Martes 06 de diciembre de 2016,
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Más de 25 años de cárcel por abortar: Guanajuato o el estilo clerical de gobernar

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En uno de los estados con mayor tradición conservadora, las mujeres pueden pasar más de 20 años en prisión por sufrir abortos involuntarios. Seis se encuentran en esa situación

Estas condenas pueden ser duplicadas o triplicadas si ellas tienen mala fama, ocultaron su embarazo o quedaron en estado de gravidez por una ‘unión ilegítima’ o fuera del matrimonio

Guanajuato (México). Guanajuato es un Estado del centro de México, localizado en una región llamada El Bajío. Famoso por ser cuna de la Independencia (en un pequeño municipio llamado Dolores se dio inició la lucha armada contra la Corona), también ha sido origen de varios movimientos de carácter reaccionario, como el sinarquismo, que fue un movimiento político fascistoide heredero de la rebelión cristera y enemigo del régimen emanado de la revolución mexicana.

Carlos Homero Hicks (PAN) modificó leyes y políticas para armonizarlas con las ideas católicas, incluyendo campañas contra el uso del condón y los anticonceptivos

Bastión desde la alternancia (1991) del Partido Acción Nacional, fue gobernado por Vicente Fox antes de ser Presidente de la República. Su heredero, Carlos Romero Hicks, tomó el poder en 2001 y procedió a modificar leyes y políticas especialmente en materia de educación sexual y derechos reproductivos, con el fin de armonizarlas con las ideas católicas de la clase dirigentes guanajuatense y el PAN. Ejemplo de ello fue la sonada eliminación de los dibujos que mostraban los genitales masculinos y femeninos en los libros de ciencias naturales en las escuelas. Cuando, más tarde, en respuesta a las protestas de varios sectores del país, el Gobierno federal exigió a Guanajuato que diera a los estudiantes los libros originales de ciencias de la Secretaría de Educación Pública, con los dibujos, varios de estos libros fueron quemados en una plaza por católicos guanajuatenses.

Durante el gobierno de Romero Hicks, también se llevó a cabo una fuerte campaña contra el uso del condón y los anticonceptivos. Más mediático quizá resulta su hermano, Eduardo Romero Hicks, alcalde de la capital del Estado (famosa por una callejuela llamada ‘El callejón del beso’), quien en enero de 2009, en aras de las buenas costumbres (sic), prohibió entre otras cosas los besos en la vía pública, so pena de multas y hasta de cárcel.

Como parte de la gestión de Romero, se aprobó en 2001 la tipificación como delito de cualquier tipo de aborto (voluntarios e involuntarios, espontáneos por desnutrición o por alguna otra limitación física o enfermedad, productos de una violación de algún desalmado o algún discípulo de Marcial Maciel) con penas de entre 15 y 30 años de cárcel. Para la ley guanajuatense, los abortos son “homicidios en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación”.

Las graves consecuencias de este Gobierno de estilo decimonónico, que, en palabras de Arnoldo Kraus, “ha hecho de la vileza su bandera, de la mediocridad su modus operandi, de la injusticia su credo, y de la estupidez su única forma de ser”, se han dado a conocer en la forma de seis mujeres jóvenes, indígenas, y pobres, que están presas por este nuevo delito.

En 2001 se tipificó como delito cualquier tipo de aborto (voluntarios e involuntarios, espontáneos, o producto de una violación), con penas de entre 15 y 30 años de cárcel

Abortaron involuntariamente (probablemente debido al estado de miseria en el que viven, compartido por buena parte de los habitantes de México), fueron denunciadas por parientes, vecinos, o médicos, y se enfrentan a condenas de más de 25 años de cárcel. La más veterana, de 26 años, lleva presa desde hace 9, es decir, entró a la prisión cuando era aún menor de edad.

Todas ellas presas por ningún motivo además de los prejuicios religiosos que los gobernantes guanajuatenses convierten en ley. Todas tienen en común el hecho de que, cuando llegaron a hospitales públicos chorreando sangre y psicológicamente devastadas, el médico tomó como prioridad llamar a agentes del Ministerio Público para denunciarlas infraganti, antes de proceder a su atención.

