Domingo 06 de abril de 2014,
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Los Jueces de la Ley

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Carátula de la película 'Los jueces de la ley'

Carátula de la película ‘Los jueces de la ley’

¿Ley o justicia? ¿Administrar justicia o aplicar la ley? Difícil, muy difícil, cuestión, a la que deben responder todos los jueces, sea cual sea el tribunal desde el que ejerza su función y con la intención, sin duda en la mayoría de los casos, de aplicar la ley sin menoscabo de impartir justicia.

Pero no es sólo un dilema al que deben enfrentarse los magistrados, todos debemos hacerlo en uno u otro momento. ¿Es preferible la aplicación de la ley aunque se puedan producir sentencias injusta o debe primar la justicia aún a costa de incumplir la ley?

Tanto la justicia como la ley dependen del momento histórico en el que nos situemos. Si la primera debe ser fruto del más amplio consenso social posible, la segunda no es más que su materialización en un conjunto de normas de obligado cumplimiento para todos los individuos de manera que ese consenso sea una realidad y con ello se coadyuve a la convivencia y la paz social. Para los romanos la justicia era ‘la constante e inagotable voluntad de dar a cada uno su derecho’, y aquí es donde comienzan los problemas, ya que los derechos de unos entrar frecuentemente en colisión con los derechos de otros.

Si estamos ante un consenso social y eso, no otra cosa, debe ser lo que recojan las leyes, también todos los que formamos parte de la sociedad debemos asumir una responsabilidad de respeto a lo acordado

Si estamos ante un consenso social y eso, no otra cosa, debe ser lo que recojan las leyes, también todos los que formamos parte de la sociedad debemos asumir una responsabilidad de respeto a lo acordado; y en el caso de que esa amplia mayoría necesaria crea que las normas legales deben ser otras para garantizar la pacífica convivencia, entonces será necesario cambiar la ley.

Y dicho esto, yo me hago algunas preguntas. Si un Gobierno elegido democráticamente dicta una ley a nivel nacional sobre, pongamos, el máximo nivel de endeudamiento que puede tener las comunidades autónomas o los ayuntamientos, si un Gobierno elegido democráticamente aprueba un Real – Decreto Ley para la aplicación de medidas urgentes que garanticen la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejoren la calidad y seguridad de sus prestaciones, ¿pueden o deben las instancia autonómicas o locales negarse a cumplir dichas normas por no creerlas justas al considerar que privan de derechos a ciertos colectivos ciudadanos?

Si una persona, por falta de información o formación en temas financieros firma una hipoteca con un banco, ¿es justo, aún suponiendo que sea legal, que junto a su familia sea desalojado de la vivienda que adquirió? ¿Qué responsabilidad se le debe pedir al banco? ¿Quién debe compensar la injusticia?

Y otra cuestión de rabiosa actualidad es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la Doctrina Parot (recordemos que la tal ‘doctrina’ no es una norma jurídica, sino un criterio de Tribunal Supremo español sobre la aplicación de beneficios penitenciarios a cierto tipo de delincuentes). Pues si en esta cuestión Europa dice que no está de acuerdo con que dicho criterio sea aplicado con carácter retroactivo, es decir, que no se puede aplicar una sanción a un delito cometido con anterioridad a la existencia de dicha pena, y eso, mal que nos pese en esta ocasión, supone una garantía para todos y la superación del ‘ojo por ojo’ y de la aplicación arbitraria de la ley por parte de señores feudales o reyes, ¿es de recibo que el partido que sustenta al Gobierno se sume institucionalmente a una manifestación ciudadana para mostrar el desacuerdo con la decisión de una instancia superior?

Si no estamos de acuerdo con lo que establecen las leyes que nos hemos dado habrá que cambiar el consenso establecido

Ley, justicia, derechos de las víctimas y derechos de los delincuentes, todo ello emana de unas normas aceptadas por la mayoría, imperfectas porque son fruto de la acción humana y por tanto con sus grandezas y sus miserias.

Y llegados a este punto, me viene a la memoria una película del año 1983 interpretada por Michael Douglas y titulada ‘Los Jueces de la ley’. El argumento iba sobre un grupo de jueces que tras verse obligado a poner en libertad a ciertos delincuentes por, digamos, formalismos legales, aún estando convencidos de su culpabilidad, quieren administrar justicia fuera del sistema contratando a asesinos profesionales para que los eliminen. Uno de los jueces, en un momento de discusión y para justificar sus acciones, afirma: “Nosotros como jueces debemos impartir justicia, porque esta hace tiempo que se perdió entre los renglones de la ley”. Pero en un caso se equivocan y dan muerte a un inocente. Ese es el riesgo de tomarse la justicia por la mano.

Si no estamos de acuerdo con lo que establecen las leyes que nos hemos dado habrá que cambiar el consenso establecido. Que asesinos o violadores vuelvan a las calles no es justo ni para las víctimas ni para el resto de la sociedad, pero existen procedimientos democráticos para que esto no vuelva a suceder. Cambiar las normas de convivencia es posible, pero es, debe ser, una tarea de todos, porque a todos en un momento de nuestra vida nos pueden aplicar una ley que no consideramos justa.

Imagen: mundodescargas.com

Editado por la Redacción: subtítulo, destacados e imagen

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