroeconómicos previstos (ya hemos visto anteriormente las previsiones del BBVA Research), un alto porcentaje de la población sigue sin tener acceso a centros de salud, carecen de una pensión que garantice su retiro laboral, no reciben una educación formal que les permita contar con unos conocimientos siquiera medios y, peor aún, no encuentran el modo de poder denunciar los abusos a los que son sometidos o las irregularidades que se cometen en sus respectivos territorios, donde se están llevando a cabo grandes proyectos mineros, los cuales no cuentan con las comunidades locales sino que son aprobados a instancias de la Administración central que acuerda con las grandes compañías multinacionales la puesta en marcha de extracciones de minerales a gran escala sin tener en cuenta la realidad social de cada territorio, realidad que no conocen ni quieren conocer las corporaciones que invierten su dinero en esos proyectos mineros.

Un dato esclarecedor: solo en 2011 se registraron 274 acciones populares denunciando la extracción de minerales, sobre todo carbón y oro, de forma abusiva. Hablamos de 22 o 23 acciones colectivas de media mensual: marchas populares, paros laborales, huelgas, tomas de entidades a modo de protesta como medida desesperada para llamar la atención de las Administraciones, cortes de carreteras, huelgas de hambre y las llamadas ‘acciones de resistencia civil’ que tan de moda se está poniendo actualmente, sobre todo en España con su movimiento 15-M que aglutina a todos los grupos antisistema que están pululando en este país europeo en protesta por la acción gubernamental y que ha exportado al mundo su sistema planificado de resistencia civil, pudiendo verse en otros Estados europeos, americanos y africanos movilizaciones de protesta similares a las llevadas a cabo en España. Lo peor de este sistema es que, no pocas veces, conlleva disturbios en espacios públicos que afectan seriamente a la ciudadanía y al comercio interno por lo que acaba convirtiéndose en una cuestión de Estado además de que entre los grupos antisistema se esconden algunas organizaciones que en el pasado perpetraron algún tipo de actividad terrorista y que hoy en día canalizan en forma de lucha callejera, que de no tomarse medidas pudiera derivar en verdadera guerra de guerrillas urbana como así esperan determinados grupos anarquistas que abogan por una lucha más intensa y contundente.

Un alto porcentaje de la población sigue sin tener acceso a centros de salud, a una pensión, a educación formal e incluso a denunciar los abusos a los que son sometidos

No se equivoque el lector de este artículo si cree que los que participan en estas acciones son todos unos desalmados; nada más lejos de la realidad. Los hay que son activistas interesados en incendiar el ambiente ya de por sí tenso pretendiendo conseguir que la situación explote para sacar tajada de la misma en forma de seguidores de sus postulados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y profesionales de cualquier sector, honrados y humildes trabajadores que o bien han perdido su trabajo o bien se ven sometidos a una serie de abusos de sus patronos, a cual más indigno, o incluso comerciantes que han visto cómo sus pequeños negocios han cerrado al no tener clientes con poder adquisitivo para comprar sus productos precisamente debido a la pérdida de su fuente de ingresos: su empleo.

En el caso que nos ocupa, Colombia, el Gobierno ha pretendido conseguir un mayor beneficio de la minería regularizando el sector permitiendo grandes inversiones de compañías multinacionales que destinarán parte de sus beneficios a la Hacienda Pública. El Gobierno colombiano lo ve como la solución al problema que para las arcas del país suponía no recibir ingresos de la minería ilegal en forma de tasas, o sea, la llevada a cabo por nada menos que dos millones de colombianos que en zonas rurales extraían recursos mineros a espaldas de las autoridades o la que financia determinados grupos paramilitares que utilizan a hombres, mujeres y en ocasiones niños para extraer carbón y oro a cambio de una pequeña cantidad de dinero que les permita sobrevivir mientras sus explotadores se enriquecen o reinvierten las ganancias en comprar armas y explosivos.

