Lunes 14 de abril de 2014,
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Perú contra Perú: ¿quién sale ganando?

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Los dos representantes del Estado Peruano defendieron posturas encontradas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Barrios Altos

La que debió haber sido una audiencia para revisar el cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte–IDH), se transformó el pasado 27 de agosto en un escenario similar a lo acontecido en la mítica torre de babel, donde ninguno de los abogados representantes del sentenciado hablaron el mismo idioma al sostener la defensa.

Ese escenario fue la sala de audiencias de la Corte–IDH, con sede en San José, capital de Costa Rica. La única ciudad que he conocido en la que las calles no tienen numeración ni nombre, donde la única forma de ubicarse es pidiendo referencias en torno a distancias entre algún punto conocido de la ciudad y el lugar donde se desea llegar. Una ciudad donde es fácil desorientarse, tal como se desorientó la posición que el Estado peruano debía de sustentar frente a la Corte.

El Procurador Supranacional para temas de DD. HH. Óscar Cubas y el del Poder Judicial Segundo Viteri debían presentar la posición del Estado sobre el cumplimiento de la sentencia de la CIDH sobre el caso ‘Barrios Altos’

Aquel día en San José, el Procurador Supranacional para temas de Derechos Humanos Óscar Cubas y el Procurador del Poder Judicial Segundo Viteri, debían presentar la posición del Estado Peruano frente al seguimiento que realizaba la Corte-IDH a la sentencia de fondo dictada en el caso ‘Barrios Altos contra Perú’ el 14 de marzo de 2001, así como de su interpretación del 3 de setiembre y del fallo referido a reparaciones (indemnizaciones) del 30 de noviembre del mismo año.

Para entender los hechos es bueno saber que la sentencia emitida el 14 de marzo de 2001 por la Corte-IDH fue dictada luego de un largo proceso ante el sistema interamericano de derechos humanos iniciado en 1995, en relación a los hechos acontecidos el 3 de noviembre de 1991 en el local ubicado en el Jirón Huanta No. 840 de los Barrios Altos en Lima, caso conocido como ‘Barrios Altos’. En dicha fecha seis individuos armados, con los rostros cubiertos con pasamontañas y usando silenciadores, dispararon a los ocupantes del local, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras cuatro. Las investigaciones periodísticas de la época y la información obtenida por una Comisión del Congreso peruano determinaron que los responsables de los actos eran los integrantes del denominado ‘Destacamento Colina’, encabezados por el oficial del Ejército Peruano Santiago Martín Rivas. Colina era un comando destinado a eliminar a delincuentes terroristas que operaba con conocimiento de autoridades estatales peruanas.

Luego que los hechos se hicieron públicos, el gobierno de turno, presidido por el expresidente Alberto Fujimori, trató de blindar a los responsables, dirigiendo la investigación judicial al fuero castrense, a través del Consejo Supremo de Justicia Militar, el cual argumentó que al ser los imputados miembros del ejército debían ser procesados en su fuero, interrumpiendo la investigación judicial que se había iniciado el fuero común civil, recurriendo para ello a una contienda de competencia (debate sobre cuál tribunal debe juzgar).

En plenas idas y venidas judiciales, que resultarían aburridas de explicar, el Congreso de la época, con la evidente intención de evitar que se conozca la verdad de lo sucedido, dictó dos leyes, la Nº 26479 y Nº 26492, por las que se decretó una amnistía general a favor de todos los militares involucrados en delitos contra los derechos humanos, beneficio que alcanzó a los miembros del denominado ‘destacamento Colina’, quienes salieron librados de todo proceso.

Frente a ello, los familiares de las víctimas de Barrios Altos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, luego de desarrollar el trámite previsto en su estatuto, demandó al Estado peruano ante la Corte–IDH.

Los responsables del crímen de ‘Barrios Altos’ fueron amnistiados y los familiares acudieron a la CIDH, que estableció que el Estado Peruano había violado Derechos Humanos

Fue así que mediante la sentencia del 14 de marzo de 2001, la Corte-IDH estableció que el Estado peruano violó el derecho a la vida de las víctimas mortales del asesinato de Barrios Altos, el derecho a la integridad personal de los heridos y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de los familiares de las víctimas, esto último como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes Nº 26479 y Nº 26492 que concedieron amnistía a los responsables, evitando su juzgamiento, declarando asimismo la Corte que estas leyes eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto carecían de efectos jurídicos.

