Miércoles 02 de abril de 2014,
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Perú: Xanax para la histeria ‘caviar’

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INTERPRETACIÓN / Polémica por la sentencia que invalida la catalogación de los delitos del ‘Destacamento Colina’ durante el Gobierno Fujimori como ‘crímenes de lesa humanidad’

La reciente sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presidida por el Juez Javier Villa Stein, en el caso del denominado ‘Destacamento Colina’, ha causado histeria colectiva entre los grupos de onegeístas, izquierdistas, políticos de corazón rojizo, periodistas desprevenidos del tema jurídico y uno que otro desubicado (incluyendo abogados) que conforman nuestra variopinta realidad nacional.

Y, ¿por qué tanta alharaca? La cosa es simple, y trataré de explicara ‘en cristiano’, para que el lector – ajeno a los enredados usos legales – pueda entender el asunto.

El 6 de noviembre de 2005, Alberto Fujimori, por alguna extraña razón que sólo él conoce, cruzó el océano desde el Japón para aterrizar en Chile, luego de fugarse del Perú a territorio nipón huyendo de la caída de su gobierno en el año 2000.

Fujimori fue sentenciado en 2009 a 25 años de cárcel por los asesinatos de ‘La Cantuta’ y ‘Barrios altos’ cometidos en 1991 durante su mandato

Luego de ser el centro mediático de las relaciones binacionales con dicho país, terminó extraditado hacia el Perú en base a la autorización que brindó la Corte Suprema Chilena en septiembre de 2007. Dicha Corte, entre otros, permitió la extradición por el delito de homicidio calificado, en relación a las muertes de ‘La Cantuta’ y ‘Barrios Altos’ de las que se consideraba responsable directo al denominado ‘Destacamento Colina’, una especie de escuadrón de la muerte que en 1991 asesinó a un grupo de personas en un solar de Barrios Altos en el Cercado de Lima y a un grupo de estudiantes de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta por considerarlos delincuentes terroristas integrante de ‘Sendero Luminoso’.

Traído al Perú el expresidente, fue sometido a juicio ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el Vocal César San Martín Castro – hoy Presidente del Poder Judicial -, quien en 1992 fue afectado por la intervención del Poder Judicial dispuesta por Fujimori, al separarlo ilegalmente del Poder Judicial junto con numerosos jueces, con motivo del autogolpe del 5 de abril de dicho año. San Martín, posteriormente, y ya Fujimori alejado del poder, fue reincorporado a la magistratura.

Luego del largas sesiones de juicio oral, que fueron transmitidas por medios televisivos nacionales, Fujimori fue sentenciado el 7 de abril de 2009 a 25 años de prisión, al habérsele imputado y probado la comisión del delito de Homicidio Calificado y Secuestro Agravado en calidad de autor mediado, entendiéndose la figura de autor mediato como aquel que, sin participar directamente en los hechos delictivos, tiene capacidad de control y debía conocer los mismos.

Al sentenciar a Fujimori, la Sala Penal presidida por San Martín, calificó el delito de homicidio calificado – y la intervención del expresidente como autor mediato – bajo el criterio de ‘crimen de lesa humanidad’ (ver fundamento 717 de la sentencia). Dicha calificación penal se encuentra contenida expresamente en el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y permite juzgar en cualquier tiempo y lugar a quienes sean autores de delitos calificados como tales.

La defensa de Fujimori impugnó la sentencia para su revisión ante la Sala Penal Suprema, la misma que en enero de 2010 confirmó lo resuelto por la Sala Penal Especial de San Martín, transformándose la calificación delictiva y la condena en cosa juzgada, es decir, en un fallo permanente e invariable.

Tras la confirmación de la sentencia a Fujimori en 2010, los miembros del ‘Destacamiento Colina’ también fueron condenados por crímenes de lesa humanidad

Luego de la sentencia expedida en el caso Fujimori, los miembros del denominado ‘Destacamento Colina’ fueron sentenciados el 1 de octubre de 2010 por los crímenes de ‘La Cantuta’ y ‘Barrios altos’, la mayoría de ellos como autores inmediatos directos, por haber desarrollado y ejecutado directamente las acciones delictivas. Asimismo, al igual que en el caso Fujimori, la Sala Penal que los juzgó, presidida por la Vocal Inés Villa Bonilla, catalogó los delitos como crímenes de lesa humanidad. Las penas máximas impuestas llegaron a los 25 años de cárcel.