Aunque la legislación colombiana obliga a las corporaciones mineras a realizar una consulta previa a las comunidades indígenas antes de llevar a cabo un proyecto en su territorio, en la práctica varios líderes indígenas han denunciado que las multinacionales no siguen ese proceso de consulta; a cambio, intentan comprar a los jefes tribales con productos alimenticios, licores y dinero. Ante esta situación, recientemente un juez ha suspendido todas las actividades de las empresas mineras en unas 50.000 hectáreas de tierras pertenecientes al pueblo Embera Katío, una de las comunidades indígenas colombianas, buscando con el fallo judicial eliminar los abusos de dichas empresas así como reducir la creciente violencia en la zona derivada de la conflictividad minera al despoblarse varias zonas indígenas amenazadas por los empresarios o al menos es lo que atestiguan las comunidades afectadas. De hecho, 148 familias fueron desplazadas por lo que el juez, si bien no ha dictaminado que los títulos de concesión de las explotaciones mineras sean ilegales, sí insta a las empresas y compañías inversoras a que respeten los derechos de los indígenas.

En 2011 se registraron 274 acciones populares denunciando la minería abusiva: marchas populares, paros laborales, huelgas, tomas de entidades, cortes de carreteras, acciones de resistencia civil, etc.

Los expertos que han estudiado la relación entre la creciente explotación minera y el deterioro del sistema indígena de la zona han comprobado como a medida que aumentaba la explotación lo hacía también la pobreza, la insalubridad y el aumento de la violencia. La solución, en principio, debiera ser parar momentáneamente la actividad minera mientras se planifica un nuevo sistema de participación social, una reordenación administrativa del territorio que implique a las instancias locales, las cuales deberían elaborar informes detallados sobre el impacto ambiental que pueden tener los distintos proyectos mineros proponiendo soluciones o vías alternativas para encontrar el equilibrio deseado entre la explotación de recursos y el bienestar común. Naturalmente, la política minera y en materia de medio ambiente ha de revisarse para evitar los posibles abusos de las grandes corporaciones, incluso estas mismas deben involucrarse porque pudiera ser que no tengan constancia de dichos abusos si son perpetrados por personal contratado y destacado en la zona que actúe de modo fraudulento o falseando datos sobre su actividad; todo es posible sin un control adecuado de la actividad por parte de la Administración.

Lo ideal sería que las compañías inversoras se comprometieran a destinar parte de sus beneficios a seguridad y prevención de riesgos laborales, como se exige en cualquier país desarrollado, por lo que si el Gobierno colombiano quiere dar una imagen de país moderno con gran proyección, ha de ponerse manos a la obra en este sentido. Ese porcentaje de los beneficios de las compañías destinado a garantizar la seguridad laboral debiera contar con una parte dedicada al desarrollo local y no limitarse a la sobreexplotación manteniendo a los trabajadores y sus familias en una situación indigna e inhumana.

El Cerrejón es una de las minas de carbón más grandes del mundo que vende parte del mineral extraído a otros países para generar electricidad. Inicialmente se trataba de una empresa pública, pero en la actualidad está en manos privadas. La comunidad indígena de los guajiros tuvieron que desplazarse por la presión a la que eran sometidas provocando enfrentamientos y acciones armadas, éstas últimas de autoría desconocida, como el descarrilamiento de un tren que transportaba carbón para su embarque en puertos marítimos. Las comunidades Caracolí y Espinal que comprendían 1.000 hectáreas de tierras y donde vivían 350 guajiros también se vieron afectadas.

Los expertos han comprobado como a medida que crecía la explotación minera lo hacía también la pobreza, la insalubridad y la violencia

El caso más lamentable es el de Tabaco, un pueblo de la Guajira, que fue tragado por la gran mina del Cerrejón en 2001-2002. En el fondo de un socavón de 2.000 metros de diámetro y 200 metros de profundidad, reposan el legado de sus ancestros africanos, instalados en la zona hacía 225 años. 480 familias fueron desplazadas sin que se les diera solución a su problema ni se les reubicara en otro lugar, por lo que muchos optaron por marchar a la vecina Venezuela a buscarse la vida en aquel país mientras otros deambulaban con sus escasos enseres, los que pudieron llevar consigo, de municipio en municipio. Se cree que el origen de la comunidad afroamericana de Tabaco fue un barco español con esclavos negros que naufragó, liberándose de sus cadenas y huyendo al interior instalándose en aquel lugar donde formaron una comunidad que sobrevivió a los embates del tiempo hasta el siglo XXI en el que una compañía minera y el propio Estado decidieron echarles para poder ampliar la gran mina del Cerrejón. El problema es que los descendientes de aquellos esclavos nunca escrituraron sus tierras por lo que carecían de documentos que demostraran que eran los titulares de las mismas, ante lo que el Estado lo tenía fácil para echarles y cederles sus fincas a las compañías mineras que explotan el Cerrejón.

