Lunes 05 de diciembre de 2016,
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No más derechos a la intemperie

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Amnistía Internacional, en el marco de su campaña internacional ‘Exige Dignidad‘, promueve en España una nueva acción con el fin de exigir que el derecho a la salud y a la vivienda aparezcan reconocidos en la Constitución Española como derechos humanos plenos y jurídicamente vinculantes

Salud, alimentación, vivienda, trabajo, educación, etc., son también derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de 1948. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966, y firmado y ratificado hasta el momento por 160 países de todo el mundo, entre los cuales se encuentra España, obliga a los Estados a desarrollar mecanismos adecuados para respetar, proteger y realizar los derechos de la segunda generación de la Carta Universal de las Naciones Unidas, aquellos que se refieren al disfrute de una vida humana moral y materialmente digna.

El 20% de la población española está en riesgo de pobreza. AI exige que el derecho a la salud y a la vivenda aparezcan reconocidos en la Constitución Española

Cerca del 20% de la población en nuestro país (aproximadamente nueve millones de personas) está hoy en riesgo de pobreza. Este porcentaje no sólo incluye a las personas sin empleo, sino a aquellas cuyo precario trabajo no ha conseguido liberarlas de la miseria. Esta situación se agrava de forma alarmante en una época de crisis económica como la que estamos viviendo.

El Estado español debería estar obligado a proteger y garantizar el respeto de estos derechos, y las víctimas de sus vulneraciones deberían poder reclamar a las autoridades la reparación de los daños sufridos cuando los vieran conculcados. Sin embargo, esto, hoy, es prácticamente ilusorio en nuestro país.

La Constitución Española, basándose en una distinción entre principios rectores y derechos constitucionales, no considera que los derechos económicos, sociales y culturales tengan categoría de derechos humanos propiamente dichos, jurídicamente vinculantes, sino que los interpreta como meros principios orientadores de las políticas de los Gobiernos de turno. El derecho a la vivienda y a la salud no son tenidos en cuenta como derechos imperativos, sino a lo sumo como “buenos deseos” de una praxis política razonable.

La consecuencia de este desamparo por parte de la ley es que estos derechos son actualmente derechos a la intemperie.

Los desalojos que se vienen ejecutando impunemente en España en los últimos tiempos son una clara vulneración del derecho a la vivienda de las personas. Son un atentado contra su dignidad.

Se calcula que “desde 2007 la justicia española ha ejecutado 271.570 hipotecas: 25.943 en 2007, el primer año de la crisis, 58.686 en 2008, 93.319 en 2009 y 93.622 en 2010″, publicaba El Mundo en marzo.

Desde 2007, inicio de la crisis, más de 270.000 hipotecas han sido ejecutadas. El Relator Especial de Naciones Unidas por una vivienda adecuada ya llamó la atención a España en 2008

A pesar del grave problema que representan estos datos para la sociedad española, el Gobierno no ha tomado medidas legislativas suficientes para abordar la situación. Por si fuera poco, el Tribunal Constitucional dictaminó este año que las ejecuciones hipotecarias no vulneran derechos fundamentales y que, por tanto, no pueden considerarse inconstitucionales.

En la Cañada Real de Madrid, en Sant Martí de Barcelona, en el Cabanyal de Valencia, en un sinfín de lugares de España familias enteras se han visto obligadas a abandonar sus casas y a irse a vivir a la calle sin haberles ofrecido ninguna otra alternativa ni haber tenido en cuenta para nada sus deseos y necesidades.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada llamó la atención a España por no desarrollar una política de vivienda respetuosa con los derechos humanos y no garantizar la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda digna.

La salud es otro derecho que corre grave riesgo de vulneración en nuestro país. Los recursos públicos para la atención de enfermos mentales en España son muy limitados. La escasa red de centros de salud mental, la mala dotación de los mismos y la falta de personal (el número de psiquiatras –6 por cada 100.000 habitantes– es considerablemente bajo) hacen que el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales sean en la mayor parte de los casos muy deficitarios. El sufrimiento añadido que un enfermo mental puede padecer a causa de esto es enorme. Según un informe de la OMS en 2008, España se encuentra entre los países más atrasados del continente en esta materia.

Por otro lado, se ha detectado que muchas personas no tienen cubierta la asistencia sanitaria gratuita por no recibir ningún tipo de prestación social por desempleo o por no haber trabajado nunca.

Amnistía Internacional recuerda a las instituciones públicas que tienen la obligación de velar por la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Aprovechando que el Parlamento acaba de aprobar una reforma de la Constitución, la organización cree que es una buena oportunidad para incluir en esa reforma una modificación sustantiva de la misma, con el objetivo de reconocer el derecho a la vivienda y a la salud como derechos humanos  auténticos y establecer mecanismos  jurídicos que garanticen su respeto y realización.

Si tú también quieres exigir dignidad, firma ¡No más derechos a la intemperie!


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