La defensa de los sentenciados impugnó la sentencia, lo que luego del trámite procesal respectivo dio origen a la sentencia de la Sala Penal del Dr. Villa Stein, que ha generado un ‘tsunami’ judicial y político, debido a que, en lo principal, se consideró en ella que la sentencia contra los miembros de ‘Colina’ dictada a fines de 2010, tenía vicios de nulidad, generando su modificación, básicamente por lo siguiente:

a) La Fiscalía, al momento de iniciarse el proceso, no consideró en la imputación de cargos contra los miembros de ‘Colina’ la calificación de crímenes de lesa humanidad para los delitos denunciados, por tanto, no podía investigarse, procesarse, juzgarse ni sentenciarse a los miembros de dicho grupo delictivo aplicando la figura de lesa humanidad, ya que los procesados y luego sentenciados no tuvieron la oportunidad de defenderse de dicha catalogación, lo cual, a los ojos y entendimiento de cualquier jurista con criterio objetivo y libre de apasionamientos, resulta ser correcto y plenamente ajustado a Derecho, ya que no es posible que una persona sea sentenciada aplicándole un calificativo delictivo especial – como es la calificación de crímenes de lesa humanidad – cuando no ha tenido la oportunidad de defenderse de dicha calificación desde el inicio del proceso.

b) La figura de lesa humanidad no resultaba aplicable al caso ‘Barrios Altos’ y ‘La Cantuta’, toda vez que conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, dicha calificación se aplica cuando el delito se comete como producto de una política sistemática y organizada, proveniente del Estado, contra la población civil, es decir, en casos de matanzas generales contra población indefensa e inocente, como las cometidos en el régimen nazi, donde la agresión estaba dirigida desde el Estado contra todo un grupo poblacional en general (el pueblo judío) y no como en el caso que nos ocupa, donde se atentó – de manera injustificada, ilegal, cobarde y abusiva – contra grupos menores de personas en actos aislados entre sí.

La Sala Penal de Villa Stein impugnó la sentencia del ‘Destacamento Colina’ alegando que no se les imputaron crímenes de lesa humanidad y no pudieron defenderse de esa acusación

Bajo mi óptica y modesta opinión lo resuelto por la Sala de Villa Stein es legal, legítimo y constitucional. Legal, porque se ha enmarcado en el ordenamiento penal y procesal vigente. Legítimo, porque la Sala tenía competencia para declarar la nulidad de la sentencia, incluso totalmente. Y constitucional, porque a nadie puede sentenciársele sin imputación previa que permita el ejercicio del derecho de defensa y no se pueden aplicar calificativos delictivos especiales que no se ajustan al caso concreto.

Además, resultan insostenibles los argumentos de la fiscalía que el conoció el caso contra el ‘Destacamento Colina’, cuando afirma que la calificación delictiva de crímenes de lesa humanidad se consideró en la acusación fiscal. No he tenido la oportunidad de leer dicha acusación para corroborar lo expuesto, pero lo que sí puedo afirmar es que la acusación fiscal aparece en el proceso – y en el juicio oral – sólo en su etapa final, luego de culminada la actividad probatoria, es decir, luego del juzgamiento y antes de la sentencia, lo que implica que los procesados se enteraron de que se catalogaba como crímenes de lesa humanidad los delitos por los que se les estaba juzgando cuando ya no podían ejercer defensa contra ello. Lo cierto es que se pretende corregir una omisión con afirmaciones que lindan con lo ridículo, cuando la verdad objetiva es que a los procesados jamás se les imputó la calificación de crímenes de lesa humanidad de manera oportuna, para que puedan defenderse adecuadamente.

Pero, hasta aquí, el amable lector podrá preguntarse lo siguiente: si quienes crucifican al Juez Villa Stein y a su Sala Penal son en su mayoría ‘defensores’ de Derechos Humanos y el derecho a la defensa es un Derecho Humano según el artículo 139° inciso 14° de la Constitución vigente, entonces, ¿por qué tanto escándalo?, ¿acaso no correspondería destacar la actuación de los Vocales Supremos al advertir y corregir la afectación de un derecho fundamental como el derecho a la defensa?

Para hallar respuestas es bueno advertir que todos los onegeístas, izquierdistas, rojizos y demás personajes integrantes de la denominada ‘caviarada‘ consideran que lo resuelto en el caso ‘Colina’ y en específico la descalificación de la figura de lesa humanidad aplicada por la Sala de Villa Stein, implica una aberración, un atentado contra los Derechos Humanos y casi casi el quiebre del Estado de Derecho, porque básicamente, bajo su criterio y sus sanguíneos ojos, se permite que Alberto Fujimori se beneficie y, según sus hepáticas posturas, puede llegar a salir libre.