En la mañana del 9 de agosto de 2001 cientos de policías y militares rodearon el pequeño pueblo, sacaron a sus habitantes de sus casas y les expulsaron impidiendo que pudieran acercarse a sus viviendas al establecer un cordón de seguridad. Cuando los campesinos intentaron refugiarse en la iglesia, descubrieron con estupor que el párroco la había vendido a la compañía minera Carbocol por 38 millones de pesos (poco más de 16.000 euros) por lo que tampoco pudieron ampararse en aquel templo que había sido construido con el esfuerzo de todos los lugareños que aportaron fondos para su edificación. Así se lo agradeció la Iglesia en la que creían. Ni siquiera pudieron llevarse sus animales, que acabaron abandonados a su suerte dentro de la cerca que la compañía minera clavó en los límites del poblado para impedir que nadie ajeno a su nueva propiedad pudiera entrar y mucho menos sus antiguos pobladores. Incluso el mandatario local, en su afán por defender los derechos de sus convecinos, fue arrestado por cinco días y multado con una sanción de 2 millones de pesos.

Mención especial merece el caso del poblado Tabaco, 480 familias desplazadas para ampliar la mina el Cerrejón

La compañía minera del Cerrejón tiene otra versión que justo es incluyamos también para que nadie se sienta desprotegido: la compañía sostiene que se realizó una consulta previa a la comunidad de propietarios y que el 90% estuvo de acuerdo en vender mientras que las propiedades del 10% restante fueron expropiadas en base a la Ley Minera, si bien se procedió a una serie de mejoras de infraestructuras municipales en compensación como la escuela pública, contribuyendo la compañía minera en dichas mejoras.

Algunos lugareños del municipio que decidieron quedarse y no ceder a las presiones se quejaron al ver como se procedía a la suspensión de los servicios públicos, un incendio en el cementerio así como sospechosos fuegos en viviendas particulares, desvío del agua corriente del río cercano para uso minero, caminos tradicionales de tránsito vecinal cortados, etc. La Corte Suprema de Justicia de Colombia falló que la empresa gestora de la mina del Cerrejón debía indemnizar a los habitantes de Tabaco y reconstruir el pequeño poblado en otro lugar, pero diez años después no se había hecho nada, aunque en diciembre de 2012, por fin, se cedieron terrenos para la construcción de ‘Tabaco 2’ o el nuevo Tabaco, aunque muchos recelan de que el proyecto se lleve a cabo.

El control del territorio

Colombia, un país rico en diversos recursos agrícolas como el café, fríjol, maíz y frutales de climas templados pero también de climas fríos como la granadilla, mora, breva, etc., así como hortalizas, con una gran producción de pimentón y plátanos (de una gran calidad), está viendo como las grandes compañías mineras multinacionales han adquirido millones de hectáreas de terreno. Otras compañías del sector agrónomo invierten sumas importantes para convertir grandes extensiones en fincas de palma, caucho o cacao.

El Estado pierde soberanía sobre grandes territorios controlados por multinacionales que imponen sus propias normas a los pobladores que quedan allí atrapados

Los expertos consideran que el Estado está perdiendo su soberanía sobre grandes extensiones del territorio colombiano pasando a formar parte de las corporaciones multinacionales que imponen sus propias normas a los pobladores que quedan atrapados en esos territorios. Incluso se viene observando un aumento de la actividad paramilitar que algunos analistas sospechan pudiera estar siendo pagada por esas corporaciones a cambio de que impongan sus medidas sobre la población de los municipios que se encuentran dentro de los territorios de su propiedad, lo que naturalmente niegan sus directivos, que aseguran se atienen a las leyes del país confiando plenamente en las Fuerzas de Seguridad nacionales, acatando la justicia colombiana y respetando los derechos de las comunidades que viven en los territorios cuya titularidad poseen, pero lo cierto es que se han denunciado casos de coacción y acoso, como votar a un determinado candidato en elecciones locales bajo amenaza de perder sus tierras si no lo hacen, lo que evidentemente no puede ser demostrado.

Los recursos mineros actuales de Colombia son impresionantes, sobre todo en carbón, oro, cobre, plata, manganeso e incluso molibdeno y uranio. Los beneficios de las compañías pueden llegar a ser de un 300 o un 400% con respecto a su inversión y de esas enormes cantidades de dinero que se manejan, tan solo una ínfima parte van a parar al desarrollo local y lo cierto es que rara vez se invierte en mejoras de las condiciones de vida de la población.

