Lunes 26 de septiembre de 2016,
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ONG ambientalista advierte que el Gobierno de Panamá violaría derechos civiles de opositores a la nueva Ley Minera

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El presidente Martinelli es acusado de intentar dividir al movimiento indígena – ambientalista, que mantiene la convocatoria de manifestación para el día 24 de febrero

Panamá. En una especie de demostración de la máxima maquiavélica de “(…) divide y reinarás (…)”, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, ha procurado fraccionar el movimiento indígena-ambientalista que se opone a la explotación minera a cielo abierto en áreas protegidas, para que desistan en sus esfuerzos por lograr el respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas proclamados por la Organización de las Naciones Unidas.

Hacia la administración del actual gobernante panameño apunta igualmente la responsabilidad por la posible violación “(…) de los derechos civiles de quienes denuncien los delitos ecológicos producto de las muchas exploraciones y explotaciones mineras (…)”, según lo ha advertido en Kenia, África, la líder ambientalista, Alida Spadafora.

Hace pocas horas Martinelli anunció el logro de un acuerdo con líderes no reconocidos por todos los actores sociales

A escasas horas de celebrarse otra manifestación convocada por parte de organizaciones obreras, campesinas, indígenas y ambientalistas, para exigir al Gobierno la derogación de la Ley 8 de 2011, que reforma el código minero, Martinelli Berrocal anunció el logro de un supuesto ‘acuerdo’ con líderes que no estaban legitimados “(…) para hablar en nombre de los indígenas (…)”, así lo dio a conocer mediante una resolución, la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del pueblo Ngӧbe-Buglé.

Por más que el mandatario firmó este 22 de febrero un decreto ley por el cual el Gobierno se compromete a no otorgar “(…) ninguna concesión minera, ni de cobre, ni de ningún otro material no solamente en la Comarca Ngöbe-Buglé, sino en cualquiera de las otras comarcas (…)”, no convenció a la dirigencia popular, que se mantiene en su decisión de protestar de forma masiva el 24 de febrero próximo, reclamando la derogatoria de la recién aprobada normativa.

La experiencia iberoamericana ha demostrado que la minería a cielo abierto es devastadora para la naturaleza, toda vez que lleva implícita la deforestación de grandes extensiones de tierras. La deforestación produce a su vez desertificación, gran sedimentación y pérdida de fertilidad de los suelos, lo cual afecta la actividad agrícola y por ende, pone en peligro la seguridad alimentaria de los habitantes de la región donde tiene lugar.


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