Jueves 17 de agosto de 2017,
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Regularizar el trabajo temporal, ¿por qué tantas trabas?

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El Consejo de Ministros de la UE ha tenido 6 años bloqueada la propuesta

Reportaje

El Consejo de la UE ha tardado seis años en ponerse de acuerdo y aún
queda que sea aprobado el texto definitivo por el Parlamento y
el Consejo, una directiva que cada país decidirá si aplica o no

El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana un informe por el que se recomienda al Consejo de la Unión Europea adoptar una posición común para regularizar y uniformizar el empleo
proveniente de las agencias de trabajo temporal. El problema es que
llega tarde y que el procedimiento a seguir para hacer real esta
directiva aún no se ha acabado.

La propuesta de Directiva relativa “a las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales” comenzó en 2002 cuando la Comisión Europea adoptó dicha propuesta. Debido al procedimiento de “co-decisión”, la propuesta necesita la aprobación a partes iguales del Parlamento Europeo y del Consejo.

El Consejo tenía que dar su visto bueno o presentar nuevas
modificaciones al texto de la Comisión. En lugar de eso, bloqueó la propuesta seis años
“En Alemania, en los Países Bajos o en España, la regulación del sector
recoge en lo esencial la legislación general sin reglamentación
específica”
La agilización del funcionamiento de las instituciones europeas es una
asignatura pendiente y no parece que sea tema prioritario de nuestros
políticos

La proposición nacía del desacuerdo de los agentes sociales en esta materia y establecía “el principio de no discriminación entre los trabajadores de agencias temporales y los trabajadores comparables de las empresas usuarias, incluidos los salarios, siempre que la relación de trabajo con el mismo empleador excediera de las seis semanas. Pero se previó una excepción al principio en caso de convenios colectivos”.

En noviembre de 2002, la Eurocámara se pronunció en primera lectura. Esto significa que dentro del proceso de co-decisión, el Parlamento expresa su opinión por primera vez y si no está de acuerdo con el texto presentado por la Comisión, se lo envía de nuevo para que realice las modificaciones oportunas. El texto fue enmendado para “garantizar una protección esencial a los trabajadores temporales y de limitar y enmarcar las posibilidades de exenciones del principio de no discriminación” y la Comisión adoptó las modificaciones pedidas por el Parlamento a finales de 2002.

Pero esto no bastaba para tener una nueva directiva que regulara el derecho de este tipo de trabajadores. El Consejo tenía que dar su visto bueno o presentar nuevas modificaciones al texto de la Comisión. En lugar de eso, el Consejo de ministros de la UE bloqueó la propuesta seis años, llegando finalmente a un acuerdo en junio de este año. De este acuerdo surgió la posición común adoptada en septiembre de 2008.

Aún así, la proposición de esta nueva directiva seguía siendo eso, una proposición. El Parlamento debía ahora de pronunciarse respecto al texto adoptado por el Consejo en la posición común. Y así lo hizo. En el informe que se ha aprobado esta semana se recomienda no realizar ninguna modificación al texto en lo que se llama “segunda lectura” para expresar su aprobación.

“Necesidad urgente”

En dicho informe, su ponente, el diputado Harlem Désir, cuenta las diferencias legislativas para los trabajadores de agencias temporales en los Estados miembros: “En Alemania, en los Países Bajos o en España, la regulación del sector recoge en lo esencial la legislación general sin reglamentación específica. En el Reino Unido o en Irlanda, el marco legislativo reglamentario establecido es muy ligero. En Bélgica, en Francia o en Italia, existe una reglamentación específica del trabajo temporal que cubre la relación existente entre la agencia de trabajo temporal, la empresa usuaria y el trabajador, y el estatuto del trabajador. Pero en todos los países de la Unión Europea, el trabajo temporal tiende a desarrollarse, aunque la proporción de trabajadores afectados varía considerablemente de un país a otro”. Añade además que “existe una necesidad urgente de adoptar una legislación comunitaria para proteger a los trabajadores temporales en Europa”.

Sin embargo, el establecimiento de esta nueva directiva no se está llevando a cabo con la urgencia que debería. El Consejo de la UE ha tardado seis años en ponerse de acuerdo y aún queda que sea aprobado el texto definitivo por el Parlamento y de nuevo el Consejo. Y no hablemos ya de la aplicación de la directiva en los Estados miembros. Una directiva no es de obligado cumplimiento con lo que un país puede decidir no aplicarla o aplicarla de la forma que más le interese.

Sólo nos queda preguntarnos si sería mejor no regular este tipo de trabajo para no ofrecer una base jurídica que permita que se desarrolle aún más o si realmente es conveniente, ¿cuánto tiempo más habrá que esperar? La agilización del funcionamiento de las instituciones europeas es una asignatura pendiente y no parece que sea tema prioritario de nuestros políticos.

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