En determinados territorios colombianos la soberanía nacional es solo titular ya que son las compañías mineras u organizaciones paramilitares las que ejercen su autoridad.

Algunos analistas aseguran que algunas compañías mineras de las que operan en Colombia han costeado en gran parte el establecimiento de una base militar que garantice la viabilidad de los megaproyectos mineros que se desarrollan en el Departamento de Antioquía con varios campamentos militares repartidos por todo el departamento.

La minería ha acabado con los recursos alimentarios de muchas regiones donde mandan las compañías mineras: tienen dinero, respaldo estatal, seguridad propia: poder absoluto

Hay pueblos donde se ven obligados a comprar los productos alimenticios que llegan en camiones procedentes de mercados a decenas de kilómetros cuando hace tan solo unos años todos tenían recursos agrícolas, hoy en día inexistentes ante el empuje de la minería. Un ejemplo es el Corregimiento de Turbay donde se producían semanalmente 60 toneladas de fruta que se vendía en diferentes plazas por toda la región, recurso del que ya no disponen. En la actualidad, en todos esos departamentos, son las compañías mineras las que mandan en los municipios: cuentan con enormes cantidades de dinero, respaldo estatal, seguridad propia, en fin, poder casi absoluto; en estos términos, la soberanía estatal del territorio es solo nominal.

Pero, ¿cómo han reaccionado las FARC y demás grupos terroristas y guerrilleros ante el nuevo poder que representan las grandes compañías mineras? En principio, atacando las infraestructuras que se crean tanto de extracción del mineral como sobre todo las petrolíferas y eléctricas. También los medios de transporte mediante sabotajes, lo que crea una mayor sensación de inseguridad si cabe. Por lo tanto, por un lado los grupos paramilitares, bien actuando por iniciativa propia, bien al servicio del mejor postor en plan mercenario, por otro los tradicionales grupos guerrilleros considerados terroristas por todos los observatorios internacionales y para colmo los abusos cometidos por las grandes corporaciones denunciados por las comunidades indígenas, siguen dando una imagen de Colombia no demasiado atractiva para las inversiones extranjeras convencionales, a no ser que la empresa interesada esté dispuesta a realizar una gran inversión en seguridad y, actualmente, gracias a la colaboración de la Administración central colombiana, solamente las grandes compañías mineras, petroleras y eléctricas están en condiciones de invertir ese dinero. El Gobierno colombiano, desoyendo las continuas denuncias de abusos, permite los megaproyectos mineros que pueden convertir a Colombia en la economía de mayor proyección y crecimiento de toda Sudamérica. Lógicamente, el Gobierno de Colombia dice garantizar los derechos humanos y probablemente así sea, no vamos a discutirlo aquí, pero las denuncias son año tras año más numerosas y la adquisición de tanto territorio por parte de las corporaciones multinacionales pudiera terminar en una Colombia en manos privadas con un control del país tan solo nominal por parte del Gobierno central.

Actividad criminal

Las FARC y otros grupos terroristas y guerrilleros han reaccionado atacando las infraestructuras necesarias para las grandes compañías mineras

De momento, el presidente del Gobierno, Juan Manuel Santos, ya ha ordenado que se creen ocho batallones de protección de las infraestructuras mineras y energéticas para evitar los sabotajes terroristas, dando de esta forma una imagen de país seguro que tanto necesita Colombia actualmente. El presidente lleva razón cuando dice que los terroristas buscan hacerse invisibles camuflándose entre la población, pero esto ya lo hacían antes las FARC y el ELN. Pensar que los grupos guerrilleros van siempre de uniforme dejándose ver y que no cuentan con sus propios servicios de información con los que preparar sus acciones armadas recabando cuantos datos necesiten para el éxito de las mismas es ser unos ilusos ya que todos los grupos subversivos, terroristas y guerrilleros lo hacen por pura lógica. El presidente añadió: “Tenemos que ajustar nuestra doctrina, nuestras operaciones y nuestros procedimientos a ese modo de operar, sin caer en la trampa de restarle eficacia y vigor a las operaciones que seguiremos haciendo contra ellos, en lo más profundo de la selva o lo más alto de las montañas, dondequiera toque llegar”. Dijo también que lucharán contra la extorsión para lo que estudian utilizar a los GAULAS, los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, creados en 1996 y dotados de una especial cualificación para llevar a cabo operaciones de rescate de secuestrados. Los GAULA están formados por personal de la Unidad Nacional de Protección, del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía y de distintas Fuerzas Militares, de hecho, el Ejército de Tierra colombiano cuenta con 16 GAULAS y la Armada con dos más.

