Miércoles 26 de marzo de 2014,
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Nace una organización de periodistas extranjeros en Colombia

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Ética en el cubrimiento periodístico del conflicto armado, seguridad para periodistas y solidaridad profesional. Con estas premisas se conformó en Bogotá el pasado 20 de junio la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

El cautiverio y posterior liberación del corresponsal francés Roméo Langlois por parte de la guerrilla de las FARC fue el hecho desencadenante de una serie de reflexiones por parte de un número importante de corresponsales de medios de comunicación internacionales que trabajan en Colombia. Una de las conclusiones fue la necesidad de organizarse para afrontar situaciones de riesgo para sus colegas y lograr una interlocución directa y eficaz con el Estado, en aras de garantizar el derecho a informar y estar informado.

El periodista italiano Simone Bruno, amigo personal de Langlois y quien vive hace más de una década en Colombia, empezó a contactar a sus colegas, transmitiéndoles el entusiasmo por esta nueva organización. Es así como luego de varias reuniones, el pasado 20 de junio aprobaron el acta de constitución y los estatutos de la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia (APIC), consagrando como su objetivo principal “defender en todos sus aspectos, el ejercicio profesional de la prensa extranjera en Colombia, velar por el pleno ejercicio de la libertad de prensa y promover el mejoramiento de la calidad de la información”.

Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia

Vale la pena resaltar la voluntad de los integrantes de esta nueva organización de servir de apoyo, en los casos necesarios, a los periodistas locales colombianos, que en las diferentes regiones se ven enfrentados a todo tipo de agresiones en el marco del conflicto armado interno y también como consecuencia de la grave crisis producto de la corrupción estatal. “Tenemos que responder a todo el apoyo que nos han dado los periodistas regionales cada vez que vamos a sus ciudades”, dijo Bruno durante la asamblea constitutiva de la asociación de periodistas, en la que resultó elegido como su presidente. Organizarse es algo “que debimos hacer hace rato”, señala Simone.

Le preguntamos al recién elegido presidente de la nueva asociación, Simone Bruno, sobre la expectativa frente a la sociedad y el gobierno colombianos desde la nueva organización.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia. En nuestra organización hay reporteros, fotorreporteros y corresponsales de los más importantes medios del mundo, gente que lleva más de 15 años trabajando en este país; no sólo, hay jóvenes, hay periodistas de las más importante agencias de prensa del mundo”. Bruno agrega más adelante que la APIC será un recurso para hacerle ver al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que será un error restringir las posibilidades de trabajo de los periodistas extranjeros, como algunos lo han sugerido luego del caso Langlois.

En lo concerniente a la sociedad colombiana, Bruno señala: “es la sociedad que debe exigirnos, a nosotros como a la prensa colombiana, que seamos imparciales, serios y que tengamos la fortaleza de contar este conflicto que lastimosamente es invisible desde las casas de los habitantes de las grandes ciudades. Por esto nos reunimos, para poder seguir con más fuerza en nuestro trabajo”. Esta postura fue planteada por Simone Bruno a los pocos días de conocerse la noticia de la retención de su amigo Roméo Langlois. “Este es un conflicto de pocos, que no aparece casi nunca en imágenes y del que son ajenas casi siempre las ciudades”, señaló durante un evento académico a comienzos del mes de mayo.

Durante las reuniones en las que se discutieron los aspectos claves de esta nueva organización fue permanente el acompañamiento de la delegada de Reporteros Sin Fronteras y el respaldo inmediato de la Federación Colombiana de Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Panorama del ejercicio periodístico en Colombia [1]

Según Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el lugar 143 entre 179 países evaluados. En el continente americano, se encuentra por encima de la clasificación de México (149) y Cuba (167). Clasifica al grupo ilegal ‘Águilas Negras’, banda criminal según el Gobierno, en la lista de “depredadores de la libertad de prensa”. Se le atribuyen amenazas a cinco periodistas y 60 ONG, entre ellas la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

En 2011 crecieron los intentos de asesinatos, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros y el desplazamiento forzado contra periodistas

Para la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER, las agresiones contra periodistas aumentaron un 7% en Colombia en 2011 respecto al año anterior. En un alto porcentaje, los responsables de estas conductas criminales contra periodistas son los grupos paramilitares, ahora reciclados con la etiqueta de ‘bandas criminales’. Agrega la organización gremial de periodistas colombianos que de siete homicidios registrados en 2010, se pasó a uno durante 2011

En su informe, Fecolper busca “evidenciar la situación de violencia que padecen los periodistas en Colombia por razones del ejercicio de su profesión”, ya que la disminución de homicidios no puede considerarse en sí misma como un progreso en la protección a periodistas, ya que “los intentos fallidos de asesinato crecieron en igual proporción, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros, el hurto de equipos y destrucción de material y el desplazamiento forzado contra periodistas”. En total Fecolper documentó 202 casos de agresión contra el ejercicio libre del periodismo, dentro de ellos, 10 situaciones de acoso judicial.

De acuerdo a la Ong Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, en su informe titulado ‘¿La censura en las regiones llegó para quedarse?’, el siguiente es el balance de agresiones contra periodistas: “el asesinato de un periodista por razones del oficio; el exilio de dos reporteros; el atentado a dos medios de comunicación y 94 casos de periodistas amenazados”. Este panorama es calificado como “un aumento significativo sobre lo que ha registrado la FLIP en los últimos años”. Agrega más adelante que “la impunidad sigue siendo uno de los temas más preocupantes. En 2011 prescribieron 9 casos de periodistas asesinados, en los cuales no se consiguieron resultados judiciales”.

El Comité de Protección a Periodistas señala que a lo largo de gran parte de la última década, la inteligencia colombiana interceptó ilegalmente los correos electrónicos, realizaba escuchas ilegales a conversaciones telefónicas, y llevó a cabo la vigilancia contra reconocidos periodistas críticos del gobierno.

En el ámbito del Sistema Regional de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] publica un capítulo especial en el informe anual de la CIDH analizando el estado de la libertad de expresión en el continente. En lo que corresponde a Colombia durante 2011, la Relatoría resalta las continuas afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las que estigmatiza a periodistas críticos. Algunos de los casos mencionados en el reporte anual son los del corresponsal del periódico The Washington Post en Colombia, Juan Forero, “por la publicación de una nota acerca de presuntas graves irregularidades que habrían cometido funcionarios de su gobierno”. Agrega el informe que “las organizaciones de prensa expresaron una razonable preocupación por las eventuales consecuencias que podrían tener dichas declaraciones”.

Adicionalmente, junto con las referencias a casos de homicidios, amenazas y acoso judicial contra periodistas, la Relatoría llamó la atención sobre la aprobada ‘ley de inteligencia y contrainteligencia’, que de alguna manera podría afectar de manera desproporcionada el derecho de acceso a la información.

Amenazas, acoso judicial, censura, presiones económicas e intentos de homicidio son algunos de los factores que coartan el derecho de los periodistas a ejercer su oficio y el de la sociedad a recibir la información necesaria para formarse un criterio que le permita participar activamente en las decisiones que afectan al país.


[1] Resumen tomado del ‘Balance de informes sobre libertad de expresión en Colombia‘, publicado por el Proyecto Sociedad Informada.


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Sobre el autor

Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

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