Sábado 03 de diciembre de 2016,
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La tortura sigue siendo estrategia de guerra en Colombia

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Ayer se presentó el Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas

En más del 90% de los casos el autor es el Estado colombiano

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

El 18 de agosto se presentó en Bogotá D.C. el ‘Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas 2009-2010‘. A pesar del seguimiento de organismos internacionales y de innumerables promesas gubernamentales, la tortura sigue siendo un método de guerra en Colombia.

“Por eso no te oculto que me dieron picana
que casi me revientan los riñones
todas estas llagas hinchazones y heridas
que tus ojos redondos
miran hipnotizados
son durísimos golpes
son botas en la cara
demasiado dolor para que te lo oculte
demasiado suplicio para que se me borre (…)”.

Hombre preso que mira a su hijo
Mario Benedetti

Bogotá D.C. Colombia. “Advertidos por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) de que un número creciente de gobiernos permiten que se desarrollen prácticas de tortura y de malos tratos, y de la tolerancia con ellas de la opinión pública, afirmamos con fuerza que el respeto de la dignidad de la persona humana exige que la tortura esté prohibida en toda circunstancia”. Esta declaración suscrita en Ginebra y Nueva York en 2010, da cuenta de la preocupación de la sociedad por una práctica que subsiste a pesar del esfuerzo de organismos internacionales para erradicarla. En el peor de los escenarios, la tortura ha sido implementada como estrategia inherente al manoseado concepto de la ‘seguridad nacional’.

El informe alerta sobre que el Estado colombiano ha incumplido todas las recomendaciones dadas por el Comité de la ONU contra la Tortura

En el caso colombiano, la conclusión del ‘Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas‘ (2009-2010) es que la tortura sigue siendo una práctica de todos los actores del conflicto armado (fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros). Este informe fue presentado el 18 de agosto de 2011 por la Coalición Colombiana contra la Tortura ante más de 200 asistentes entre los que se contaban víctimas, hijos de víctimas y delegados de organizaciones y gobiernos extranjeros, enfatizando que el Estado colombiano no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones dadas por el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura.

El Informe, dividido en tres partes, presenta un panorama general sobre la tortura y su relación con otras conductas, como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual y el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado interno.

Los datos suministrados por el informe no pueden ser más preocupantes: “Entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron víctimas de tortura por lo menos 1.834 personas, de las cuales 422 quedaron con vida, 1.148 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica”. Por cada 100 hombres víctimas de tortura, se presentan estos abusos contra 15 mujeres.

En los casos en que se conocen los perpetradores, el deshonroso primer lugar lo ocupa el Estado colombiano: “en el 90,59% de los casos se compromete la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 41,93% (566 torturas); y, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 48,67% (657 torturas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría en el 9.41% de los casos (127 torturas)”.

Las cifras de violaciones a los derechos humanos en Colombia dan cuenta del fracaso de los mediatizados esfuerzos gubernamentales por ‘limpiar’ la imagen de la fuerza pública luego de conocerse la macabra estrategia de ejecuciones extrajudiciales conocida como ‘falsos positivos’. El informe señala que “los registros de actos de tortura cometidos directamente por miembros de la fuerza pública continuaron aumentando”.

Según la Coalición, entre julio de 2011 y junio de 2009, se registró que por lo menos 1.847 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por la fuerza pública, en 2009 fueron desplazadas más de 280.000 personas, y se cree que actualmente en Colombia hay cerca de 5 millones de personas víctimas del desplazamiento forzado.

Otro fracaso de la política de ‘Seguridad Democrática’ iniciada por el ex presidente Álvaro Uribe y del que fue parte el actual mandatario Juan Manuel Santos, fungiendo como ministro de defensa, es la evidencia de la existencia de grupos paramilitares y las torturas practicadas por ellos “en el marco del fallido cese de hostilidades” prometido a partir del 1º de diciembre de 2002.

El fracaso de la ‘desmovilización’ de los paramilitares de extrema derecha fue denunciada en todos los escenarios posibles por diferentes organizaciones no gubernamentales, y de la misma manera fue negada por el gobierno de Uribe, llegando a calificar las denuncias de las ONG como una estrategia del terrorismo para desprestigiar su mandato. Hoy los hechos le dan la razón a las organizaciones. En el reporte de gestión 2009-2010 de la Fiscalía General de la Nación, se afirma que “Las organizaciones criminales, surgidas después de la desmovilización de las AUC, se crearon como una nueva forma de paramilitarismo, considerada como la tercera generación de los grupos paramilitares en Colombia y cuyo propósito inicial era la conservación del dominio territorial que había sido dejado por los frentes de las AUC”.

Entre 2001 y 2009 casi medio millón de mujeres fueron agredidas sexualmente, 4.534 al mes. El 98,14% de la autoría corresponde al Estado

Otro síntoma de la degradación del conflicto colombiano se refleja en la violencia sexual como forma de tortura y estrategia de guerra. El informe de la Coalición da cuenta de que el 98,14% de la autoría de conductas de violencia sexual corresponde al Estado por perpetración directa de sus agentes. El aumento de las agresiones sexuales atribuidas a la fuerza pública en el periodo 2005-2009 coincide con la disminución de los casos registrados atribuibles a los grupos paramilitares.

Por otra parte, según organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en Colombia y Oxfam, entre 2001 y 2009 se presentaron 489.687 casos de agresión sexual contra mujeres. Esto representa 54.409 casos anuales, 4.534 mensuales, 151 diarios.

¿Por qué este informe de seguimiento?

El Comité contra la Tortura hace parte de la Organización de las Naciones Unidas y está compuesto por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por sus Estados Partes. Este Comité examinó el Cuarto Informe Periódico del Estado colombiano en noviembre de 2009 y en sus observaciones finales expidió unas recomendaciones al Estado colombiano.

La Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT) se encargó de hacerle seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, y resultado de ello es el informe que se presentó en Bogotá el 18 de agosto, concluyendo que el Estado colombiano no ha cumplido ninguna de las recomendaciones formuladas.

¿Qué se entiende por tortura?

Tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984.

Fotografías: Andrés Monroy Gómez


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Sobre el autor

Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

1 comentario

  1. Anónimo 14/10/2011 en 14:20

    Esto evidencia que el mayor victimario de los ciudadanos es el estado colombiano, el mismo que tiene la obligación de dar seguridad a los ciudadanos… increible!

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