Más de 100.000 mujeres abortaron durante 2007, el 98% de ellas en clínicas privadas como las que ahora entran en huelga
“No se está garantizando el derecho de
las mujeres al aborto ni la seguridad jurídica de los profesionales del
sector”
Los centros catalanes pertenecientes a la Asociación de Clínicas
Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI)
adelantaron a hoy la huelga que el resto de centros iniciará mañana en
protesta porque, a su juicio, “no se está garantizando el derecho de
las mujeres al aborto ni la seguridad jurídica de los profesionales del
sector”.
Según indicó ACAI en un comunicado, sus treinta
clínicas estarán en huelga toda la semana al entender que “ni desde el
Gobierno ni desde la administración madrileña” se están garantizando
los citados derechos. El paro será secundado también por otros centros
no asociados a ACAI, como la clínica Dator y Mediterránea Médica.
“Pese a que ACAI ha solicitado diversas entrevistas con autoridades de
la Administración madrileña, la Judicatura y la Administración General,
en un claro esfuerzo por abrir vías de diálogo, dichos encuentros no
han llegado a producirse”, afirma la asociación.
Por este
motivo, continúan las clínicas, los centros de ACAI no realizarán
abortos durante los próximos días, a excepción de los servicios mínimos
(mujeres que cumplan el plazo de 22 semanas o cuya vida corra peligro)
que el Servicio Andaluz de Salud ha solicitado a las clínicas
andaluzas.
Las clínicas acreditadas intentan con esta medida
llamar la atención de las autoridades correspondientes “sobre lo que
puede llegar a ser un grave problema de salud pública, habida cuenta de
que el sector privado realiza el 98 por ciento de las interrupciones
del embarazo y que 101.592 mujeres abortaron durante el año 2006”.
Tres objetivos
Concretamente, las clínicas concertadas vinculan las medidas que han
decidido tomar y las que consideren oportuno realizar en los próximos
días a la consecución de tres objetivos básicos.
En primer
lugar, que se respete el derecho de las mujeres a recurrir al aborto,
como prestación sanitaria básica, dentro de la legalidad vigente; en
segundo término, que se garantice la seguridad jurídica y física de los
profesionales que posibilitan el recurso al aborto, y, por último, que
las fuerzas políticas posibiliten un consenso necesario “para reformar
una legislación que no cubre la demanda social existente en nuestra
sociedad”.
En opinión de ACAI, esta reforma “necesariamente
deberá posibilitar la articulación de una ley de plazos, similar a la
que disfrutan el resto de países europeos”.
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Hay que respetar el derecho a la huelga y a la vez garantizar los servicios médicos