Sábado 05 de abril de 2014,
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No más ‘Rosas’ maltratadas

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COLOMBIA / Rosa Elvira Cely fue violada y asesinada. El nivel de brutalidad de este crimen sacudió a la sociedad colombiana, cuya sensibilidad parecía estar anestesiada por más de 60 años de conflicto armado

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

Rosa Elvira Cely, de 35 años de edad y madre de una niña de 12 años, fue violada y golpeada el 23 de mayo. Los agresores, sin creer que Rosa hubiera sobrevivido a su macabra tortura, la abandonaron en un céntrico parque de la capital colombiana.

Como en muy pocos casos ocurre, Rosa logró avisar telefónicamente a las autoridades y describir a los autores de su tortura. Víctima de múltiples heridas, sintetizadas por la prensa nacional como un ‘empalamiento’, el 28 de mayo murió.

Siete días después miles de colombianos se movilizaron para pedir justicia, bajo la consigna ‘Ni una Rosa más’, en referencia al deseo generalizado de que no se siga repitiendo la tragedia que padeció Rosa Elvira Cely en otras mujeres. ‘Ni una más’, porque los casos de violencia sexual cada vez son más frecuentes, llegando incluso a denunciarse dos aspectos preocupantes al respecto: el alto índice de impunidad en las investigaciones judiciales por agresiones a mujeres y la utilización de la violencia sexual como arma de guerra.

Se denuncia el alto índice de impunidad en las investigaciones judiciales por agresiones a mujeres y la utilización de la violencia sexual como arma de guerra

Según cifras manejadas por las organizaciones Oxfam y la Casa de la Mujer, 94.565 mujeres fueron violadas entre los años 2001 y 2009. Esta compleja patología social se acentúa debido al conflicto armado interno.

Según Oxfam, 2 de cada 10 mujeres desplazadas han huido a causa de la violencia sexual (actualmente se estima que en Colombia hay más de 3 millones de personas desplazadas por el conflicto armado). En el informe ‘La violencia sexual en Colombia. Un arma de Guerra‘, publicado en 2009, se denunció que en el conflicto colombiano “la violencia sexual ha sido empleada como arma de guerra por todos los grupos armados –fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros– tanto contra las mujeres civiles como contra sus propias combatientes”.

En los más recientes informes sobre derechos humanos en Colombia se hizo especial referencia a la violencia sexual.

Según el Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – 2011, durante el año pasado “se continuaron reportando actos de violencia sexual relacionados con el conflicto, algunos cometidos con especial grado de sevicia, atribuidos a grupos armados ilegales. Agrega más adelante el informe que “la lucha contra la impunidad de los delitos sexuales relacionados con el conflicto sigue requiriendo esfuerzos especiales de parte del sistema judicial. Por ejemplo, a noviembre, sólo cuatro casos se encuentran en etapa de juicio de los 183 que la Corte Constitucional en su Auto 92 de 2008 ordenó a la Fiscalía investigar a la mayor brevedad posible. El juicio sobre el asesinato de tres niños víctimas de violencia sexual, presuntamente cometido por un miembro del Ejército en Arauca en 2010, avanza despacio”.

Este último caso es el de Jenny Torres Jaimes, de 14 años, violada, torturada y asesinada el 14 de octubre de 2010. Los tentáculos de la sevicia del agresor, llegaron a cegar las vidas de los dos hermanos de Jenny, 9 y 6 años para que no fuera denunciado. Luego, en marzo de 2011 la jueza encargada del caso fue asesinada. Hasta ahora no hay un fallo definitivo sobre la responsabilidad del teniente del ejército Raúl Muñoz, principal sospechoso de la violación de Jenny y el asesinato de ella y sus hermanos.

Según Oxfam y la Casa de la Mujer, casi 95.000 mujeres fueron violadas entre 2001 y 2009

Casos como éste han hecho que Margot Wallström, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los conflictos, afirmara en una reciente visita a Colombia, que en este país “reina la impunidad en muchos los casos que vinculan directamente a la mujer”.

En el Informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos (2011), se incluye dentro de los problemas más graves que afectan la situación de derechos humanos en Colombia, la violencia contra las mujeres y la trata de personas.

Ante la ausencia de una base de datos completa o consolidada sobre la incidencia de la violencia sexual en el conflicto armado, este informe acoge los resultados del estudio titulado ‘Saquen mi cuerpo de la guerra‘, publicación financiada por Oxfam Internacional en 2010. Allí se estima que 489.687 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Casi el 20% de estos casos corresponden a violaciones y la mitad de las víctimas fueron violadas al menos dos veces. La definición de violencia sexual incluye el acoso, la regulación de la vida social, el trabajo doméstico forzado, prostitución forzada, el aborto forzado, embarazo forzado y la esterilización forzada. El estudio estima que el 30% de la violencia fue perpetrada por actores armados.

La impunidad en estos casos suele ser otro factor preocupante señalado en el informe. La tasa de enjuiciamiento en los casos de violación es muy baja. Durante 2011, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó 18.044 casos de presuntos delitos sexuales, especialmente en el marco del conflicto armado y 38.000 casos de violencia doméstica.

Por su parte, de acuerdo al informe anual de la organización Human Rights Watch, los grupos sucesores de los paramilitares, son responsables de gran parte de los casos de violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual. Agrega más adelante el informe que “la impunidad de la violencia sexual, especialmente en casos de violencia vinculada con el conflicto armado, continúa siendo un problema”.

El informe ‘Saquen mi cuerpo de la guerra’ estima que casi medio millón de mujeres ha sido víctima de violencia sexual. El 30% de los agresores eran actores armados

Finalmente, el Informe anual 2012 de Amnistía Internacional apunta a evaluar el compromiso del gobierno colombiano para poner fin a la impunidad por los abusos contra los derechos humanos, resaltando los avances en algunos casos emblemáticos, “no obstante, las autoridades no garantizaron el procesamiento de la mayoría de los responsables, especialmente los de delitos sexuales contra mujeres y niñas”.

Amnistía Internacional hace énfasis en denunciar las amenazas y homicidios contra las defensoras de los derechos humanos y las dirigentes comunitarias, especialmente las que trabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras. En junio de 2011 varias organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas de mujeres, recibieron por correo electrónico una amenaza de muerte del grupo paramilitar Águilas Negras-Bloque Capital: “Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las FARC, las cuales se oponen a las políticas de nuestro gobierno”.

Este capítulo específico del informe de Amnistía Internacional concluye señalando que “la impunidad por estos crímenes continuaba siendo significativamente superior que por otros tipos de abusos contra los derechos humanos”.

Faltan las palabras para describir el oscuro panorama de una sociedad donde las mujeres son agredidas de esta manera. Sólo resta la esperanza de que la movilización ciudadana en rechazo al crimen contra Rosa Elvira sea el comienzo de una nueva etapa de conciencia sobre la importancia del respeto por la dignidad de la humanidad, que comienza por el respeto a las mujeres.

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Sobre el autor

Proyecto Sociedad Informada. Intereses: Libertad de Expresión

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