Adicionalmente a lo anotado, en la sentencia del 14 de marzo de 2001, la Corte-IDH estableció que el Estado peruano debía investigar los hechos que fueron objeto de su sentencia, para individualizar a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables, disponiendo a su vez que las reparaciones a favor de los afectados y los familiares de los fallecidos debían de fijarse de común acuerdo entre éstos, el Estado demandado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la notificación de la sentencia.

Dato importante a tener en cuenta es que luego de la caída del régimen fujimorista en el año 2000, por los hechos que son de público conocimiento, y ya durante el gobierno de Valentín Paniagua, el Estado peruano, a través de sus representantes ante la Corte–IDH se allanó al proceso seguido en el caso Barrios Altos y aceptó – como correspondía-  los cargos imputados, lo que facilitó la emisión de la sentencia del 14 de marzo de 2001.

Como resultado de la sentencia emitida por la Corte-IDH, la Corte Suprema del Perú dispuso un nuevo juzgamiento a los miembros del ‘destacamento Colina’, ésta vez en el fuero civil, trámite que concluyó en primera instancia con la sentencia expedida el 1 de octubre de 2010 por la Sala Penal Superior presidida por la Juez Inés Villa Bonilla, la cual condenó a los miembros del ‘destacamento Colina’ como coautores (directos) de los delitos de Homicidio Calificado y Asociación Ilícita para Delinquir, imponiéndoseles penas que fluctuaban entre los 15 y 25 años de cárcel. Cabe destacar que a ex funcionarios estatales como Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermosa Ríos se les condenó como autores mediatos (indirectos) de dichos delitos, precisando la Sala que todos los actos por los que se sentenció a los ya indicados constituían crímenes de lesa humanidad.

Miembros del ‘destacamento Colina’ fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Un nuevo juicio concluyó que los crímenes cometidos no podían denominarse así

Los sentenciados impugnaron la sentencia condenatoria, lo que permitió que el caso sea revisado por la Sala Penal Suprema presidida por el Juez Javier Villa Stein, la cual, mediante sentencia del 13 de junio de 2012, confirmó la responsabilidad de los procesados por los hechos de Barrios Altos, pero con la salvedad de que no se podía entender los delitos por los que se les había sentenciado como crímenes de lesa humanidad, debido a que dicha calificación no había sido considerada al inicio del proceso, ni en la denuncia fiscal, ni en el auto de apertura de instrucción, violándose así el derecho a la defensa de los procesados. Sobre esto último ya he desarrollado un post que resume el porqué esta decisión fue, a mi juicio, la correcta.

Luego de expedida la sentencia de la Sala presidida por el Juez Villa Stein, que daba por concluido el juzgamiento a los responsables de los delitos de Barrios Altos, la Corte–IDH, como es normal en su proceder, convocó al Estado peruano y a los familiares de las víctimas del caso Barrios Altos a una audiencia en su sede de San José, fijada para el 27 de agosto pasado, a fin de controlar el cumplimiento de su sentencia del 14 de marzo de 2001 dictada en el mencionado caso. Dicha convocatoria resultó oportuna para los abogados de las víctimas a fin de introducir, como tema a tratar el día de la audiencia, las consecuencias de la sentencia expedida por la Sala Penal Suprema presidida por el Juez Villa Stein en el cumplimiento del mandato de investigación y juzgamiento a los responsables del caso Barrios Altos, expedido por la Corte-IDH a través de la sentencia del 14 de marzo de 2001.

Como ya se ha señalado al inicio de este post, por el Estado peruano asistieron el Procurador Supranacional para temas de Derechos Humanos Óscar Cubas y el Procurador del Poder Judicial Segundo Viteri, quienes debían de presentar la posición formal del Perú en relación al cumplimiento de la sentencia de la Corte–IDH del 14 de marzo de 2001. Es decir, debían de informar si dicha sentencia había sido cumplida o no.

El problema se suscitó cuando uno de los magistrados de la Corte Interamericana preguntó a los procuradores si el Estado había cumplido con lo ordenado en la sentencia del caso Barrios Altos, frente a lo cual los representantes del Estado presentaron posiciones opuestas. El procurador Cubas, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó que aún no se había dado cumplimiento a la sentencia, debido a que la Sala Penal Suprema presidida por el Juez Villa Stein había emitido una sentencia que eliminaba la calificación de crímenes de lesa humanidad a los delitos cometidos por los miembros del ‘destacamento Colina’ y que el Estado había demandado a los magistrados de dicha Sala a través de un proceso de amparo destinado a anular la sentencia, siendo, según Cubas, la posición del Estado peruano la contenida en dicha demanda. Frente a ello, el procurador Viteri, representante del Poder Judicial, sostuvo que sí se había dado cumplimiento a lo dispuesto por la Corte–IDH en su sentencia del 14 de marzo de 2001 y que la sentencia de la Sala Villa Stein se ajustaba a ella.

