Los vecinos de Montera amenazan con mostrar la prostitución en su calle a través de Internet

Vecinos de Montera (Kike Para)

(Servimedia) Vecinos de la calle Montera
acusaron hoy al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de incumplir
el compromiso asumido en la campaña electoral de 2003 de acabar con la
prostitución callejera, y denunciaron que la situación en su barrio
“incluso está peor que antes“.

Además, la asociación Nuevos
Vecinos de Montera, que reúne a un grupo de vecinos jóvenes “que quiere
defender una calle para el disfrute de todos los vecinos del barrio y
sus familiares y de todos los madrileños y visitantes”, anunció la
instalación de una cámara de TV permanente para colgar en directo la
imagen de la calle en Internet.  

Según esta asociación, el único cambio que
se ha producido es el de la nacionalidad de las jóvenes que se
prostituyen, que durante una época fueron latinoamericanas y ahora son
principalmente de la Europa del este. Los vecinos denuncian que las
mafias continúan explotando sexualmente a decenas de jóvenes en la
calle, especialmente durante la noche, y que las autoridades siguen sin
resolver el problema.

La citada asociación denuncia que la
situación es “insostenible” para los vecinos y comerciantes que siguen
en el barrio, ya que muchos han tenido que abandonarlo. Según sus
datos, hay una presencia diaria de más de 100 prostitutas en apenas 30
metros de calle (la zona comprendida entre la calle San Alberto y la
Red de San Luis).

Apoyan la presión policial y los controles en el acceso a los inmuebles
de la calles Jardines y Caballero de Gracia que funcionan como
prostíbulos encubiertos sin tener licencia de actividad ninguna, pero
creen necesarias otras medidas, como el precinto de estos inmuebles y
la instalación de cámaras de videovigilancia con las que hay en la
Plaza Mayor o la Gran Vía.  

Los vecinos consideran
que el plan contra la explotación sexual presentado por la concejala
Botella hace dos años “ha fracasado rotundamente“, y valoran los
ejemplos de otros ayuntamientos, como el de Barcelona, que han puesto
en marcha ordenanzas municipales reguladoras. También exigen a las
autoridades autonómicas y centrales “que tomen cartas en el asunto con
objeto de atajar esta situación de degradación e injusticia social”.

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