Viernes 20 de enero de 2017,
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Las ONG celebran la Ley de Comercio de Armas aprobada ayer

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El Gobierno deberá informar al Parlamento sobre el comercio exterior de armas

Las ONG llevan diez años exigiendo una mayor transparencia en las exportaciones de material bélico

Las cuatro organizaciones afirman que esta ley “obligará al Gobierno a
aplicar los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea que no
permiten transferencias de armas a países en conflicto o donde se
violen los Derechos Humanos”

Tras más de diez años de campaña, Amnistía Internacional, Fundació per
la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam han celebrado la aprobación
definitiva de la Ley de Comercio de Armas “como un avance importante
para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias
irresponsables de armas. El comercio descontrolado de armas causa en el
mundo una muerte cada minuto”, según afirman en un comunicado .

El pleno del Senado aprobó ayer definitivamente la Ley de Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (la llamada Ley de Comercio de Armas), con la que habrá un mayor control parlamentario sobre las exportaciones de armas al exigir al Gobierno que informe periódicamente de este comercio.

Las organizaciones señalan algunos puntos negativos y aseguran que la
ley “no contempla la obligatoriedad de documentos de control como el
certificado de destino y uso final”

Las cuatro organizaciones afirman que esta ley “obligará al Gobierno a aplicar los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea que no permiten transferencias de armas a países en conflicto o donde se violen los Derechos Humanos, entre otras limitaciones”.

Entre los aspectos más positivos de la ley, las ONG destacan la prohibición de la venta de armas “a países en conflicto, donde se violen los Derechos Humanos o que estén sometidos a embargos internacionales” y las cláusulas por las que “el país receptor se compromete a no vender o transferir estos productos a un tercer país”.

Las organizaciones señalan algunos puntos negativos y aseguran que la ley “no contempla la obligatoriedad de documentos de control como el certificado de destino y uso final” y la Junta Interministerial, que autoriza o deniega los permisos de exportación, “conserva la capacidad de eximir a los exportadores de la presentación de los documentos de control en ciertos casos”.

Desde hace más de diez años, las ONG vienen realizando campañas para exigir una total transparencia y control de las exportaciones de armas y valoran “positivamente las modificaciones añadidas al texto inicial”, aunque “lamentan que no se haya conseguido el consenso necesario en el Congreso para que la ley obligue explícitamente al Gobierno a dar información detallada sobre el tipo de producto exportado”.

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