Martes 15 de abril de 2014,
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“La ley de transparencia tiene tantas carencias que demuestra que no hay voluntad política”

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Eva Belmonte

Eva Belmonte

Vivimos en una sociedad donde los poderes públicos se mueven a través de la oscuridad, de lo opaco para la vista del ciudadano de a pie de calle. Toda información intenta ser filtrada por las altas esferas para publicar solo aquellas informaciones que no perjudiquen su estatus ni su imagen pública. Sin embargo, el acceso a la libre información es un derecho y como tal, no debe ser coartado por ningún cargo e institución pública. ¿Utopía o posibilidad real? Para adentrarnos en el mundo del Open Data y el Gobierno Abierto, entrevistamos a una experta en la materia.

Estados con muchos menos recursos han puesto en marcha leyes de acceso a la información mucho más valientes que la española, como Ruanda

Eva Belmonte (@evabelmonte) es periodista. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en elmundo.es en la redacción de Barcelona, donde se interesó por el periodismo digital y el periodismo de datos. Tras un expediente de regulación de empleo en el diario El Mundo, decidió abrir el blog El BOE nuestro de cada día, donde intenta traducir y contextualizar las decisiones más relevantes que se publican en el Boletín Oficial del Estado. La colaboradora del periódico cooperativo La Marea, compagina el trabajo en su blog personal con su función como responsable de proyectos en la Fundación Ciudadana Civio.

Juanjo Carillo: ¿Qué países son ejemplos de una sana ley de transparencia? ¿Por qué?

Eva Belmonte: Hay muchos países con leyes de transparencia y derecho a la información. De hecho, España es uno de los pocos de Europa que no cuenta con una norma de este tipo. La de Serbia está considerada la mejor, pero es importante destacar que, además de países como Reino Unido o EE.UU., estados con muchos menos recursos han puesto en marcha leyes de acceso a la información mucho más valientes que la española, como Ruanda, que acaba de estrenar la suya. No es cuestión de presupuesto, sino de voluntad política. En la web de Access Info existe un ranking de cuáles son las mejores y un mapa de los países del mundo que tienen ley.

J.C.: ¿Qué defectos o imprecisiones debe corregir la propuesta del Gobierno en torno al proyecto sobre la nueva Ley de Transparencia?

El problema es que no se considera un derecho fundamental. No incluye a partidos políticos, sindicatos, Casa Real, organizaciones empresariales…

E.B.: El problema, en resumen, es que no considera el acceso a la información como un derecho fundamental, con lo que cualquier norma de bajo rango tendrá más fuerza (como la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, que en España es muy estricta). Además, recoge múltiples excepciones -algunas con sentido, otras no- que vetarán el acceso a la información de los ciudadanos y no incluye a partidos políticos, sindicatos, Casa Real, organizaciones empresariales… Para más info, además de este resumen, puedes ver el post sobre las carencias del actual redactado de la directora de Access Info Europe, Helen Darbishire:

  • ¡No es un derecho! El actual proyecto de ley no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. La mayor consecuencia de esto serán las complicaciones cuando haya que aplicar la nueva norma en el complicado sistema autonómico español.
  • La privacidad prevalecerá. Otra consecuencia crucial es que la ley no tiene el mismo estatus que la ley de privacidad, que está fuertemente regulada en España y que se aplica con rigor para denegar el acceso a la información que contiene nombres de individuos.
  • Alcance limitado. El alcance del proyecto de ley está limitado a los organismos que están sujetos al derecho administrativo, excluyendo mucha información relativa al poder legislativo y judicial, así como otros organismos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social.
  • Información limitada. El controvertido Artículo 15 de la ley excluye grandes cantidades de información del derecho a preguntar, incluyendo “información auxiliar o de apoyo como son las notas, borradores, opiniones, sumarios, y comunicaciones e informes internos compartidos dentro o entre los organismos públicos”.
  • Difiere de otras leyes. Una disposición que va más lejos, la Primera Disposición Adicional, convierte a la ley de transparencia en secundaria frente a otras informaciones que estén sujetas a “un régimen legal específico para el acceso a la información”.
  • Débil supervisión. El organismo de control propuesto (la Agencia Estatal de Transparencia) es dependiente del Gobierno y sus poderes no están especificados en el proyecto de ley.

Bajo el paraguas de la seguridad nacional y los secretos de Estado se esconde demasiada información que debería ser pública, como ocurre con otros países

J.C.: Desde tu punto de vista, ¿debe siempre la razón de Estado prevalecer sobre el libre derecho a la información por parte de los ciudadanos?

E.B.: Depende de lo que decidamos que es razón de Estado. Debe prevalecer, por ejemplo, la seguridad nacional. Pero no todos los contratos firmados por Defensa, por ejemplo, deberían ser tan opacos. Bajo el paraguas de la seguridad nacional y los secretos de Estado se esconde demasiada información que debería ser pública, como ocurre con otros países. Lo mismo pasa con el derecho a la intimidad: ¿hasta dónde llega? Yo no quiero saber con quién se acuesta un ministro o qué hacen sus hijos, pero sí debería ser público, por ejemplo, si se reúne para comer con un empresario, por ejemplo.

J.C.: Si existe un acceso libre y completamente gratuito a la información, ¿los medios de comunicación tradicionales podrán ser económicamente viables?

E.B.: Claro que sí, no tiene nada que ver. Si existiera tal acceso seríamos todos más libres, mejor informados y los periodistas tendrían más información sobre la que hacer su trabajo. La labor del periodista no es gestionar la información como si le perteneciera, a través de chivatazos y negociaciones con políticos para publicar uno u otro tema, sino saber qué es importante, contextualizarlo, analizarlo. En definitiva, saber explicar esa ingente cantidad de datos/información.

J.C.: ¿Piensas que la doctrina del gobierno abierto real podrá darse en España, tal y como está estructurado el sistema político?

E.B.: No soy muy optimista. El redactado de la ley actual tiene tantas carencias que demuestra que no hay voluntad política de apostar por un gobierno abierto. Los partidos mayoritarios, que han ido turnándose en el poder, no han apostado nunca por un gobierno realmente abierto, más allá de declaraciones que luego no han cristalizado en ninguna reforma legal de envergadura. Pero hay un espacio para el optimismo: los ciudadanos están cada vez más implicados y reclaman -en la mayoría de casos sobre aspectos económicos, de gasto público- información sobre qué hacen sus gobiernos. En pleno contexto de crisis, los gobiernos están obligados a hacer gestos de transparencia y apertura de las administraciones, aunque sean discretos y poco importantes, por el momento. Pero la presión social les está obligando a tomar partido.

Si existiera tal acceso seríamos todos más libres, mejor informados y los periodistas tendrían más información sobre la que hacer su trabajo

J.C.: La Fundación Ciudadana Civio tiene grandes proyectos (como ‘España en llamas‘ o ’¿Dónde van mis impuestos?‘) que se basan en el periodismo de datos y que son de gran utilidad para la sociedad civil. ¿Conoces algún proyecto similar en otro país?

E.B.: Muchísimos. En Civio nacimos con la mirada puesta en proyectos similares que se llevaban a cabo en otros países. Quizás el más importante sea My Society. Echadle un ojo, tienen proyectos realmente interesantes.

Imagen: Eva Belmonte

Editado por la Redacción: subtítulos, destacados e imagen

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Sobre el autor

Proyecto de periodista en la Universidad Carlos III de Madrid

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