Martes 24 de octubre de 2017,
Bottup.com

La morosidad de las Administraciones lleva a muchas empresas a la quiebra

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Más del 70% de las empresas sufren este retraso, especialmente crítico en las pymes, con el consiguiente deterioro del empleo

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La dotación presupuestaria que el Gobierno ha aprobado no resuelve el problema.
Por si eso fuera poco, “Las grandes empresas
también aplican la
demora a sus suministradores, llegando a una situación de indefensión que ahoga al más débil”

Según se publica, “una de cada cuatro quiebras
empresariales se debe a la morosidad de la Administración”. En la época de crisis
de estos días vemos una circunstancia que sorprende: el
mayor moroso de España
son las Administraciones Públicas. De esta manera, por su demora en el pago de las facturas, condena a miles de familias de pequeñas y medianas
empresas y, además, fomenta una corruptela inconcebible en el
pago de tales facturas. Por si eso fuera poco, las grandes empresas,
que también se ven aquejadas por este pago retrasado, aplican la
demora a sus suministradores, con lo que se llega a una situación de
retraso, ahogo e indefensión que ahoga al más débil
de la cadena.

 

“Las pymes denuncian los 33.000
millones de deuda de las Administraciones Públicas”. Más valdría que dentro de las acciones y medidas
para luchar contra la crisis estuviera el
pagar a tiempo
y no hacer cargar la carga financiera de la Administración, a los que menos fuerza económica tienen. Más
fuerza social como motor del trabajo en un país con más de
cuatro
millones de parados
, quizás ayudaría infinitamente más
que las presuntas y terribles liberalizaciones
del despido
, que mirando al tendido propugna la patronal cuando la economía va mal, regular o bien.

En Expansión publican que “la
Administración paga tarde al 80% de pymes”. Estamos hablando que podrían ser más de treinta
mil millones de euros
que, como digo, estas empresas prestan
al estado sin interés y con riesgo para la propia pervivencia. Esta
carga financiera no sirve ni ayuda en ningún aspecto ya que no es
productiva y solo sirve para que algún desangelado y corrupto
funcionario “cobre” por poner la factura “encima del
montón” o mantenerla debajo del montón que es lo mismo que el
ostracismo financiero.

En El
economista
hemos podido leer que “[…]1,5 millones de empresas se ven
afectadas cada año por la morosidad, cifra equivalente al 70 por
ciento del tejido empresarial español”. Para llegar a este hecho debería adoptarse
un plan de choque
, uno más, como el de la justicia, la sanidad o
la educación, por ejemplo. Y debería tener la ayuda y colaboración
de los funcionarios,
ese colectivo tan reacio a cualquier cambio y a cualquier mejora del
servicio. Por lo pronto, la Unión Europea ha obligado a las Administraciones Públicas a pagar en treinta días y, a partir
de ahí, sufraguen esa financiación oculta en la que se incurre.

Por su parte, el diario Cinco Días escibe que “los
retrasos en el pago de las Administraciones Públicas, que CEPYME
sitúa entre los 180 y los 200 días, muy por encima del tope legal
de sesenta días, castigan sobre todo a las pymes, porque, […] las
grandes compañías también se están demorando en el pago a las
pequeñas.”

“A pesar de que la ley obliga a pagar en un máximo
de sesenta días, en España ese
plazo se triplica y casi nunca baja de los 180 días”

Es un primer paso para evitar primero ese
endeudamiento irresponsable y endémico de los ayuntamientos, obliga
a pagar rápido y afrontar la financiación de esos pagos y,
además, reinstaura una costumbre obligatoria para los mortales
comunes: si no se puede pagar no se ha de contratar un servicio. Las Administraciones se lo saltan conociendo que pagarán ‘tarde,
mal y nunca’ a pesar de que la ley obliga a que el pago máximo
de una factura sea en sesenta días, en España ese
plazo se triplica y casi nunca baja de los 180 días
y casi nunca se
salda con la repercusión de esos intereses.

 

La dotación presupuestaria que el Gobierno ha aprobado para hacer frente a estos impagos
sorprendentes, así como la posibilidad de que los ayuntamientos
puedan endeudarse aún más para responder ante esas facturas
antiguas, no resuelven el problema. Quizás lo posponen, o lo dejan
donde al final desembocan todos los desafueros de aquellas Administraciones que bebieron del ladrillo nutricio: lo pagaremos los
ciudadanos.

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