También todas ellas comparten la frustración que resulta de la imposibilidad de pagar por el acceso a la justicia, por un abogado que las represente para poder elevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una de ellas, Susana Dueñas, sufre “falta de recursos intelectuales, trastornos psicológicos y retraso y deficiencia mental”. Esta mujer ha sido condenada a cinco años por un juez que omitió los resultados de varios de los peritajes psicológicos que daban fe de su estado. “Yo no me provoqué que se me viniera el bebé… sólo que ese día me dolía el estómago y la espalda y cuando fui al baño se me vino el bebé”, dijo la joven mujer en su declaración (hecha, por cierto, sin la presencia de un abogado).

Todo esto ya es del conocimiento de la sudcoreana Kyung-wha Kang, Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a pesar de que, como cuenta el periodista Jaime Avilés, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato obligó a cuatro de las internas a firmar un documento en el que piden ya no ser entrevistadas por la prensa. Una relatora de Naciones Unidas ya está investigando su caso.

Seis mujeres pobres e indígenas están presas por este delito. La más veterana, de 26 años, lleva nueve en prisión, desde que era menor de edad

Mientras tanto, el Gobierno estatal de Guanajuato no ha reculado ni un paso: la policía local ha estado realizando trabajos de rastreo en clínicas y hospitales para integrar un padrón de mujeres embarazadas en la zona de Apaseo, con el fin de localizar a la mayor brevedad posible a una mujer que abortó y abandonó un feto de cuatro meses que fue encontrado el viernes en el basurero municipal de Apaseo el Alto, con el fin de someterla a proceso penal. Por otro lado, sus esfuerzos también se están encaminando hacia el cierre de una ONG llamada ‘Centro de los Adolescentes de San Miguel de Allende’, que funge como escuela de parteras profesionales (con 20 años de experiencia) y que se dedica a brindar educación sexual y repartir antinconceptivos a jóvenes de comunidades rurales de la zona.

Ante esto, el Gobierno federal de Felipe Calderón ha mantenido una actitud de total mutismo; la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha corroborado una vez más su reputación de mediocre y renuente a entrar a ciertos temas; y el Instituto de la Mujer Guanajuatense… bueno, no se puede pedir mucho a una organización cuya titular, Luz María Ramírez Villalpando (de oficio decoradora de interiores), declaró hace poco en un acto oficial que las mujeres tatuadas eran responsables de la decadencia y pérdida de valores de la sociedad, para quien el mejor antídoto contra la violencia intrafamiliar es la ‘Triple R’: resignarse, reír, y rezar; y quien, según cuenta el corresponsal de La Jornada en la entidad, Carlos Rojas, opina que las mujeres en el momento en que están siendo violadas segregan un líquido espermicida, que las protege del embarazo, por lo que la alegación de haber sido embarazada por una violación sería necesariamente falsa.

México ha firmado, entre otras convenciones, la ‘Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer’. Y de hecho, desde el punto de vista federal, en el país el aborto no se considera delito si el embarazo es resultado de violación, tiene lugar por accidente o hecho imprudencial, cuando pone en peligro la vida de la mujer, ocurre por inseminación no consentida o en caso de que el feto presente malformaciones (dato de la Secretaría de Salud: cada seis horas ocurre en México una ‘muerte materna’, léase, el fallecimiento de una mujer embarazada en cualquier etapa de la gestación, o durante el parto, o hasta 42 días después de dar a luz).

La Directora del Instituto de la Mujer opina que las mujeres tatutadas son responsables de la pérdida de valores; que el antídoto contra la violencia doméstica es resignarse, reír y rezar; y que una violación no puede dar lugar a un embarazo porque las mujeres segregan ‘espermicida’

Sin embargo, como ha difundido la periodista María Julia Mayoral en Prensa Latina, en 18 de los 31 estados que conforman la federación, las mujeres que interrumpen su embarazo pueden ser tratadas como criminales; para ellas están previstas desde multas hasta años de cárcel, con el añadido de que estas condenas pueden ser duplicadas o triplicadas si ellas tienen mala fama, ocultaron su embarazo o quedaron en estado de gravidez por una ‘unión ilegítima’ o fuera del matrimonio.