A nadie puede sentenciársele sin imputación previa que permita el ejercicio del derecho de defensa y no se pueden aplicar calificativos delictivos especiales que no se ajustan al caso concreto

¡Vamos!, tómense un xanax, respiren, piensen bonito, porque si piensan bonito viven bonito. Lo cierto en este tema, estimado lector, es que Fujimori no puede beneficiarse de manera directa ni inmediata con la ya mencionada sentencia, debido a que lo resuelto en su caso es cosa juzgada, invariable e inmodificable, es decir, su caso está cerrado.

Ahora bien, no puedo dejar de resaltar que si bien la sentencia de la Sala de Villa Stein en el caso ‘Colina’ no beneficia directa ni inmediatamente a Fujimori, la interpretación efectuada en ella deja muy mal parada a la Sala que lo juzgó, aquella que presidió el actual Presidente del Poder Judicial César San Martín, debido a que permite entender claramente que la calificación de crímenes de lesa humanidad efectuada contra Fujimori es una figura forzada, y siembra la natural sospecha de que fue aplicada con la finalidad de evitar que el exmandatario, en el futuro, pueda obtener algún beneficio penitenciario o quizás un indulto Presidencial, debido a que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos no cabe indulto cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.

En todo caso, si algo de beneficioso se obtuviera en el futuro a través de, por ejemplo, un ‘Hábeas Corpus‘ a favor del expresidente, ¿no sería correcto que una nueva sentencia corrija la indebida calificación de autor de crímenes de lesa humanidad aplicada a Fujimori, eliminando así una injusticia, ello debido a que – como ya se ha expresado – la figura no resulta aplicable a los asesinatos perpetrados por el ‘Destacamento Colina’?

Si los hoy quejosos se ufanan en defender la legalidad, la Constitución y los Derechos Humanos – incluso de delincuentes terroristas –, ¿por qué la alharaca histérica?

Tratando de hallar una respuesta, considero que en el Perú, desde el Gobierno de Valentín Paniagua, se instalaron en el Estado personajes vinculados precisamente a los sectores denominados ‘caviares’: incursionando en el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional, entre otros. Asimismo, muchos otrora radicales, convertidos a la defensa del prójimo por alguna gracia divina, formaron sus ONG´s de Derechos Humanos o se instalaron en medios de prensa desde los cuales comenzaron a buscar espacios de notoriedad pública. De ellos, algunos guardaban rencores arraigados con el fujimorismo, debido a que durante la época en que Fujimori gobernó se buscó aniquilar a la izquierda y a los partidos políticos, se reprimió desmedidamente la protesta, se encasillaron abusivamente a los sindicatos y, siendo sinceros, se zurraron en la defensa de los Derechos Humanos.

Lo cierto es que Fujimori no puede beneficiarse de manera directa ni inmediata con esta sentencia, debido a que lo resuelto en su caso es cosa juzgada, invariable e inmodificable

Esos personajes, otrora subyugados, están hoy en el poder político, judicial y mediático, y lejos de actuar contrario a como actuaron contra ellos – que sería lo correcto – buscan cobrar viejas deudas mediante la revancha. Unos aplicando figuras penales que no se ajustaban a los hechos, para mandar a Fujimori a una tumba penitenciaria, y otros creando movimientos, como supuestos defensores de Derechos Humanos, que obteniendo financiamiento del exterior se auto-titulan defensores de la vida, y lejos de defender lo que manifiestan defender, instrumentalizan sus ONG´s para la venganza. Fruto de todo ello han sido varios excesos inaceptables contra sus ‘enemigos’, dentro de los que podemos hallar, a mi juicio, la calificación de crímenes de lesa humanidad efectuada contra Alberto Fujimori.

¿Fujimori cometió delitos? Sí, los cometió. Sería una necedad negarlo. Durante su régimen se cometieron abusos y atropellos, se socavó el sistema constitucional, se sometieron a las instituciones públicas, se hizo abuso del poder e imperó la corrupción. Pero también es correcto afirmar que los actos cometidos por el denominado ‘Destacamento Colina’ fueron delitos abominables, pero no fueron crímenes de lesa humanidad, y en el caso Fujimori, aceptando incluso que conocía de las actividades de ‘Colina’, resultaba ser autor mediato de los mismos, pero ello no significaba que se podían calificar dichos repudiables actos como ‘crímenes de lesa humanidad’.

¡Tranquilos caviares!, respiren, no se irriten, ¡tómense un xanax y piensen bonito! Fujimori es responsable de delitos, no saldrá libre – al menos por largo tiempo – y lo más probable es que muera encarcelado. Sin embargo, ello no impide que se denuncie claramente y con todas sus letras que la calificación aplicada contra él, como autor de ‘crímenes de lesa humanidad’ sea una total injusticia.

Imagen: defenseimagery.mil


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