Cubas, representante del Ministerio de Justicia y DD.HH. defendió que el Estado aún no había cumplido la sentencia de la CIDH. Viteri, representante del Poder Judicial, defendió lo contrario

Lo escandaloso del cuadro era evidente, a tal punto que los miembros de la Corte–IDH pidieron a los procuradores exponer una posición uniforme, frente a lo cual ambos abogados sostuvieron sus ya citadas posiciones.

Como se podrá advertir de todo lo anotado hasta este punto, la sentencia emitida por la Corte–IDH el 14 de marzo de 2011, sólo se limitó a establecer la responsabilidad del Estado peruano en los lamentables sucesos de Barrios Altos, a declarar la ineficacia de las leyes de amnistía y a instruir al mismo Estado a juzgar y sancionar a los responsables. En ningún extremo del texto de la sentencia se estableció la forma o sentido en que se debería proceder al juzgamiento, lo cual era imposible para la Corte, debido a que dicho tribunal internacional no tiene competencia para ordenar a un Juez nacional el sentenciar de tal o cual forma. La facultad soberana del Estado incluye, de forma exclusiva y excluyente, el juzgar a las personas conforme a su norma interna, calificando el delito también conforme a las disposiciones legales que rigen en el país. La Corte–IDH es un organismo supranacional que, conforme a su propio Estatuto, se avoca a conocer casos de violaciones de Derechos Humanos cometidos por los Estados, para declararlas como tales y disponer lo pertinente para reparar el daño causado. No es un tribunal de juzgamiento para la determinación de responsabilidad penal individual de las personas.

Como nota adicional cabe precisar que en su sentencia, la Corte–IDH no calificó los terribles delitos cometidos en el caso Barrios Altos como crímenes de lesa humanidad. Solo se limitó a considerarlos como graves actos contra los Derechos Humanos, posición con la cual coincido.

Entonces, en base a lo expuesto, cabe preguntarse ¿por qué el Procurador Cubas sostuvo el día de la audiencia que el Estado aún no había cumplido con lo dispuesto por la Corte-IDH en su sentencia del 14 de marzo de 2001?, ¿por qué el Presidente del Poder Judicial César San Martín Castro retiró la confianza al Procurador Viteri mientras éste último se encontraba volando hacia Lima, proveniente de San José, imputándole el no haber cumplido con las instrucciones recibidas?

Aviva la intensidad de ésta última pregunta el hecho de que el Poder Judicial, días antes de la audiencia, publicó su posición institucional sobre el caso, en la cual, palabras más, palabras menos, respaldaba en el fondo la posición que días después sostuvo el procurador Viteri ante la Corte–IDH, es decir, que la sentencia de la Corte-IDH del 14 de marzo de 2001 se había cumplido a cabalidad.

En ningún extremo del texto de la sentencia se estableció la forma o sentido en que se debería proceder al juzgamiento

Para ensayar un respuesta es interesante resaltar que el Presidente del Poder Judicial, en declaraciones públicas recientes, ha sostenido que la posición correcta de los procuradores debió haber sido que el Estado peruano cumplió con investigar y sancionar a los responsables, que las sanciones fueron muy altas y que en ningún momento el Estado ha negado su responsabilidad.

Por su parte, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, mediante oficio fechado el 24 de Agosto del presente año, dirigido al Presidente del Poder Judicial César San Martín Castro, manifestó que había cumplido con remitir a la Corte–IDH la posición institucional sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Barrios Altos, que era la misma que había emitido el Poder Judicial, con lo que quedaba establecido que dicha posición era la de considerar que la sentencia expedida por la Sala Penal Suprema presidida por el Juez Villa Stein no significaba un incumplimiento a la sentencia de la Corte–IDH del 14 de marzo de 2001 y que la calificación de los delitos corresponde al juez nacional.

