Miércoles 28 de septiembre de 2016,
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La regular irregularidad de nuestros partidos políticos

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El salto a la palestra del caso ‘Gürtel’ ha vuelto a elevar el nivel de desconfianza de la ciudadanía recordando ‘tiempos pasados’ que parecían olvidados

Desde que en febrero de este año saltara la liebre del caso ‘Gürtel’ los ciudadanos de este país asisten atónitos al alargamiento de una lista de imputados que parece no acabar. Las implicaciones de Valencia y Madrid, obvias, y las de Galicia y Castilla León, todavía en ciernes hacen recordar etapas que parecían pasados.

Tanto es así que según el último barómetro publicado del CIS, de julio, para el 17’5% de los encuestados la actual situación política se encuentra entre los principales problemas del país (sumando los conceptos de corrupción política; partidos políticos y clase política; y el gobierno, los políticos y los partidos).

Aunque a poco que se profundice un poco más en el funcionamiento de la letra pequeña por la que se rigen los partidos y en la praxis observada en los últimos años (ó décadas), el ciudadano de a pie deja de sorprenderse, de pensar en lo inesperado del caso. A pesar de que durante mucho tiempo se pensó que la etapa del caso ‘Filesa’

Desde Filesa al caso ‘Gürtel’ las prácticas irregulares de nuestros políticos y partidos son innumerables

(y otros igualmente sonados, que habían acabado con la larga permanencia del PSOE en el poder, aunque no a la primera en el 93, sí a la segunda en el 96) había quedado atrás, la realidad es otra bien distinta.

Desde el caso ‘Calvia’ en los años 90, con la compra de votos de un concejal socialista por parte del PP, al caso ‘Matas’ por financiación irregular de campaña y enriquecimiento personal, enredado con los casos ‘Palma Arena’, ‘Can Domenge’ y ‘Caso Pitiusa’ de corrupción urbanística en Ibiza; o el/los caso/s GIL, que todavía colean, el asunto ‘Gescartera’, con las vinculaciones con el Partido Popular; hasta otros más recientes como el caso ‘Mercasevilla’ o el caso ‘Chaves’, o los que planean sobre la etapa de CIU en el gobierno catalán con el ‘Palau de la Música’ o el caso de los ferrocarriles catalanes, la realidad política nacional está trufada de este tipo de ‘prácticas’.

La nueva Ley de Financiación, aunque con avances, mantiene aún grandes lagunas

Mención a parte merece el apartado de corrupción urbanística, donde casos como la operación ‘Hidalgo’, ‘Ballena Blanca’ o ‘Malaya’ son solo la punta del iceberg. Pero se pueden rastrear ejemplos por toda nuestra geografía, desde la alcaldesa de La Muela (PAR) que sigue en su sillón después de su breve paso por la cárcel y 11 imputaciones por delitos de corrupción, o las extrañas actuaciones del cabildo insular de Tenerife vinculadas a Coalición Canaria.

Juez y parte: los interesados construyen las normas de financiación
Todo esto es posible debido al oscurantismo que tradicionalmente ha regido la financiación de nuestros partidos políticos. La elaboración de la legislación al respecto corresponde al parlamento, a nuestros parlamentarios, pertenecientes a partidos políticos y regios seguidores de la rígida disciplina de partido, como se puede observar en el tratamiento del transfuguismo, figura totalmente constitucional y legal, que sin embarga ha dado origen a un pacto nacional antitransfuguismo, símbolo indudable del poder que tienen y desean mantener los órganos dirigentes de los partidos.

La financiación ilegal de los partidos, el enriquecimiento personal y la corrupción urbanística, tres vértices del mismo triángulo

Aunque en 2007 se aprobó una nueva Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos (Ley Orgánica 8/2007) que ha supuesto algunos avances, sigue conteniendo innumerables lagunas, como se constata en el Informe Global de Corrupción 2009 que edita Transparencia Internacional: las cuentas de las organizaciones, empresas y fundaciones de los partidos no están los suficientemente integradas en la contabilidad de los partidos centrales; no se contemplan límites para las donaciones de bienes inmuebles; y, la condonación de las deudas y la concesión de crédito a tasas inferiores a las del mercado continúan estando permitidas.

Tras la nueva Ley comenzó a funcionar una unidad de la Guardia Civil especializada en delitos urbanísticos. Durante sus primeros 6 meses de vida desarrollaron 106 operaciones, 57 personas detenidas y 126 condenadas. Se calcula que aproximadamente 20 casos están claramente relacionados con corrupción en el ámbito local.

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1 comentario

  1. Anónimo 14/10/2009 en 9:14

    Permítame corregirla cuando dice que Ballena Blanca es un caso de corrupción urbanística. Se ha dicho hasta la saciedad que ha sido la mayor red de blanqueo de Europa. Y fue el fiscal del estado quien usó al igual que lo hace usted la muy trillada frase “es la punta del iceberg”.

    Pues el tiempo le dirá que no hay ninguna punta de iceberg, que Ballena Blanca sola ha existido en la mente ansiosa de poder de unos cuantos policías y de un juez y un fiscal ineptos y peligrosamente ignorantes

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