Domingo 17 de diciembre de 2017,
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Los colchones vitales de la sociedad española

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INTERPRETACIÓN / Los principales ‘colchones’, la pensión de los abuelos y los subsidios, adelgazan en este 2013

El colchón familiar

Según el Consejo Económico y Social, 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 euros y que a pesar de su exigüidad, constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español.

La mayoría de pensiones se ha incrementado un 1% (frente al 2,9% del IPC). 422.600 hogares viven gracias a la pensión de los abuelos, de 840 euros de media

El IPC de noviembre que sirve de referencia para la revisión automática de las pensiones quedó en el 2,9%, lo que hubiera obligado al Estado a un desembolso adicional de 5.000 millones de euros, pero tras un increíble truco de prestidigitación contable del Gobierno de Rajoy, la mayoría de las pensiones tendrán un exiguo incremento del 1% para 2013, no siendo descartable la congelación de las mismas para ejercicios posteriores, lo que contribuirá a reducir el grosor del colchón familiar y elevar el riesgo de pobreza.

Así, en el último informe de Intermon Oxfam sobre ‘Crisis, desigualdad y pobreza‘, se advierte que de continuar los recortes sociales, la pobreza en España podría llegar a afectar al 40% de la población en el horizonte de la próxima década (en la actualidad, según dicha ONG, la tasa de pobreza se situaría en el 27% de la población y afectaría ya a 13 millones de personas).

El colchón vital de ‘Papá-Estado’

El Plan Prepara incluye los 400 euros de subvención durante seis meses a los parados que han agotado completamente el subsidio por desempleo y se prorroga semestralmente desde que fue instaurado por Zapatero en 2011 con un coste estimado de 1.120 millones euros desde su inicio. Hay que recordar que el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio (según publicaba UGT en agosto, 1.800.000 desempleados no perciben ningún tipo de prestación y la tasa de cobertura está disminuyendo cerca de 15 puntos en dos años).

Sin embargo, aunque es previsible que el Gobierno del PP la vuelva a prorrogar en febrero debido a la presión social, ya incluye modificaciones sustanciales que limitan el acceso de los parados a dichas ayudas en función de su colchón familiar. Así, la renta de todo el núcleo familiar (padres inclusive) sirve para determinar si se tiene derecho a recibir una ayuda que sube a 450 euros para los parados de larga duración que tienen al menos tres familiares a su cargo, estableciéndose el listón en los 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar en el caso de que alguno perciba ingresos, quedando descartado todo solicitante cuyo núcleo familiar sobrepase dicha cifra.

Según Intermón Oxfam la pobreza podría afectar al 40% de la población en 10 años. Ya afecta a 13 millones de personas, el 27% de la población

“La Renta Mínima de Inserción (RMI) es una ayuda pública para personas que no tienen recursos suficientes para atender las necesidades más básicas de la vida y que por lo tanto se encuentran en situación de riesgo”, nos ayuda a enteder citapreviainem.

En Navarra, se conoce como Renta Básica o Renta de Inclusión Social y su objetivo es “cubrir las necesidades esenciales de las unidades familiares en situación de exclusión social y fomentar la incorporación social de las unidades familiares en situación de exclusión” y se concede con carácter general por periodos de 6 meses hasta un máximo de 24, con un monto máximo de 962,10 euros y un mínimo de 641,40 euros, pero el Pleno del Parlamento navarro aprobó recientemente una reforma de la Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social, y que excluye en adelante a los desempleados, ‘porque ello podría desmotivarles para buscar un nuevo empleo’.

El colchón de la economía sumergida

La economía sumergida, o el mercado negro, consiste en aquellas actividades económicas que total o parcialmente esquivan la regulación fiscal y social del Estado. Según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity, “los fraudes ‘preferidos’ son evitar el IVA, crear facturas por falsas ventas, contratar en ‘negro’, cobrar subvenciones indebidas, no prestar los servicios contratados, fraguar insolvencias, realizar operaciones internacionales fraudulentas, ocultar capitales y crear empresas ‘tapadera'”.

“Según un informe elaborado por el instituto Tax Research, que intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal, la economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional“, publicaba en abril cadenaser.com. Según el Banco de España, un 10% de familias acaudaladas concentraban el 70% de la riqueza financiera en el 2010. “Si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo que España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años, según los autores del informe ‘Closing The European Tax Gap’ encargado por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europe para analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea, continua la misma web.

La economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional. El Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales

Según FUNCAS, las arcas del Estado dejaron de ingresar por este motivo en la pasada década hasta 32.000 millones de euros, (el 5,6% del PIB oficial) y hasta 1984 trabajaron en la economía sumergida 1,4 millones de personas, pero entre 2006 y 2008 la cifra se disparó a 4 millones de personas, y “sólo las cuotas de IVA dejadas de ingresar en el último año podrían acercarse a los 18.000 millones de euros, cantidad superior a la suma del gasto sanitario anual de las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña juntas”, afirma el informe de i2 Integrity.