Entonces, expuestos así los hechos, únicamente se puede concluir en que si bien es cierto que al procurador Viteri se le puede imputar el haber ingresado torpemente a defender la sentencia de la Sala Villa Stein y el tema de la exclusión de la calificación de lesa humanidad ante una Corte que no tenía -ni tiene- competencia para analizar la calificación hecha por los Tribunales Nacionales, también resulta ser cierto que el procurador Cubas abdicó de su rol de abogado del Estado, desarrollando una argumento falso, pues, a todas luces, el Estado peruano sí cumplió con los mandatos contenidos en la sentencia de la Corte-IDH, al haber juzgado a través de Tribunales autónomos e independientes a los responsables de los sucesos de Barrios Altos, en un procedimiento adecuado, con las garantías necesarias y de conocimiento público, habiéndose impuesto las condenas que la leyes permitían. El hecho de haber eliminado la calificación de delitos de lesa humanidad a tales actos fue una decisión jurisdiccional soberana de los tribunales de justicia del país, tema en el que la Corte–IDH no tiene competencia.

No creo que el procurador Cubas haya llevado dicha abdicante posición de manera unilateral o antojadiza. Lo más probable es que haya seguido instrucciones para sostener lo que sostuvo. En éste punto genera suspicacia el que la posición de Cubas coincida casi literalmente con la de los abogados de las ONG`s que defienden a los familiares de las víctimas, quienes sostienen que la sentencia de la sala Villa Stein debe ser declarada nula. Y si a ello le sumamos el hecho de que el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha demandado a los Jueces de la Sala Penal Suprema presidida por el Juez Javier Villa Stein, a través de un proceso de amparo, para lograr la nulidad de la sentencia expedida por el tribunal supremo, queda claro entonces que en dicho Ministerio se mantiene una ‘doble moral’, ya que por un lado se sostiene que el Estado ha cumplido con la sentencia de la Corte–IDH, al coincidir con la posición del Poder Judicial, y que la sentencia de la Sala Penal de Villa Stein se respeta, mientras que por otro se demanda a esa misma Sala para obtener la nulidad de su sentencia.

En declaraciones recientes tanto la Ministra de Justicia y DD.HH. como el Presidente del Poder Judicial expresaron la misma postura que Viteri, a quien se le ha retirado la confianza

Ello no es un caso de “diferencias internas” como argumentan algunos. Es la muestra clara de que en nuestro país las sentencias judiciales emitidas por la máxima instancia judicial no se respetan por quienes constitucionalmente están obligados a acatarlas y cumplirlas; pero sobre todo, es la prueba de que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha infiltrado la ideología de algunos sectores de izquierda, que quieren ver al Estado peruano de rodillas y humillado ante los tribunales internacionales, inventando fantasmas donde no existen, hallando gozo en mantener una herida abierta que para ellos nunca debe sanar. Lo más triste es que dudo de que esa intención tenga algún matiz humanitario o reparador, ya que las defensas en foros internacionales no son gratuitas, alguien debe de pagar por ellas y alguien debe de cobrar por las mismas.

Frente a ello tenemos a un Estado sumido en una torre de babel, que no lograr coordinar una posición unívoca sobre un tema tan importante como el Caso Barrios Altos, un Estado afectado por el temor a no actuar conforme a los deseos de esos sectores de izquierda, que tras las banderas de una supuesta ‘defensa’ de los Derechos Humanos, buscan mantener la provisión de recursos económicos para sus propios bolsillos.

No puedo ser tan mezquino como para negar que el Estado peruano sea responsable de los sucesos de Barrios Altos, menos aún puedo negar que el ‘destacamento Colina’ operó ilegalmente, afectando el derecho a la vida y la integridad de personas que, en el supuesto – no comprobado- de haber sido miembros de movimientos terroristas, tenían el derecho de acceder a un juicio justo, en el que se determine su responsabilidad o inocencia; pero tampoco puedo aplaudir posiciones abdicantes frente al hecho objetivo de que a los miembros de ‘Colina’ y a sus promotores se les juzgó y sentenció adecuadamente. Lo demás es faltar a la verdad y sustentar posiciones parcializadas, con la intención de obtener algún beneficio particular, humillando a un Estado que no tiene una brújula eficaz para orientarse en la defensa de sus fueros, o que tiene temor a hacerlo, lo que permite que algunos interesados caviares (recomiendo leer la definición del periodista Aldo Mariátegui sobre ésta palabra) se beneficien de la situación, siendo ellos, finalmente, los que salen ganando.

Imagen: democraciaenjuego.org


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