Domingo 04 de diciembre de 2016,
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Se acaba con el anonimato en la telefonía

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Los titulares de teléfonos móviles de prepago dejan de ser anónimos

La Ley de Conservación de datos pretende reforzar la seguridad frente a atentados terroristas

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Tajeta prepago

(Servimedia) Quien a partir de hoy se dirija a una tienda de telefonía para hacerse con un terminal móvil en la modalidad de prepago estará obligado a dar todos sus datos y enseñar su DNI al dependiente, quien los guardará en una base de datos de la compañía por si fueran necesarios en la investigación de un delito grave.

Así lo estable la Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones, aprobada por las Cortes Generales para mejorar la seguridad de los ciudadanos frente a los atentados terroristas. No en vano, los atentados del 11-M fueron perpetrados a con ayuda de teléfonos móviles de tarjeta.

Con la entrada en vigor de la normativa, se abre un plazo de dos años
para identificar y registrar los datos personales de los más de 19
millones de clientes de telefonía móvil en la modalidad de prepago

Con la entrada en vigor de la normativa, se abre un plazo de dos años para identificar y registrar los datos personales de los más de 19 millones de clientes de telefonía móvil en la modalidad de prepago que ya existe en España en la actualidad.  Quienes rehuyan ser identificados verán suspendida su línea.

La nueva norma establece también que las empresas deben desarrollar -en el plazo de seis meses- un registro de tráfico de llamadas. “Esta normativa está exigiendo un formidable esfuerzo por parte de las operadoras de telecomunicaciones en España, porque representa añadir a los controles que ya existían en telefonía móvil sobre titulares de líneas de contrato, los más de 19 millones de usuarios de telefonía móvil en modalidad de prepago que hay en el mercado español”, señaló hoy la patronal RedTel.

Las compañías deben asumir íntegramente el coste derivado de las
adaptaciones de las redes y sistemas de información necesarios para dar
cumplimiento a la ley

Esta patronal, que agrupa a los operadores Movistar, Vodafone, Orange y Ono, calcula que al sector la aplicación de la nueva ley le va a costar unos 50 millones de euros. Las compañías deben asumir íntegramente el coste derivado de las adaptaciones de las redes y sistemas de información necesarios para dar cumplimiento a la ley.

Fuentes del sector consultadas por Servimedia explicaron que “los datos sólo serán entregados a la Fuerzas de Seguridad del Estado ante delitos graves” y que únicamente se van a utilizar con fines publicitarios “cuando el cliente de su autorización“.

“Lo cierto es que ha sido una contrarreloj porque el Ministerio de Interior nos ha dado muy poco tiempo para adaptarnos y hemos tenido que trabajar a toda prisa”, precisaron.

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