El limbo jurídico de las SICAV

Según explica Ricardo Sánchez-Seco Tomás en invertia.com, la SICAV es un sofisticado producto de ingeniería financiera, híbrido de sociedad anónima y fondo de inversión que exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes o accionistas, con la particularidad de que tributa al 1% en el Impuesto de Sociedades en lugar de al 30% siempre que el capital permanezca en la SICAV.

El artículo también habla de sus ventajas. “La ventaja frente a los fondos de inversión radica en las reducciones de capital, ya que los dueños de la SICAV pueden sacar dinero sin tributar hasta que no supere la cantidad inicialmente invertida, pues se considera que lo que se retira es capital y no las ganancias obtenidas por las inversiones de las Sicav (criterio FIFO, First In First Out)”, lo que permite sacar todo el capital y dejar dentro de la sicav sólo las plusvalías, que a su vez pueden generar nuevas plusvalías si se acierta con las inversiones.

“Otra ventaja sería el control de la inversión por parte de los dueños, algo imposible de llevar a cabo en un fondo de inversión, cuya gestión escapa a la voluntad de los partícipes”, de lo que se deduce que se trataría de un de instrumento para evitar la fuga de capitales, pues en el supuesto de que se les “exigiera más impuestos a las SICAVS, se irían a otros países donde sea más fácil obtener más rentabilidad, trasladando su patrimonio a una sociedad europea bajo legislación menos restrictiva”.

Contrabando de tabaco

El Plan Prepara, tras ser ‘recortado’ en agosto (endurecimiento de los requisitos para acceder), se enfrenta de nuevo a la disyuntiva de si será renovado en febrero

Por otra parte, el contrabando de tabaco se ha triplicado desde 2010 y representa más del 15% del mercado, según un estudio de la tabacalera Japan Tobacco Interantional que publicaba eleconomista.es en abril, y “según los últimos datos de Aduanas y del Comisionado del Mercado de Tabacos, dicho contrabando equivale a un fraude fiscal de entre 500 y 600 millones de euros al año, en un sector que mueve anualmente unos 12.000 millones”.

Además, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector, “los cigarrillos podrían subir de precio entre 30 y 45 céntimos por cajetilla debido al incremento del tipo general del IVA del 18% al 21%”, indicación que ya se ha cumplido, y de lo que se infiere que dicha subida coadyuvará al incremento del contrabando.

Así, “según denunció el pasado mes de octubre Mario Espejo, el presidente de la Unión de Estanqueros de España, ‘la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ha detectado ya la existencia de fábricas ilegales que están falsificando marcas como Marlboro, Chesterfield o Ducados Rubio'”, publicaba en abril elconfidencial.

Internet, ¿espacio sin ley?

Según expansión,com, “durante el tercer trimestre del pasado año [2011], las ventas por Internet en España alcanzaron un nuevo récord al facturar 2.421 millones de euros, lo que supone un aumento del 27,4% respecto al mismo periodo del año anterior y el décimo trimestre consecutivo de crecimiento, según revela el último informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)”.

Según estrelladigital.es, en Internet asistimos a la aparición de negocios alegales, trabajadores “que no se dan de alta como autónomos porque no es un servicio que hagan todos los días aunque les aporta un ingreso extra para acabar el mes” y el mismo Ministerio de Trabajo reconoce que “cuando se trata de ventas por Internet y a contra-reembolso, resulta complicado de controlar pues ese dinero no queda registrado”.

A ello habría que añadir, según europapress.es, el negocio de las apuestas online, que generará este año unos ingresos de alrededor de 800 millones de euros, según algunos de los datos incluidos en el libro ‘El Juego online’ presentado en Madrid por la Fundación Codere y cuyo vacío legal haría perder al Estado español alrededor de 80 millones anuales en materia impositiva según la Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi).

La tímida lucha contra el fraude que lleva a cabo el ejecutivo, puede traducirse en la disminución de actividades económicas marginales y de ingresos para el Estado

¿Poniendo puertas al campo?

“El Gobierno aprobará el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal según ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, quien ha subrayado que dicha norma facilitará a la Agencia Tributaria los medios y los procedimientos jurídicos para erradicar la economía sumergida”, anunciaron el pasado junio diversos medios y fue aprobada por fin en octubre.

Sin embargo, tratar de regularizar la economía sumergida conllevará una drástica reducción en los intercambios generadores de valor que existen actualmente en la economía, con la consiguiente constricción de las actividades económicas marginales y riesgo de solvencia del mismo Estado, de lo que sería paradigma las cerca de 50.000 empleadas de hogar que trabajaban por horas y que hasta ahora pagaban sus propias cuotas a la Seguridad Social y que pasarán a formar parte de la economía sumergida si no se hubiera regularizado su situación por parte de sus empleadores.


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