Las comunidades indígenas cuentan con sus propios servicios de seguridad para sus respectivos territorios y en ocasiones detienen a guerrilleros, por lo que se ha propuesto un acercamiento entre el Gobierno y los Consejos de las Comunidades aborígenes con observadores de la Organización de las Naciones Unidas para tratar el delicado tema de la lucha contra las bandas criminales. La delincuencia organizada en Colombia se ha reestructurado en forma de bandas criminales emergentes después de la desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) que agrupaban a 32.000 combatientes, muchos de los cuales han pasado a formar parte de esas nuevas bandas, las cuales se mueven no solo por Colombia sino también por países vecinos como Venezuela y Panamá. Se tienen indicios de la relación que mantienen estos grupos criminales con las organizaciones narcoterroristas tanto colombianas como mexicanas dedicándose a extorsionar, controlar el narcotráfico en sus zonas de influencia al servicio de las grandes mafias de la droga, realizar ataques a infraestructuras y llevar a cabo secuestros. No es extraño ver en sus filas a menores de edad reclutados de forma forzosa y se sabe que cobran una especie de impuesto revolucionario a la población, según fuentes policiales. Aún con lo anterior, la mayoría de los antiguos miembros de las AUC se reinsertaron, pero se calcula que en torno a unos 4.000 se reagruparon en más de veinte columnas de entre 150 y 200 paramilitares cada una para dedicarse al narcotráfico o bien para servir a las organizaciones narcoterroristas escoltando sus envíos de droga por los países por los que se mueven.

En esta situación, solo grandes compañías dispuestas a invertir en seguridad ven atractiva Colombia: las mineras y extractivas, con beneficios de hasta un 400%

Actualmente quedan pocos grupos pero son sumamente peligrosos, como los Urabeños, Los Rastrojos, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) y las Águilas Negras. Con menor número de miembros están los Paisas, la Oficina de Envigado y otras facciones menores como Los Machos y ‘Renacer’.

Todos estos grupos paramilitares podemos encuadrarlos dentro del fenómeno conocido como ‘narcoterrorismo’, pues se financian con el narcotráfico pero ejercen presión sobre candidatos durante elecciones por lo que se involucran en la política regional, atemorizando a la población (según un informe de la Organización de Estados Americanos) con el objetivo de crear un corredor para el tráfico de drogas al servicio de las grandes mafias. Según varios analistas, podemos dividir estos grupos en tres tipos: las bandas emergentes, las de rearmados y las de disidentes (éstos últimos, a diferencia de los rearmados, nunca se acogieron a las medidas gubernamentales permaneciendo siempre en la lucha). Mientras para unos son peligrosos grupos terroristas para el Gobierno son sencillamente bandas al servicio de las grandes organizaciones del narcotráfico.

Probablemente, el departamento más peligroso de Colombia sea el de Antioquía, ya que en el mismo operan varias facciones de la guerrilla, representadas por las FARC y el ELN así como las bandas criminales mencionadas, en ocasiones aliadas a la guerrilla, y para colmo de males, la conflictividad minera. De hecho, se cree que los grupos criminales extorsionan a las empresas mineras obligándoles a pagar millones de pesos por mantener su actividad en la zona sino desean vérselas con esas bandas, motivo por el que las corporaciones mineras contratan importantes dispositivos de seguridad privada. En menor medida, pero también reseñable, están las Regiones Caribeña y Pacífica, donde se registra actividad criminal notable aunque no con la intensidad que en Antioquía.

El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ) calcula que son cientos los municipios colombianos donde operan las bandas criminales, especialmente los Urabeños y Los Rastrojos, agrupaciones con más de 1.600 activistas cada una que no solo se dedican al tráfico de drogas sino que también, como se indicaba anteriormente, cobran una especie de impuesto revolucionario, incluso aranceles ya que al situarse en pasos fronterizos han llegado a cobrar, según varios testimonios, por el paso de camiones que transportan hidrocarburos.

Imagen: Fundación Prosurgir

Editado por la Redacción: subtítulo, destacados, enlaces e imagen

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