En algunos territorios, las reformas legales para ‘proteger la vida desde el momento de la fecundación’ pasa también por la negación del uso de métodos anticonceptivos, como la pastilla de anticoncepción de emergencia y el dispositivo intrauterino (DIU).

Mientras que a pocos kilómetros, en el Distrito Federal, una mujer puede ejercer libre y voluntariamente sobre su maternidad, en Guanajuato, donde según estadísticas de la Secretaría de Salud en los últimos cuatro años se registraron 53.400 embarazos en menores de 19 años, de las cuales 1.580 no habían cumplido siquiera 15 años cuando quedaron encinta, puede por ello ir a la cárcel casi media vida. Por supuesto, las probabilidades de hacerlo crecen si se trata de una mujer residente en zonas de extrema pobreza, sin instrucción escolar, y carente de servicios de salud.

El mensaje parece claro. En Guanajuato, pero no sólo ahí, la ideología de algunos políticos y el credo católico pesa más que la vida de las mujeres, que sus derechos sexuales y reproductivos, y que el principio de laicidad del Estado mexicano.

Más allá de la urgencia y relevancia de estos casos, y del hecho de que este tipo de legislación no detendrá que los abortos prosigan y sí fomentará que estos se practiquen en la clandestinidad, con condiciones de insalubridad peligrosas, además de añadir al peso de esta difícil decisión la amenaza penal, creo que el tema es parte de una discusión más amplia: de lo que Foucault y sus seguidores entienden como ‘biopolítica’.

166 mujeres fueron entregadas por los médicos a la policía. 43 se encuentran a disposición del juzgado. 6 están en la cárcel. La más veterana lleva ya nueve años

Las tecnologías políticas que no se dirigen a la reforma del organismo individual, a su domesticación, sino que buscan regular los grandes procesos biológicos que afectan a una población y que poseen su propia normatividad intrínseca (natalidad, mortalidad, morbilidad, vejez), un poder coextensivo con la vida que lo mismo ha estado vinculado a la eugenesia que al racismo y la vacunación infantil. (Léase al respecto un libro excelente de Francisco Vázquez publicado el año pasado por Akal: ‘La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España 1600-1940).

Más específicamente, me parece que este asunto se relaciona con el pensamiento del italiano Giorgio Agamben sobre el poder soberano: este filósofo considera que la biopolítica moderna, el hecho de que la vida biológica y sus necesidades se han convertido en una cuestión políticamente decisiva (esto es, que ‘vida’ y ‘muerte’ no son conceptos propiamente científicos sino políticos, que adquieren significado por medio de una decisión, como en el tema del aborto o la eutanasia) implica la cualificación de ciertos grupos de hombres, que él llama “homini sacri”, como “nula vida”, una especie de pseudonaturaleza inasimilable por el cuerpo político colectivo y cuyo estar a merced del poder funda, a contrario, el orden legítimo del Estado. Es decir, que el poder soberano se ha situado nuevamente en el cruce de las ciencias médicas y la biología.

Pero volvamos a Guanajuato. La situación de Araceli Camargo, Susana Dueñas, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Ofelia Segura Frías, y Liliana Morales, aunque sea el caso más conocido, no es el único. Según datos del periodista Jaime Avilés, en estos momentos, en Guanajuato hay 166 mujeres más que también fueron entregadas por sus médicos a la policía. De ellas, 43 se encuentran a disposición de un juzgado para ser sometidas a proceso penal. Ahora que su existencia y sufrimiento es conocida, no debemos permitir que sigan en la cárcel. Como ya alguien ha dicho, no se trata solamente de las seis jóvenes presas, ni de las que aguardan su turno en este estado de nostalgia medieval, sino de todas las mujeres mexicanas, y por extensión de todos. Ante esta sistemática vulneración de los derechos humanos por el Estado en nombre de prejuicios religiosos, ¡libérenlas ya!

Para más información sobre el tema: www.liberenlasya.orgwww.laslibres.org.mx


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